El martes será un día clave para definir el futuro de la comisión investigadora que funciona en la órbita de la Junta Departamental de Montevideo (JDM), creada para investigar un supuesto soborno a la ex concejal suplente del Municipio E Lorena de León (electa por el Partido Nacional, PN) por parte de integrantes de su propia colectividad política.

En marzo de este año, De León (Lista 40) denunció presiones por parte de sus compañeros de partido para que renunciara al cargo que habría de asumir. En ese entonces, el semanario Búsqueda informó que De León habría sufrido discriminación e intentos de soborno para que Nicolás Motta (Lista 404) asumiera como concejal en su lugar. De León hizo la denuncia ante la Policía y en la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. En mayo de este año, la JDM interpeló al actual alcalde, Agustín Lescano (también de la 404), y en abril votó por unanimidad la conformación de la comisión.

Pero el trabajo en la investigadora no fue tan fructífero como la bancada del Frente Amplio hubiera esperado, al menos a su juicio. Uno de los integrantes del cuerpo, el edil Claudio Visillac, dijo a la diaria que lo que ocurrió allí los tomó por sorpresa: el trabajo en la comisión, denunció, no se pudo desarrollar debidamente, ya que la mayoría de los invitados se excusaron de asistir. “Habíamos establecido citar a seis personas, y de ellas cuatro eran fundamentales: el diputado Rodrigo Goñi [identificado por De León como una de las personas que ofrecieron el dinero para que renunciara al cargo], Motta, Roxana Berois [una dirigente de la lista 40 que, según De León, estaba al tanto de la situación] y el ex alcalde Francisco Platero. Ninguno de estos cuatro asistió”, aseguró. En cambio, sí asistieron Lescano y el concejal Augusto Alcalde.

Según Visillac, “lo más relevante es por qué faltaron”: “Platero contestó que no tenía idea de por qué era citado ni de lo que se estaba planteando, Motta dijo que fue una campaña de desprestigio y Goñi dejó un escrito señalando que el tema había sido archivado por la Justicia y que no tenía obligación de asistir a la comisión”. Para el edil, “más allá de lo que ocurrió en la Justicia, a nivel político y ético corresponde que den respuestas, porque es una propuesta de soborno, porque hay responsabilidades políticas”. Según consideró, tras lo ocurrido en la comisión les quedan aun “más sospechas”. Mañana la comisión volverá a sesionar y los ediles analizarán si cierran o no la comisión, más allá de que su bancada se encuentra elaborando un informe para ver “cuáles son los pasos a seguir”.

Por qué no fue

El 30 de agosto, Goñi envió una carta a la presidenta de la JDM, Adriana Barros, en la que explica por qué “no corresponde” su comparecencia en la investigadora. Según argumentó Goñi en base al artículo 286 de la Constitución, las comisiones investigadoras a nivel departamental no tienen la potestad para analizar “la gestión, conducta o comportamiento de un legislador nacional”.

Además, Goñi sostuvo que la denuncia de la concejal suplente “ya fue archivada por la Justicia interviniente”: “Los elementos de prueba aportados por la denunciante no justifican la continuación útil de la indagatoria, en tanto no se aportan testigos de los hechos, y del audio y las imágenes aportadas no surgen dichos que permitan afirmar la existencia de hechos con apariencia delictiva. Por otra parte, la denunciante no reviste la calidad de funcionario público, por lo que el ofrecimiento de dinero o la compensación a cambio de su renuncia a su calidad de suplente del alcalde, sin que se observe haber ejercido ningún tipo de presión dirigido a la obtención de dicha finalidad, son acciones que no encuadran en tipo delictivo alguno”, dice el fallo de la Fiscalía, citado por Goñi.