“Lo primero que queremos destacar es el agradecimiento por la reunión. Creemos que valía la pena y era importante que se encontrara el gobierno y el principal partido de la oposición en una mesa para dialogar y hacer propuestas”, fueron las primeras palabras de Javier Miranda, presidente del Frente Amplio (FA), al salir del encuentro con representantes del gobierno en la Torre Ejecutiva, tras presentar formalmente el “plan de contingencia” con medidas para paliar la crisis generada por el coronavirus.
Por el lado del gobierno estuvieron el presidente, Luis Lacalle Pou; el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, y la titular del Ministerio de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche. Por el lado del FA, a Miranda lo acompañaron Mario Bergara, Daniel Olesker y Juan Castillo.
En conferencia de prensa, Miranda destacó “el diálogo político” y el clima “franco y distendido” de la reunión, y reiteró la vocación de “colaboración y de generar ámbitos” que tiene el FA. También llamó a mantener la distancia social “lo más posible” y a que la gente se quede en su casa, en particular “ahora que viene la Semana de Turismo”, ya que es una medida sanitaria “absolutamente imprescindible”.
Miranda señaló que en el intercambio con el gobierno reiteraron que creen que muchas de las medidas que viene impulsando el Poder Ejecutivo para enfrentar la situación del coronavirus “van en el sentido correcto”, pero que quizás tienen “matices en cuanto a la profundidad o amplitud” de algunas de ellas. Acotó que “obviamente” no hubo una “respuesta definitiva” por parte del gobierno sobre los planteos del FA, pero destacó el anuncio que hizo el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), que convocará al Consejo Superior Tripartito para buscar acuerdos generales.
Subsidio
Uno de los puntos propuestos por el FA en su plan de contingencia es el de “crear un subsidio equivalente a un salario mínimo nacional que dure el mismo tiempo que la cuarentena” para trabajadores que no estén registrados ni en el MTSS ni en el Banco de Previsión Social. Sobre esta propuesta, Olesker dijo que abarcaría cerca de 310.000 hogares, y que a aquellos que no tienen cobertura de seguridad social pero ya reciben prestaciones a través de la Tarjeta Uruguay Social o por asignaciones familiares se les completaría ese salario mínimo para que “tengan la misma condición de igualdad respecto de los que no tienen nada”.
Según Olesker, el gobierno estuvo “muy de acuerdo con esto”, que no sólo tiene un objetivo “de justicia, sino también económico”, ya que el dinero de ese salario mínimo se volcaría “al mercado, en compras, y de alguna manera” podría “ayudar a resolver la contingencia económica”. En cuanto al costo de la propuesta, Olesker dijo que, tomando la hipótesis máxima de tres meses de emergencia sanitaria, con un salario mínimo que ronda los 300 dólares para cada uno de los 310.000 hogares, sería de 310 millones de dólares. Pero acotó que a ese monto hay que restarle el dinero de los que ya reciben una contribución, por lo tanto el costo en los tres meses sería de entre 220 y 240 millones de dólares.
En cuanto a los recursos para esta medida, Miranda dijo que ese tema también fue tocado en la reunión con el gobierno. Dijo que “lo central es que el trabajo para prevenir las consecuencias sociales y económicas de la pandemia requiere la inversión que haya que hacer”. “El gobierno ha expresado reiteradamente que va a gastar todo el dinero que sea necesario. Por supuesto que hay que buscar líneas de financiamiento, pero el centro es que hay que inyectar dinero en la sociedad para enfrentar la situación, tanto sanitaria como económica y social”, sostuvo Miranda.
A su vez, Bergara explicó que hay líneas de crédito de organismos internacionales “que ya estaban contratadas” y que “podrían considerarse suficientes para abordar esta problemática” en tanto la emergencia sanitaria “no se extienda demasiado”. Agregó que las medidas para paliar la situación son costosas, pero “más costoso sería no tomarlas”. Destacó que las líneas de crédito son en total de hasta 2.200 millones de dólares, lo cual “no quiere decir que se puede desembolsar esa cantidad”, pero “hay un volumen suficiente que es factible de ser desembolsado en tiempo y forma, y que va a ser la principal fuente de financiamiento de lo que se va a estar haciendo”.
Por último, en cuanto al proyecto de ley del Poder Ejecutivo para financiar el Fondo Coronavirus en base a descuentos de los sueldos de funcionarios públicos de más de 80.000 pesos líquidos, Bergara dijo que el texto entrará hoy al Parlamento y que se tratará al mismo tiempo en las comisiones de Hacienda de ambas cámaras, por lo que el “tratamiento ultraurgente del proyecto da la pauta del talante de colaboración y contribución que tiene el FA”. “Habrá que ver en detalle qué dice el proyecto, pero, en base a lo que se ha anunciado, son medidas que van en la dirección correcta, pero que son insuficientes, porque hay más sectores que también deberían contribuir al Fondo Coronavirus. Pero paso a paso”, finalizó Bergara.
Contra UPM 2
La reunión que mantuvo Lacalle Pou con dirigentes del FA no fue la única de este martes. Luego de que la comitiva del FA se marchara de la Torre Ejecutiva, entró un grupo variopinto de personas contrarias al contrato del gobierno con UPM 2, integrado por los diputados Eduardo Lust (Cabildo Abierto) y César Vega (Partido Ecologista Radical Intransigente), los abogados Gustavo Salle y Hoenir Sarthou, y la comunicadora Patricia Wolf.
Luego de la reunión, Wolf explicó en conferencia de prensa que al mandatario le plantearon que hay una cláusula –que tiene como plazo el 13 de abril– en el contrato con la empresa finlandesa que le permitiría a Uruguay “la suspensión del contrato en un escenario como el que está pasando ahora, de emergencia nacional”. “Queríamos hablar con el presidente para plantearle esta oportunidad, que nos parece muy valiosa, para sacar a Uruguay del brete en el que se encuentra gracias a un contrato firmado a puertas cerradas por el anterior gobierno, que compromete al país de una manera grave”, sentenció Wolf. Vega acotó que el presidente “tomó nota” del planteo.