El proyecto de ley constitucional que redactó el senador nacionalista Sebastián da Silva para modificar los fueros parlamentarios ingresó este lunes al Parlamento, con un marco poco favorable para su aprobación. El proyecto es un “calco” -según lo definió el propio senador- del que presentó en febrero de 2016 el entonces senador nacionalista y actual presidente Luis Lacalle Pou, que nunca fue tratado, y esta vez las expectativas tampoco son alentadoras, según manifestó Da Silva y confirmaron sus compañeros de bancada.

Como se trata de una reforma constitucional, el proyecto de ley requiere mayoría de dos tercios en ambas cámaras y la modificación será sometida a plebiscito. “Son mayorías difíciles de conseguir, pero parte de nuestra función es intentar cambiar la realidad para bien, así que esperemos que se vayan sumando”, sostuvo Da Silva en diálogo con la diaria, y agregó que “no es un tema ni para hoy ni para mañana, ni un tema urgente”, sino que “la idea es poner el tema arriba de la mesa”. Da Silva afirmó que le contó a Lacalle Pou que iba a replicar su proyecto y que el mandatario manifestó su posición favorable al respecto.

El proyecto fue redactado el miércoles 30, justo el día en que el Senado trató el desafuero de Guido Manini Ríos, senador y líder de Cabildo Abierto. En la exposición de motivos Da Silva señaló que la intención de la reforma es “permitir que el legislador acusado de un delito común deba presentarse, al igual que el resto de los ciudadanos, ante el sistema judicial, con todas las garantías que este otorga, y si existen elementos que así lo ameriten, sea formalizado, acusado y, eventualmente, declarado culpable o inocente”.

“Tiene que ver mucho con una visión sobre desacralizar la figura de los parlamentarios, saber que la política no es para siempre, que es temporal, y tratar de ser igual que cualquier hijo de vecino”, explicó el legislador, y aclaró que las opiniones “mantienen la inmunidad” porque lo único que se pretende modificar es el artículo 114 de la Constitución, que quedaría redactado de esta forma: “Los Senadores y Representantes podrán ser acusados penalmente por los delitos que fueren pasibles de haber cometido, no pudiendo invocar ningún tipo de fueros o inmunidades, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 112, 113 y 93”.

Por la negativa

“La mayor parte de los senadores vamos a votar negativamente”, opinó Graciela Bianchi, compañera de bancada de Da Silva, al ser consultada por la diaria sobre el proyecto que ingresó este lunes de mañana. “Yo no estoy de acuerdo con lo que dice Da Silva de que es una cuestión generacional y que los más jóvenes no están de acuerdo [con los fueros], no; se sabe la Constitución o no se sabe. Esa es la diferencia”, aseveró la senadora. A su entender, la importancia de mantener los fueros radica en que “una causa [judicial] se puede iniciar muy fácilmente, incluso por un error del fiscal. Hay muchos riesgos, no es por persecución política, solamente. Puede ser algo muy liviano, algo mal instrumentado o un error; no hay que adjudicar intenciones”, señaló Bianchi.

En su opinión, “si la cámara no levanta los fueros, el que tiene que juzgar es el cuerpo electoral, porque cuando uno defiende a un legislador y analiza si hay elementos para formar causa, lo que está defendiendo es al electorado”. Bianchi afirmó que de otra forma “una mayoría circunstancial, con una implementación defectuosa de un fiscal, priva al cuerpo electoral de un legislador” y que este riesgo se ve incrementado con el sistema acusatorio, dado que “el fiscal es el que lleva adelante la investigación y el que pide la formalización, y es un descentralizado del Poder Ejecutivo, no es el Poder Judicial”.

En la misma línea, el senador del Partido Nacional Sergio Botana afirmó que no votará el proyecto “como viene”, pero señaló que el Parlamento no debería “perder la oportunidad de discutir el tema, porque sólo en un gobierno del Partido Nacional se puede discutir un tema como este”. “Nuestro partido es mucho más delicado con la institucionalidad que cualquiera”, aseguró el ex intendente de Cerro Largo.

Al igual que Bianchi, Botana indicó que “el fuero o la protección no es del legislador sino de quien votó a esa persona como representante, y en la habilitación de la eliminación de parlamentarios por la mera denuncia existe el riesgo grave de que voces claves a la hora de una decisión no estén presentes”. “¿Qué pasaría si yo ahora saco al senador [Mario] Bergara, le denuncio tres o cuatro cosas del Banco Central y lo saco del debate sobre el presupuesto? Eso no sería una buena cosa para el país ni para quienes él representa”, ejemplificó.

Por otra parte, Botana se manifestó proclive a proponer alternativas al proyecto, por ejemplo para “discutir la posibilidad de que haya algunos mecanismos que fijen plazos máximos para las decisiones judiciales cuando comparezca algún legislador, que se pueda ir tramitando un juicio y el legislador siga funcionando como tal”. “Yo lo que quiero evitar es que exista la tentación de ir sacando legisladores de los debates, porque eso a los que perjudica es a los más débiles de la sociedad. Si son las grandes corporaciones, ellas tienen la posibilidad de manifestarse. Pero hay grupos cuya única voz es un representante en el Parlamento”, agregó.

Por su parte, Gustavo Penadés señaló que todavía no leyó el proyecto -ni el que presentó en su momento Lacalle Pou-, por lo que no tiene una posición “fijada”, pero afirmó que “a priori” está “en contra de toda modificación de este tipo”. “Se va a conversar oportunamente en la bancada del Partido Nacional. El otro día lo que hizo el senador Da Silva fue anunciar su intención de presentarlo, pero no se discutió a fondo el tema”, explicó.