La bancada de diputados del Frente Amplio (FA) propondrá redistribuir los recursos en el proyecto del presupuesto nacional para atender necesidades que considera prioritarias, como educación pública, salud, vivienda y políticas sociales, según informaron representantes de la oposición en una conferencia de prensa este lunes. La bancada frenteamplista considera que el presupuesto que presentó el gobierno “de la coalición de derecha” implica un recorte “importante” en estas áreas, que se suma a la pérdida de salario real ya anunciada y a la contracción económica derivada de la emergencia sanitaria.
Los legisladores de la oposición cuestionaron también el “tratamiento diferencial” que se plantea en el presupuesto para algunos incisos respecto de otros, así como el aumento de salario para algunos cargos de confianza. “Llama la atención que mientras la mayoría de los ministerios e incisos sufren recortes, algunos tengan un tratamiento distinto, como el Ministerio de Defensa; llama la atención que mientras se le pide un esfuerzo al pueblo uruguayo, a los trabajadores y trabajadoras y a jubilados y pensionistas, se creen nuevos cargos de confianza y se aumenten salarios a determinados directores ministeriales, algo totalmente inexplicable para estas circunstancias”, consideró el diputado Gerardo Núñez.
Núñez criticó la “falta de transparencia brutal” en el documento presentado por el gobierno y aseguró que “muchas” de las propuestas allí contenidas son “un verdadero cheque en blanco”. En la misma línea, la diputada Betiana Díaz sostuvo que se trata de “un presupuesto lleno de incertidumbre, que le da una alta discrecionalidad al Poder Ejecutivo”, e hizo referencia a la “fiesta de sueldos aumentados para algunos cargos en empresas públicas y en el Ministerio de Economía”, mientras que “los trabajadores van a seguir perdiendo salario”.
Por otra parte, Núñez rechazó el postulado del gobierno que refiere a una herencia del FA negativa en términos económicos, sobre todo por el elevado déficit fiscal, y aseguró que “la coalición intenta colocar una discusión sobre el déficit fiscal como si fuera un fetiche o un objetivo en sí mismo”. “Al FA el déficit fiscal le preocupa, pero también le preocupa atender a la gente en una situación de crisis económica brutal. En este escenario de contracción económica mundial las políticas que se están llevando adelante son insuficientes para que el Uruguay se movilice”, afirmó Núñez, que comparó las medidas tomadas por esta administración con las que llevó adelante Jorge Batlle en 2002.
Sobre el financiamiento de las cárceles que prometió el ministro del Interior, Jorge Larrañaga, Díaz señaló que “se plantea financiar con la venta de inmuebles”, para lo cual el Ministerio del Interior precisa ser exceptuado de una regla general que planteó el gobierno, la cual establece que de lo que se venda de los inmuebles se va a destinar sólo 30% al ministerio, “y en la comparecencia de Presidencia y la OPP [Oficina de Planeamiento y Presupuesto] se nos confirmó que no hay intención de acompañar esa excepción, por tanto el financiamiento no sólo de esas cárceles sino de los funcionarios para trabajar allí no está previsto en el presupuesto”. “Son anuncios sin plata”, aseveró la legisladora.