El ministro de Desarrollo Social, Pablo Bartol, anunció el martes una de las principales medidas que brindará su cartera para los beneficiarios de la Tarjeta Uruguay Social (TUS), que cubre las necesidades alimentarias de unas 400.000 personas. Bartol confirmó que se duplicará el monto disponible por medio de la tarjeta, que se transferirá en dos instancias: una primera mitad a finales de marzo y la otra el último día de abril.

¿Qué implica esta medida en términos económicos? Actualmente hay unas 87.000 TUS en uso, con un monto promedio aproximado de 3.100 pesos por hogar (la variación depende de la cantidad de menores a cargo y los niveles de vulnerabilidad). Por lo tanto, el costo mensual del beneficio (y, en consecuencia, el monto del desembolso que anunció Bartol en la conferencia) serían unos 275 millones de pesos (unos seis millones de dólares).

Juan Pablo Labat, ex director nacional de Evaluación y Monitoreo del Mides, dijo a la diaria que parece haber “algunas trampas” en el anuncio de Bartol. Cuando comenzó la emergencia sanitaria, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció que destinaría 1.000 millones de pesos (un poco más de 22 millones de dólares) a garantizar nuevos refugios, canastas y para aumentar las partidas alimenticias.

Sin embargo, Labat recordó que en 2019 el MEF le transfirió al Mides 1.550 millones de pesos como “refuerzo extra”, y este año, antes del 1° de marzo, le transfirió 700 millones. “Ellos anunciaron 1.000 millones, pero en realidad son 150 millones más que en 2019. No es suficiente para la emergencia que se nos viene encima, salvo que decidan reforzar en los próximos meses”, advirtió.

Según Labat, si el Mides duplica el presupuesto de la TUS por única vez, tal como anunció Bartol, deberá “recortar de otras cosas” para alcanzar la ejecución del año pasado. “No termina de quedar claro dónde van a recortar. El anunciado aumento de 1.000 millones de pesos no es verdad, en todo caso es un aumento de 150 millones de pesos, cuando un mes de tarjeta son 275 millones de pesos”, explicó.

En la opinión de Labat, que el Mides destine sólo 3.100 pesos por única vez (en promedio, 1.550 pesos por niño) termina siendo “irrisorio”. “No están entendiendo la estratificación social de Uruguay. Si piensan que las necesidades inmediatas saltan desde un seguro de desempleo expandido para el sector formal directo a la TUS, dejan por fuera a 100.000 hogares que no participan en ninguna de las dos cosas”, opinó. Aunque anoche el presidente Luis Lacalle Pou adelantó anuncios para la población de Asignaciones Familiares ‒que se oficializarán hoy‒, Labat reafirma que el “sector vulnerable es mucho más amplio que el que cobra tarjeta”, más amplio que el que cobra la Asignación del Plan de Equidad incluso (unos 200.000 hogares), y debería ser especialmente atendido en esta coyuntura. “Es necesario considerar a toda la población de las bases de datos del Mides y del Banco de Previsión Social para hacer políticas y además agregar instrumentos. Se trata de atender a 40% de la población más pobre pero con distintos instrumentos: algunos utilizarán el seguro de desempleo ampliado, pero muchos son informales y no podrán. Una canasta del Instituto Nacional de Alimentación son 700 pesos (un kilo de leche en polvo, uno de harina, uno de arroz, uno de polenta, uno de lentejas, uno de azúcar, un litro de aceite y dos paquetes de fideos), y no se sabe cada cuánto se repartiría”, comentó.

Los números y el margen de maniobra

La semana pasada, Labat elaboró un documento titulado “Propuestas para enfrentar la crisis”, que circuló por las redes. Allí propone crear un bono familiar para alimentación e higiene equivalente a cuatro o cinco surtidos de almacén (algo cercano a un salario mínimo), cobrable por única vez (o eventualmente, renovable mensualmente, mientras dure la emergencia), y a razón de uno por hogar. El bono se adjudicaría en forma automática a los hogares inscriptos en las bases de datos de políticas focalizadas (más de 230.000 hogares) a través de los medios electrónicos que utilizan actualmente.

Labat propone habilitar el acceso al bono en forma de crédito estatal para el resto de la población, que después será reembolsado al Estado por medio de una alícuota en las facturas de tarifas públicas o impuestos luego de una moratoria de seis u ocho meses o más, y en 20 cuotas, con posibilidades de pago parcial según la condición social (en casos de extrema pobreza se podría condonar todo el crédito).

Labat señala que los programas focalizados del Mides permiten atender en forma inmediata a la parte más baja de la distribución por medio del acceso a efectivo por modalidad bancaria. “70% del primer quintil de ingresos (el 20% más pobre por ingresos) está vinculado al Estado por el sistema de transferencias monetarias no contributivas (Asignaciones del Plan de Equidad y tarjeta Mides), y si lo ampliamos a todas las formas de vínculo ese número asciende a 90%”, escribió el sociólogo.

Labat fundamenta su propuesta de un crédito de libre acceso: la informalidad laboral en Uruguay es cercana a 25%, y entre los hogares donde ningún miembro está vinculado al mercado formal de empleo llega a 15%, un problema que, según Labat, no coincide con la representación de la pobreza o la vulnerabilidad social identificada con el primer quintil de ingresos. “La informalidad está representada en buena medida en el segundo quintil de ingresos, y en menor medida en el tercero. Ello hace inviable intentar llegar solamente por los programas focalizados (orientados al primer quintil) y los registros de trabajo formal del Banco de Previsión Social a todos los hogares, ahora más vulnerables por la emergencia”, concluye.