“Al llegar, nos encontramos con algo que nos llevó unos días entender: cómo podía ser que esta fuera la situación en un país que se jactaba de los números que mostraba al mundo, que tenía un índice de desempleo menor a los dos dígitos, con una enormidad de planes destinados a los que más necesitan”. Así se refirió el subsecretario del Ministerio de Desarrollo Social, Armando Castaingdebat, durante una comisión virtual de senadores y diputados llevada adelante el viernes 27, a la cantidad de trabajadores informales que detectó su cartera. El jerarca graficó que, “apenas seis o siete días después de declarada la pandemia”, ya había “reclamos permanentes y crecientes de uruguayos que no tenían para comer”.

Según admitió el subsecretario, la respuesta está en los datos de la encuesta continua de hogares que lleva a cabo año a año el Instituto Nacional de Estadística (INE): a fines de 2018 constató 24,8% de trabajadores en negro en el país. “Para mí, esta era una cifra nueva. Muchos actores dicen que no era nueva y que se conocía. Ya llegará el momento de tener una discusión seria, desde el sistema político, sobre por qué estaba pasando esto y cuál será la solución que vamos a desarrollar. Eso nos llevó a una situación de extrema vulnerabilidad social”, expresó. Esos uruguayos, agregó, “por estar trabajando en negro, no estaban incluidos en ninguna de las previsiones que hoy tiene este país”. Para estos casos, contó, se resolvió trabajar con los equipos del ministerio en un call center (08007263) para registrar qué uruguayos en situación de riesgo no reciben ningún tipo de prestación social y entregarles una canasta de alimentos.

Tras la exposición de Castaingdebat, la senadora frenteamplista Liliam Kechichián no dejó pasar la oportunidad: “Si él hubiera leído, en profundidad, los informes de transición que todos los ministerios hicimos, en particular, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, sabría que, a pesar de los enormes avances realizados en los últimos años por formalizar el trabajo, que llevó a que el Banco de Previsión Social tuviera récords de personas registradas, hablábamos claramente de que seguía existiendo algo que nos preocupaba, ese 25% de informalidad”.

Según dijo, esa cifra incluso se ponía dentro de las estrategias del país de cara a 2030. “Ha figurado en todos los informes transparentes que hemos dado como gobierno anterior”, resaltó. Defendió además el trabajo del INE, al que definió como “la mayor herramienta de información social que hay en Uruguay, nunca cuestionada por nadie, salvo durante la dictadura”.

Un día antes de esta actividad parlamentaria, el propio presidente Luis Lacalle Pou puso en tela de juicio los datos sobre informalidad, al plantear que no sabía si era información “oficial u oficiosa”. El economista Javier de Haedo, integrante de la coalición de gobierno, polemizó este lunes con esta tesis desde su Twitter.