Uno de los informes divulgados el lunes pone el foco en la Oficina de Víctimas del Terrorismo de Estado, que funciona en la órbita de la Administración de los Servicios de Salud del Estado, respecto del cual se consigna que “se otorgan apoyos científicos y técnicos (especialmente auditivos y oftalmológicos) a personas que no son víctimas directas del terrorismo y la actuación ilegítima del Estado” y que “no se encontraron evidencias” de que el Ministerio de Salud Pública “haya intervenido, limitando el alcance de dichas prestaciones a los sujetos amparados en la normativa”.
La asociación de ex presos y presas políticas Crysol emitió un comunicado este martes en el que manifestó su preocupación por las posibles consecuencias de dichas observaciones y alertó sobre la “falta de firmeza jurídica y fundamento” en el análisis: “Cuando un ex preso político fallece, su viuda, su cónyuge o concubina tiene derecho a percibir una Pensión de Sobrevivencia que debe solicitarse ante la Comisión Especial de la Ley 18.033 en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Al adoptar una decisión a su favor, mediante resolución expresa de la Comisión, dicha persona pasa a ser beneficiaria directa de la Ley 18.033 y por lo mismo a tener derecho a la atención en salud tal como lo señala el Artículo 10 de la Ley 18.596”, explica la asociación en la misiva.
El presidente de Crysol, Gastón Grisoni, dijo a la diaria que la principal preocupación de la asociación es “que se recomienda suspender la atención a las viudas, concubinos y cónyuges que están recibiendo atención en salud”, por lo que solicitan a Arbeleche y al ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, “que no se adopte una decisión negativa” en ese sentido. “Estamos hablando de las prestaciones odontológicas, oftalmológicas, auditivas o psiquiátricas” que representan un “costo calculado anual de 1.500 pesos por año por persona, para un universo de 6.000 personas en total”, señaló Grisoni.
Si bien no quiso “atribuir intencionalidad”, para Grisoni el anuncio “es parte de la generación de un hecho político” y de un “operativo contra la oficina”. Por otra parte, señaló que la atención en salud para esta población “viene muy debilitada desde hace más de un año”, y con esto “se agrava”. “Cuando se arman estas campañas muchos compañeros se ponen nerviosos; además es un grupo con experiencias de vida traumatizantes, y estas situaciones generan inquietud, incertidumbre y nerviosismo”, explicó.