La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) publicó su segundo informe –en este nuevo mandato– sobre la búsqueda de detenidos desaparecidos. Según establecen sus lineamientos estratégicos, el organismo emitirá informes sobre el tema cada cuatro meses, “sin perjuicio de otras comunicaciones que refieran a cuestiones específicas”. El anterior había sido publicado el 18 de mayo.

En cuanto a las tareas de investigación y excavación, el informe recién publicado destaca el establecimiento de dos nuevas cautelas judiciales en la Brigada de Comunicaciones N° 1 y el inicio de excavaciones en una de ellas. También resalta “el ingreso de testigos de identidad reservada al Batallón 14 de Toledo, lo que condujo a que se solicitara a la Justicia la cautela de nuevas áreas” en ese lugar.

A su vez, la INDDHH consigna que comenzó a recibir “algunos archivos y repositorios documentales” del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia, “estando en proceso el traslado del grueso de la documentación que legalmente debe ser entregada a la Institución”. Por último, se destaca la continuidad de los trabajos de excavación en el ex Batallón 13, “con extensas áreas ya completadas, cuyas cautelas judiciales fueron levantadas”.

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Luego el informe detalla las áreas excavadas en relación al tamaño total de los predios militares desde que se inició la búsqueda, en 2005, durante el primer gobierno del Frente Amplio, hasta setiembre de 2020. La tabla muestra que el ex Batallón 13 fue el lugar en el que más se excavó: 74% de 226.120 metros cuadrados. Los demás predios que se consignan son los del Servicio de Material y Armamento del Ejército, el Batallón 14, la chacra de Pando, el Batallón de Ingenieros 4, el Grupo de Artillería de Defensa Antiaérea y La Tablada. En total, el área es de 6.416.223 metros cuadrados, de los que se excavaron 209.277, es decir, 3,2%.

El informe destaca que la INDDHH se reunió el 22 de julio con el ministro de Defensa Nacional, Javier García, “para discutir la expansión de áreas cauteladas”, y que continúa “recibiendo amplia cooperación” de esa cartera.

En el documento se subraya que “la negativa de los perpetradores o testigos directos a proporcionar información veraz sobre la ubicación de los restos de los detenidos desaparecidos obliga a definir amplias extensiones de terreno para excavar, en función de informes indirectos, y a destinar mayores recursos humanos y financieros durante más tiempo”. Por último, se informa que el costo anual del trabajo de búsqueda “asciende a una suma que ronda los 800.000 dólares” anuales.