Documentos del Fusna establecerían participación de Jorge Tróccoli en secuestro y desaparición de Elena Quinteros

Según informó este viernes Radio Sarandí, documentos del archivo del cuerpo de Fusileros Navales (Fusna) probarían la participación del capitán de navío retirado Jorge Tróccoli en el secuestro y desaparición de Elena Quinteros, maestra e integrante del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), en 1976. Los documentos fueron aportados por Presidencia de la República a los abogados italianos que representaron a Uruguay durante el juicio por la desaparición de 23 uruguayos con ciudadanía italiana en el marco del Plan Cóndor, y permitirán abrir una nueva causa en contra de Tróccoli, condenado a cadena perpetua en Italia tras el juicio por el Plan Cóndor.

Según informó Raúl Olivera, del Observatorio Luz Ibarburu y uno de los denunciantes en Uruguay por la desaparición de Quinteros, durante la investigación de este caso en Uruguay se manejó la hipótesis de la responsabilidad del Fusna, pero tras la declaración de oficiales de la Armada, entre ellos el propio Tróccoli, esa alternativa se descartó porque no surgieron elementos de prueba. En cambio, Olivera estimó que los documentos del archivo del Fusna podrían referirse a la participación de Tróccoli en el Órgano Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA), que nucleaba a las áreas de inteligencia del Ejército, la Fuerza Aérea, la Armada y la Policía. “Tenemos claro que Tróccoli participó en la represión de los uruguayos en el 77 y 78 con relación a los GAU [Grupos de Acción Unificada]; que en el 76 haya integrado OCOA es un elemento que puede surgir de estos documentos”, explicó.

Olivera destacó que los documentos del Fusna pueden “ayudar a establecer el rompecabezas que tiene que ver con el caso Elena Quinteros”, y destacó la importancia del hecho ya que la causa en Uruguay comenzó en 1990 y, hasta el momento, no se ha logrado condenar a los autores materiales; el único condenado por el homicidio de la militante del PVP es el ex canciller Juan Carlos Blanco, como coautor intelectual. La información recabada también señalaba a Ruben Cacho Bronzini como uno de los agentes policiales que retiró a Quinteros a la fuerza de la Embajada de Venezuela, pero la Justicia no pudo probar si era uno de los involucrados.

A raíz de esta documentación aportada por Presidencia, la Justicia italiana envió una rogatoria internacional a la uruguaya, para que se enviara toda la información vinculada al caso Quinteros y también la vinculada al secuestro y homicidio de Rafaela Filipazzi, una ciudadana italiana secuestrada en 1977 en Montevideo, cuyos restos óseos fueron hallados en Asunción, Paraguay, en el que también estaría involucrado Tróccoli. Olivera informó que le pidieron toda la información relacionada. “Me lo pidieron con relación a la causa de Elena. Esos son los aportes que de alguna manera hacemos los que llevamos las causas de derechos humanos en la Justicia, pero creo que el Estado también debe aportar información para armar esa nueva causa”, consideró en diálogo con la diaria. Olivera opinó que si bien esta nueva causa no cambiaría la situación de Tróccoli, que ya tiene una condena por cadena perpetua, “desde el punto de vista penal es correcto, porque cuando aparecen nuevos datos el hecho de que alguien esté condenado por ese tema no debe obviar que se investigue”.

El abogado Andrea Speranzoni, quien terminó representando a Uruguay en el juicio en Roma, está preparando la causa, aunque Olivera no sabe “qué actitud va a tomar el Estado, y sobre todo no sé respecto de la nueva administración”.