El 21 de junio, el abogado Rafael Ponce de León denunció públicamente que el circuito donde le correspondía votar era inaccesible para ingresar con silla de ruedas. En Uruguay, de acuerdo al censo de 2011, hay 13.335 personas que no pueden caminar y constituyen 0,42% de la población total. Tras esta denuncia y el reclamo de varias organizaciones sociales, el Comité Funcional de Discapacidad del Frente Amplio (FA) comenzó a redactar un proyecto de ley, con el objetivo de solucionar este problema de cara a las elecciones de octubre.
Ayer se aprobó en el Senado, por unanimidad, la ley que garantiza el voto de las personas con discapacidad motriz. La iniciativa establece que, a la hora de votar, la persona que se encuentre en situación de discapacidad motriz podrá votar en un circuito diferente al que le corresponde, si este no cumple con condiciones de accesibilidad. Fiorella Buzeta, integrante del Comité Funcional de Discapacidad del FA, explicó a la diaria que la Corte Electoral tendrá que hacer un relevamiento de los circuitos accesibles dentro de cada serie y asegurar que por lo menos uno cumpla con estas características. “Es una herramienta para que nos permitan votar si no podemos ingresar al lugar de votación”, explicó Buzeta.
El voto será observado y la persona deberá firmar una constancia dando cuenta de su situación de discapacidad motriz. En caso de no poder firmar, la ley establece que deberá estampar su huella digital.
“El proyecto de ley fue un acto de rebeldía ante una situación de impotencia en que me encontraba. Éramos conscientes de lo difícil que resulta modificar las leyes electorales y más en medio de un proceso electoral”, dijo a la diaria Ponce de León, uno de los redactores de la ley. “Celebro que se haya aprobado en un tiempo récord y por unanimidad del sistema político”. Agregó que la aprobación de este proyecto es “un paso muy importante” para dejar de “invisibilizar e ignorar” a las personas con discapacidades.
Por su parte, Buzeta sostuvo que se trata de un logro: “Somos un país más democrático y más ahora con esta ley”. Añadió que “aunque el FA impulsó la ley” hubo un consenso entre todos los partidos con representación parlamentaria sobre esta iniciativa, y eso es “un reconocimiento para la población con discapacidad”.