Este lunes serán desalojados de su casa Heber, Camila y sus dos hijos: Cristopher, de ocho años, y Anthony, de cinco meses. La familia vive en las calles Tapia e Ibirapitá del barrio Las Cumbres, en Neptunia. Para las 9.00 se espera la llegada de un alguacil que certifique la salida de quienes habitan la casa. A la misma hora y en el mismo lugar, vecinos y vecinas se concentran para repudiar este desalojo y los tantos otros que vienen sucediendo en Las Cumbres.
Según una integrante de la organización Asamblea de Vecines por la Vivienda y contra los Desalojos, que pidió no ser identificada, desde 2015 ha habido dos desalojos por usurpación y tres por juicios civiles. La desocupación de Heber, Camila y sus hijos se enmarca en esta última vía. El primer lanzamiento estaba previsto para el 11 de diciembre. El día del fallo los vecinos se movilizaron en el juzgado de Atlántida e intentaron hablar con la jueza Florencia Sorrondeguy, pero no obtuvieron una prórroga. Ese mismo día sí pudieron hablar con una alguacil, que fue quien dispuso una prórroga hasta este lunes.
En 2014, Heber había tomado posesión de un espacio abandonado en los terrenos de Las Cumbres, basado en la normativa nacional del “derecho posesorio”. Heber limpió el terreno, lo cercó y construyó su casa. Puso luz, agua y desarrolló una recicladora de plásticos como fuente laboral. Posteriormente, Camila se sumó al hogar y la familia se agrandó con los dos hijos. Por diversas razones, la contribución no se pudo pagar.
En 2015, la contribución fue abonada “por especuladores inmobiliarios”. Según la integrante de la organización, “los especuladores presentaron testigos falsos y un escribano para certificar la posesión del predio de forma fraudulenta”. Luego de años de proceso judicial, se llegó al fallo que terminó en el primer lanzamiento. Pero, aunque se haya logrado la prórroga, la familia no podrá habitar más el espacio construido.
La integrante contó a la diaria que en este caso no han podido llevar adelante una denuncia penal. No saben qué pasará luego. Supone que los especuladores accederán al terreno y lo venderán, “como hacen siempre”. Pidieron ayuda en distintos lados, pero ni la Intendencia de Canelones ni ningún ente del Estado han dado respuesta. Solicitaron la implementación de una “mesa de trabajo”, para discutir la problemática, pero no obtuvieron respuesta. Mientras tanto, Heber, Camila, Cristopher y Anthony consiguieron otro lugar para vivir, que vienen construyendo desde cero, fuera de Las Cumbres, con el apoyo de los vecinos.
Trasfondo
Las Cumbres se ha formado de manera paulatina. La integrante cuenta que hubo dos grandes oleadas de ocupaciones, pero que hace 30 años en las orillas del arroyo Tropa Vieja los espacios vacíos comenzaron a habitarse. En 2012 llegaron más personas que se arrimaron hacia la zona del arroyo Pando. La última oleada fue en 2015, y ahora ya está casi todo prácticamente conformado. Según Brecha, se estima que en Las Cumbres hay una población de 1.800 personas, divididas en 700 familias y repartidas en 45 manzanas que se ubican del lado norte de la ruta Interbalnearia.
La familia Falco Frattini es conocida en el barrio. La organización de Vecines aseguró que detrás de la mayoría de los desalojos están Sylvia Falco y su hijo Adriano Frattini. Este último fue quien certificó en el juicio contra Heber. Pero recientemente también se han sumado otras personas, que pagan las contribuciones para luego vender los terrenos.
Habría 25 terrenos en los que la contribución ya fue paga, pero no han podido acceder a los datos que confirman cuáles serían. Eso significa que los vecinos sólo saben que en algún momento empezarán a llegar los juicios de desalojo, pero no quiénes serán los afectados. A su vez, 152 terrenos están embargados. Para levantar esos embargos, se les pide que paguen la contribución atrasada, “que no es nuestra y que es impagable para familias con bajos recursos”, dijo Vecines. Algunos han podido acceder a convenios que reducen la deuda y ofrecen la paga en cuotas, pero en 2017 fueron informados de que esos convenios ya no estaban disponibles.
Ese año, los vecinos convocaron a la comuna por los 152 terrenos embargados que están habitados por familias. Citaron al intendente Yamandú Orsi y, según la integrante, este aseguró “que no se iba a desalojar a nadie, que no se iban a rematar terrenos y que en algún momento se iría a resolver la situación”. Pero el “en algún momento” todavía no se concretó, porque la respuesta fue la que sigue manteniendo: es un “tema entre privados”. Diversas autoridades comparten la posición, a la que se suma la afirmación de que “es un tema muy complejo, porque es político”.
Silvana Nieves, directora de la Agencia de Vivienda y Gestión del Hábitat de la Intendencia de Canelones, dijo lo mismo a la diaria: “Es un conflicto entre privados”. “Más allá del reclamo que puedan llegar a hacer los vecinos, nosotros, como gobierno departamental, no estamos teniendo intervención”, aseguró. Tal afirmación parte de la multa impuesta a la administración de Orsi por la jueza Sorrondeguy, por no ejecutar una regulación de los terrenos y obstaculizar que las ocupaciones sigan avanzando. Según Nieves, recibieron la sugerencia de los asesores jurídicos de “no participar activamente de ninguna actividad respecto de las ocupaciones mientras seamos actores pasivos dispuestos por el juez”. Sin embargo, hizo énfasis en que “en cualquiera de las cuestiones que pasen a nivel social siempre se está pensando”.
Entre que es un tema político, entre privados, y que “no hay recursos para solucionar esto”, la organización de Las Cumbres quiere llegar a una mesa de trabajo con la comuna “para ver cuál es la forma”, según la integrante de Vecines.