Unos días antes de las elecciones internas, el abogado Rafael Ponce de León escribió una carta pública para denunciar que, en esta oportunidad, no podría ejercer su derecho al voto. Diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad neurodegenerativa crónica, tenía previsto trasladarse con su silla eléctrica a votar, pero comprobó que en su circuito había escalones en la entrada que le impedían su ingreso. “¿Por qué razón el sistema me discrimina impidiéndome ejercer un derecho que tengo garantizado en la Constitución? ¿Por qué, teniendo plenas facultades mentales, se me suspende de hecho la ciudadanía? ¿No tengo suficiente con la enfermedad que padezco, y de la cual nadie está a salvo, para que me arrebatan un derecho constitucional por razones logísticas?”, preguntaba en su carta.
Ante estas barreras para ejercer el voto, el Comité Funcional de Discapacidad del Frente Amplio (FA) intentó dar una respuesta rápida y poner a disposición autos y camionetas para que pudieran votar. Fiorella Buzeta, que encabezó la lista de M764 en las internas, contó a la diaria que junto con Ponce de León y este comité (que ella integra) comenzaron a trabajar en la redacción de un proyecto de ley para buscar una solución a este problema de cara a los comicios de octubre. Si bien ya existía una iniciativa, que fue aprobada por el Senado en 2008, optaron por reformular el proyecto y hacen hincapié en la necesidad de garantizar el voto observado. Buzeta explicó que no serían muchas las personas que necesitarían votar observado. “En mi caso, por ejemplo, que el circuito tiene dos escalones, no creo que vote observado; seguramente lo que haga es pedirle a mi hermana que me ayude a subir los escalones, como lo hacemos año a año”, señaló Buzeta, que es usuaria de silla de ruedas, pero agregó que “hay casos particulares, como el de Rafael, que no se puede subir a la persona [por los escalones] porque la silla pesa 200 kilos y por la discapacidad que tiene. En esos casos particulares, en los que no se puede generar una situación distinta, esa persona no se puede quedar sin votar”, remarcó.
La bancada del FA recibió estas denuncias y se reunirá hoy con los integrantes del Comité Funcional de Discapacidad. El diputado frenteamplista Gerardo Núñez contó a la diaria que a raíz de los planteos de varios colectivos se está trabajando en “encontrar una vía, que puede ser a través de un decreto o ley, para que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos”, explicó Núñez. Las alternativas que se están manejando son variadas, añadió, como que se autorice a votar observado o que se acondicionen los locales de votación.
Por otra parte, el responsable de Organización de la Secretaría de Discapacidad del PIT-CNT, Martín Nieves, explicó que se podría generar un decreto o proyecto que garantizara que si la persona llega a dos metros de la urna y no hay accesibilidad, se pueda mover la urna para que pueda votar. Ante las situaciones denunciadas en las elecciones internas, la secretaría de discapacidad de la central obrera y la Asociación de Funcionarios de la Corte Electoral llevaron a cabo un relevamiento de la accesibilidad de circuitos de Montevideo y de algunos departamentos del interior. De un total de 598 locales en la capital, detectaron que en 121 había escalones. A partir de esta constatación, se pusieron en contacto con el Programa de atención a las personas en situación de discapacidad del Instituto Nacional de Rehabilitación para solucionar el problema de accesibilidad física. “Los gurises con discapacidad privados de libertad, desde los talleres, se van a encargar de realizar 60 rampas aproximadamente de uno y dos escalones”, explicó.
También se detectaron problemas para garantizar la interpretación de lengua de señas. La secretaría de discapacidad de la central obrera, junto con el Programa Nacional de Discapacidad, resolvieron en una primera instancia poner a disposición intérpretes por medio de videoconferencia. Sin embargo, existieron problemas con la señal que dificultaron el procedimiento, por lo que de cara a las elecciones nacionales el Área de Inclusión de Antel está gestionando mejorar la tecnología para perfeccionar la comunicación, así como proveer un programa de lectura de pantalla accesible para personas ciegas, contó. A su vez, la Asociación de Sordos del Uruguay presentó un expediente ante la Corte Electoral solicitando la participación de intérpretes en las mesas receptoras de votos.