La diputada colorada Nibia Reisch presentó este martes un pedido de informes dirigido al Banco de Previsión Social (BPS) para conocer información sobre los beneficiarios de la Ley 18.033, que refiere a “quienes no pudieron acceder a trabajo por motivos políticos o sindicales” durante la última dictadura.
Dicha norma establece una serie de beneficios jubilatorios o pensiones para personas que “por motivos políticos, ideológicos o gremiales” se hubieran visto obligadas a abandonar el país entre 1973 y 1985 (el período de la dictadura); “hubieran estado detenidas o en la clandestinidad, durante dicho lapso, total o parcialmente”; o “hayan sido despedidos de la actividad privada, al amparo de lo preceptuado por el Decreto 518/973, del 4 de julio de 1973, y lo acrediten fehacientemente”.
En su pedido de informes, Reisch pide saber cuántas personas han sido beneficiarias del cobro de “jubilaciones, pensiones, retiros o subsidios” desde 2006, cuando se aprobó la norma, a la fecha; los nombres y los montos percibidos por cada beneficiario; “cuáles son los controles efectuados respecto de que se configura, en cada caso, una legítima percepción del beneficio (acorde a cada categoría o situación)”, y las fechas de creación e implementación de los controles, así como a quiénes se aplicaron y que “acciones” se llevaron a cabo para “corregir situaciones anómalas”.
Reisch dijo a la diaria que le “llama poderosamente la atención” la norma, dado que “muchos” de quienes reúnen las condiciones previstas en la ley –aunque “no la totalidad”- “atentaron contra la propia democracia y ahora tienen ciertos privilegios por encima del resto de la población”, mientras que por otra parte en el país existen “muchos uruguayos que no reúnen las condiciones para una causal jubilatoria”.
“Hay algunos, no todos, que por algo fueron procesados por la Justicia. Si te mantenés bajo el marco de la ley, la Justicia no te procesa. Pero hay algunos que sí fueron procesados y están percibiendo estos beneficios. Creo que lo mejor es transparentar y saber quiénes lo están cobrando, cuánto y qué tipo de controles se realizan”, expresó.
La norma, sostuvo, asegura un monto mínimo de jubilación de 18.076 pesos y, entre otros beneficios, enumeró, quienes fueron detenidos y procesados por la Justicia militar y civil tienen una pensión especial reparatoria que equivale a 38.500 pesos.
“Hay muchos uruguayos que sienten que trabajaron de sol a sol, que tuvieron su accionar en el marco de la ley, y quienes no han actuado como ellos tienen beneficios mejores que ellos”, expresó.
Según Reisch, “como estamos financiando a todas estas personas, como sociedad o como uruguayos es justo que se sepa a quiénes se les está pagando, cuánto se les paga y si existieron los controles debidos”. La norma, recordó, establece que los beneficiarios no pueden cobrar otra jubilación o pensión, por lo que es importante ver “si se realizan los controles necesarios para que eso no suceda”.
Otro pedido similar
Además de Reisch, el diputado de Cabildo Abierto Carlos Testa envió al BPS un pedido de informes similar, en el que pide saber la “cantidad total” de beneficiarios de “prestaciones reparatorias para exiliados y presos políticos”, el “listado de beneficiarios”, el “importe de cada prestación” y el “total pago desde que se decretó [la norma] hasta ahora”.
Respuestas a Reisch
Otro diputado de Colonia, Nicolás Viera (Frente Amplio), rápidamente cuestionó el pedido de informes de Reisch. En sus redes sociales, escribió que las “mismas voces” que hablan de “dar vuelta la página” siguen escarbando en el pasado. “Obviamente que escarban en una sola dirección, yendo contra las víctimas del terrorismo de Estado y (en silencio) defendiendo a los golpistas. Aún sigo esperando la enérgica condena de la Diputada y de su Partido al Golpe de Estado dado por Juan María Bordaberry integrante de su Partido”, planteó Viera.
El representante de Colonia dijo que “está bien” que Reisch busque información, pero sería bueno “que la busque toda”. “¿No le inquieta que los torturadores sigan cobrando su jubilación? ¿No le parece llamativo que el Estado le pague la jubilación a quienes atentaron contra él? Porque el Estado le pagaba el sueldo a militares para torturar. ¿Para cuando ese informe?”, preguntó.
En su opinión, en “aras de la transparencia y del buen destino de los dineros públicos” también sería bueno “preocuparnos juntos” del déficit de la Caja Militar o del aumento salarial a jerarcas que el gobierno vota en el Presupuesto.
Las mismas voces que hablan de "dar vuelta la página" siguen escarbando en el pasado. Obviamente que escarban en una...
Posted by Nicolás Viera on Wednesday, October 14, 2020