En 2019 -aunque ya se adelantaba que en este período iban a procesarse cambios en el régimen de seguridad social- hubo una reforma en la Caja Notarial que buscó atender los problemas de financiamiento del subsistema de los escribanos, ya que los balances arrojaban pérdidas hace cinco años. Sin embargo, no se definió una financiación extra para la transición y ahora el directorio de la Caja Notarial advirtió que le “resulta imperioso contar con recursos complementarios” para pagar sus obligaciones.

Así lo indicó en una presentación ante la comisión de expertos —con representantes de los partidos políticos y los sectores sociales— que comenzó a realizar un diagnóstico del sistema previsional y que posteriormente recomendará una reforma al Poder Ejecutivo. Lo que proponen como forma de financiación es poner un adicional de 15% en la tasa registral —que tiene un valor hoy de 1.265 pesos—, crear un timbre notarial o destinar a la caja lo que pagan sus afiliados por el Impuesto a la Asistencia a la Seguridad Social (IASS).

“Es difícil estimar” el monto de la asistencia que requiere la Caja Notarial, pero “es razonable pensar que sería suficiente” si se logran recursos por “entre 8% y 16% del presupuesto [actual para el pago] de pasividades”, señaló el directorio en el mensaje.

Reforma con financiación pendiente

La Caja Notarial fue fundada en 1941 y en 2001 tuvo una adaptación tras la reforma previsional que procesó Uruguay en 1996, cuando se creó el sistema mixto y las AFAP. Según la información presentada a la comisión de expertos, a finales de 2019 contaba con 7.504 trabajadores activos y 2.365 jubilados. También se destaca que este subsistema “jamás recibió asistencia alguna del Estado”.

El año pasado, según dio cuenta el diario El País, se votó en el Parlamento la reforma de la Caja Notarial que surgió de un trabajo conjunto entre la institución y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. El proyecto fue votado por el Frente Amplio y no por la entonces oposición, que advirtió que era preferible esperar a discutir una reforma integral del sistema en los próximos años. El actual ministro de Trabajo y Seguridad Social y por entonces senador, Pablo Mieres, había dicho que la reforma de la Caja Notarial “debería inscribirse” dentro del análisis de todo el régimen previsional.

A modo de resumen, el principal cambio de la reforma de 2019 fue la suba de la edad mínima de jubilación de 60 a 65 años y el tiempo de actividad mínimo de 30 a 35 años, aunque esto se procesará recién dentro de 20 años —mientras se aplicará un cronograma gradual de incremento de ambas variables—.

Pero quedó pendiente “la obtención de recursos adicionales” para enfrentar la transición. En el documento se explica que en 2018, “como no era posible obtener todos los recursos necesarios y para evitar extender una situación deficitaria”, el directorio de la Caja Notarial decidió igual avanzar en una reforma. Como parte de las conversaciones con el gobierno pasado se manejó destinar 60% del IASS que pagan los afiliados, pero eso no prosperó.

“La reforma modificó fuertemente las condiciones de acceso a la pasividad, aumentó la carga que tenían los afiliados y les creó nuevas obligaciones. Pese a ello, no se completó el adecuado financiamiento del sistema. Para lograrlo se habían proyectado recursos adicionales que no se concretaron”, resumió el directorio en la nota enviada a la comisión de expertos.

A la falta de definición de un financiamiento extra de la Caja Notarial se sumó en los últimos años “un estancamiento de los ingresos por montepío notarial por un período inusualmente extenso”, lo que no se alinea a la proyección incorporada en la reforma de que “el volumen de honorarios de los escribanos acompaña la evolución del PIB [producto interno bruto]”. Este menor nivel de aportes tiene además el agravante de los impactos de la pandemia en la actividad. La Caja Notarial subrayó que lograr algún aporte complementario para su financiación “permitirá atravesar esta coyuntura mientras se aguarda la normalización del nivel de la actividad notarial”.

Esta presentación forma parte de los distintos insumos que está recabando la comisión de expertos. Una de las definiciones previas fue que dentro del diagnóstico que deberá hacer del sistema previsional se incluirán a las cajas paraestatales: Notarial, Policial, Militar, Bancaria y de Profesionales.