El 23 de marzo, diez días después de que se oficializara el primer caso de coronavirus en Uruguay, los diputados del Partido Nacional (PN) Javier Radiccioni y Mario Colman presentaron un proyecto de ley que penaliza a quienes violen disposiciones sanitarias. Luego de aprobarse una modificación del texto en la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración de la Cámara de Representantes, a principios de setiembre el proyecto fue aprobado en Diputados, y ahora está a estudio de la Comisión de Constitución y Legislación del Senado.
El proyecto tiene un único artículo, que modifica el 224 del Código Penal, de la siguiente manera: “El que mediante violación de disposiciones sanitarias dictadas y publicadas por la autoridad competente para evitar la introducción al país o la propagación en su territorio de una enfermedad epidémica o contagiosa de cualquier naturaleza, pusiere en peligro efectivo la salud humana o animal, será castigado con tres a 24 meses de prisión”.
La semana pasada la comisión del Senado recibió a delegados del colectivo Médicos por la Verdad Uruguay para que aportaran su visión sobre el proyecto de ley. Entre los integrantes estaba el abogado y ex fiscal Enrique Viana, que, según consta en la versión taquigráfica de la sesión, antes que nada dijo que le parecía “una norma apresurada”. Resaltó que “no debe legislarse sobre acontecimientos que recién están pasando” y que “hay que tener una cierta perspectiva para hacerlo”. Agregó que se está legislando sobre “circunstancias inciertas”, por lo tanto, la calificó de “norma psicótica, ya que, de alguna manera, es producto de una psicosis”.
Sobre los aspectos técnicos del proyecto, Viana dijo que “puede llegar a decirse que no estamos frente a una ley penal”, porque “tiene que hacer una descripción estricta, precisa y clara del tipo penal”. Para el abogado, el proyecto de ley a estudio es “una suerte de cheque en blanco para que el Ejecutivo llene en función de las obligaciones sanitarias que vaya a imponer, con determinados aspectos que el legislador no sabe cuáles van a ser”. “No debe tratarse de una norma genérica que permita al Poder Ejecutivo establecer distintos tipos de obligaciones y que, en definitiva, genere que estemos en la incertidumbre de si estamos o no actuando de acuerdo a derecho, y, para colmo, frente a una norma penal, si estamos o no cometiendo delito y, por consecuencia, si somos pasibles de una condena o una sanción penal”, finalizó.
Por su parte, el médico Gustavo Ribero, integrante del mismo colectivo, dijo que hay ciertos aspectos que “le hacen ruido” desde el punto de vista del conocimiento técnico sobre epidemiología hospitalaria, como, por ejemplo, el concepto de “animal-hombre”, “hombre-animal”. Su colega Mario Cabrera señaló que “el hombre, habitualmente, no va a poner en riesgo a las demás especies animales desde el punto de vista de infección”, aunque “desde otro punto de vista como la violencia, por supuesto”.
Ante estas exposiciones, la senadora del PN Graciela Bianchi aclaró que el proyecto “no es iniciativa del Poder Ejecutivo”, y que a ellos, “los legisladores del gobierno”, también les “hacen ruido algunas cosas”. “No entiendo que los que propusieron la cuarentena obligatoria se asusten de esto, porque la cuarentena obligatoria es esto, o sea, es penar con derecho penal a la propagación. Tampoco sabemos cómo surgió esto, pero es un tema que resolveremos internamente”, sostuvo Bianchi. Agregó que el proyecto “no es coherente con la base del funcionamiento que han tenido las políticas que se han aplicado”, ya que “siempre se ha apelado a la libertad responsable”.
Por último, el senador Guillermo Domenech, de Cabildo Abierto, señaló que aún no tiene posición formada sobre el proyecto, porque le parecía importante escuchar a quienes exponen sobre el tema. “Pero debemos reconocer que el proyecto, de alguna forma, es contradictorio con la política del Poder Ejecutivo, que ha sido la de no penalizar, no criminalizar la campaña en contra de esta pandemia”, finalizó.
Más adelante, Bianchi agregó: “Quiero dejar constancia de que no estamos de acuerdo con el proyecto de ley. Fuimos nosotros, incluso –los oficialistas–, quienes solicitamos analizarlo con mayor profundidad. Quédense tranquilos que, por diferentes razones, también nos hizo ruido como a muchos”.