En medio de días agitados por la presentación y repercusiones del anteproyecto de ley de urgente consideración del gobierno electo, se discute en paralelo la designación de los cientos de cargos políticos y de confianza en los entes autónomos, servicios descentralizados y otros organismos del Estado. Este proceso deberá tomar en cuenta los planteos de los socios de la coalición, la votación obtenida en octubre y a la futura oposición. Este último punto ha sido coordinado directamente por el presidente electo, Luis Lacalle Pou, y el futuro secretario de Presidencia, Álvaro Delgado.

En los últimos días, Lacalle Pou entregó al Frente Amplio (FA) el listado de responsabilidades en las empresas públicas y los servicios descentralizados para el próximo período. Se trata de 33 cargos, entre los que no están los organismos con representación social: el Codicen, la Administración de los Servicios de Salud del Estado y el Banco de Previsión Social; el mismo criterio que utilizó el presidente Tabaré Vázquez en su actual mandato y que Lacalle Pou anunció que mantendría. A su vez, el mandatario electo había adelantado que la designación de cargos para el FA será en proporción a la votación de octubre; si bien fue la fuerza política más votada, no supera la mayoría de la coalición. Por lo tanto, el FA ocupará menos cargos en la administración descentralizada.

La propuesta de Lacalle Pou no fue bien recibida dentro del FA. Las molestias surgieron porque además de las ausencias anunciadas, tampoco se le asignaron responsabilidades en Antel, el Instituto de Colonización y la Comisión Administradora del Río Uruguay, informó El Observador. La lista del gobierno electo fue analizada en una reunión el lunes por un equipo integrado por los dirigentes de los sectores del FA con representación en el senado: Lucía Topolansky (Movimiento de Participación Popular), Juan Castillo (Partido Comunista, PCU), Gonzalo Civila (Partido Socialista), Carlos Varela (Asamblea Uruguay) y Eduardo Brenta (Vertiente Artiguista). También estaba convocado el senador electo Mario Bergara, que no participó en el encuentro porque está fuera del país.

“El lunes hicimos un primer repaso y hay como ocho estructuras orgánicas en donde existe representación de diversos partidos políticos que no están en la propuesta”, dijo Castillo en diálogo con Radio Uruguay. No sabemos si es omisión, olvido, error o directamente la resolución que va adoptar [el gobierno electo]”, agregó. Castillo señaló que antes de seguir en la evaluación de la propuesta, el presidente de la coalición de izquierda, Javier Miranda, se pondrá en contacto con el gobierno electo para “aclarar y tener bien segura cuál es la propuesta” para seguir su tratamiento y que la Mesa Política del FA tome una decisión.

El secretario general del PCU dijo que el aspecto que más le “preocupó” es el “entrevero que tiene la lista”: “Una cosa es la oferta de cargos –como se ha hecho siempre en los gobiernos anteriores–” en la dirección de empresas públicas y servicios descentralizados y “otra que en la misma lista se hayan incluido algunas cosas que no tienen nada que ver con la negociación política”, como la participación de la oposición en organismos de contralor, que están previstos por ley y en la Constitución. “La solicitud de venias, los acuerdos y los tres quintos de votos en el Parlamento no son materia de negociación”, dijo Castillo y agregó: “Corresponde a los partidos políticos integrar la Corte Electoral y el Tribunal de Cuentas. No son materia de negociación”.

“Parece que no se han dado cuenta –se equivocaron o le erraron– que hay poderes separados en nuestro país”, dijo el dirigente y manifestó que al gobierno electo le compete discutir aspectos del Ejecutivo, pero no disposiciones del Poder Legislativo, que deben “debatirse cuando se instale el próximo Parlamento”.