Con los votos del Frente Amplio (FA), quedó aprobado ayer el proyecto de Ley de Gestión de Integral de Residuos, que fue remitido al Poder Ejecutivo para ser reglamentado.

En el debate los diputados coincidieron en la necesidad de una ley que regule el manejo de los desechos, pero discreparon con los artículos que establecen la “responsabilidad extendida del fabricante e importador en la gestión de los residuos especiales”. La ley grava con el Impuesto Específico Interno a los envases y, según el artículo 43, la tasa será fijada por el Poder Ejecutivo con un valor máximo para “productos puestos en el mercado en envases no retornables de 5%, bandejas de materiales descartables utilizadas para contener alimentos, 180%; film plástico utilizado como material de embalaje, 20%; vasos descartables, 180%; bolsas plásticas para transportar y contener productos y bienes, 180%”.

La diputada del FA Susana Pereyra argumentó que “se trata de un proyecto necesario para proteger el ambiente y mejorar las etapas de la gestión de los residuos”. Además, dijo que la estructura del articulado es claro “en cuanto a las directrices nacionales y departamentales”.

En tanto, la diputada del Partido Colorado Cecilia Eguiluz aseguró que compartía en general el proyecto, pero no acompañaba la creación de un nuevo impuesto, que calificó de “favorable para las arcas del Estado, pero no para las industrias”.

Andrés Carrasco, diputado del Partido Independiente, dijo que “no se puede compartir” la forma de financiación del Fondo Nacional de Gestión de Residuos, que tendrá la finalidad de “financiar los programas de gestión de los residuos especiales y apoyar el mejoramiento de la gestión de residuos por los gobiernos departamentales”.

El diputado nacionalista Jorge Gandini afirmó que se trata de una tasa, más que de un impuesto que “va a afectar los precios de productos que son de primera necesidad, como la leche fresca; la cadena láctea va a tener que absorber ese costo porque es un producto tarifado”. Además, sostuvo que existe una inconstitucionalidad porque es competencia de la Asamblea General “establecer las contribuciones necesarias para cubrir los presupuestos, su distribución, el orden de su recaudación e inversión, y suprimir, modificar o aumentar las existentes”.

La aprobación fue celebrada en Twitter por el titular de la Dirección Nacional de Medio Ambiente, Alejandro Nario, y el intendente de Montevideo, Christian di Candia:

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