Daniel Gerhard: “Los actos más aberrantes contra la vida han sido cometidos por el Estado y la institución militar”

Daniel Gerhard tiene 31 años. Es licenciado en Historia por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República y técnico en Comunicación Social, opción Periodismo, egresado de la Escuela Superior de Comunicación Social y Diseño Gráfico (ex UTU). Pertenece al Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) y en octubre de 2019 fue elegido diputado por el Frente Amplio (FA) por la lista 1001, que presentó una alianza entre el Partido Comunista, el PVP, Lista Amplia, Encuentro 18 de Agosto, Movimiento 20 de Mayo y Congreso Frenteamplista, bajo el sublema Unidad para los Cambios.

¿Cómo estás viviendo la emergencia sanitaria como ciudadano, militante y parlamentario?

Como legislador es la primera vez: estoy debutando como legislador. No es que viniera con una rutina, sino que recién me estaba acostumbrando. Veníamos trabajando con el equipo [de Unidad para los Cambios], empezando a tener una agenda de reuniones con organizaciones sociales, pero llegó esto e interrumpió lo que era incipiente: era empezar a tener plenario de la cámara martes y miércoles. Tuvimos un sola sesión de la Comisión de Legislación del Trabajo. Estamos con muchas dificultades para sesionar, dificultades objetivas y de las otras. Recién ahora estamos retomando, después de un mes de interrupción, con alguno más en el despacho y no uno solo o dos.

¿En qué tema estaban cuando comenzó la emergencia sanitaria?

Cuando arrancamos el tema que se había impuesto, que nos globalizaba, aparte de empezar a elegir en qué comisión actuar, era el borrador del anteproyecto de la ley de urgente consideración (LUC). Nos habíamos puesto el chip para resistirlo e ir generando una síntesis con los otros legisladores del FA. Eso se interrumpió. Teníamos todos los equipos dirigidos a eso y, como PVP, estábamos muy preocupados y ocupados en cómo repercutiría eso en las organizaciones sociales, de resistir, porque no es lo mismo intentar hacer cambios en educación o en los entes del Estado, donde hay sindicatos e historia de lucha, que, por ejemplo, procurar organizar resistencia o masa crítica en torno a la seguridad. Es bien diferente. La sociedad tiene distintos niveles de acumulación, de consenso, incluso el campo popular. Eso se interrumpió por un momento y ahora se empieza a mixar: la situación de pandemia y la discusión de la LUC, una LUC con más complicaciones, porque no sólo no contás con la posibilidad de convocar a marchas masivas, sino tampoco con la de generar una simple asamblea. Ahora, de a poco, la gente se va acostumbrando y, con dispositivos, máscaras y alcohol en gel, vuelve a tener actividad, pero no es lo mismo.

¿Qué pensás de las medidas que se vienen tomando para enfrentar la pandemia? Hay como dos grandes modelos y muchos matices: los que plantean medidas restrictivas, pero manteniendo ciertos niveles de actividad, y los que proponen una cuarentena obligatoria y el aislamiento social extremo.

En general, he salido con posiciones firmes, contundentes, pero en esto no he salido y no es casual. Primero porque no tengo formación en esto ni me he formado ahora de apuro en cuestiones epidemiológicas. Sí he escuchado atentamente al presidente [Luis Lacalle Pou], he escuchado y leído las declaraciones del Sindicato Médico [del Uruguay], y he escuchado teorías de todo tipo, desde las conspirativas hasta las más aburridas y estrictamente sanitarias. He leído en Le Monde Diplomatique sobre el tema, sobre cómo esto tiene sus raíces en el daño que le hace la actividad humana y económica al planeta, pero no me animo a hacer la síntesis. Me limito a acompañar a quienes sí tienen todo el aparato del Estado, se supone que en contacto con la academia y los trabajadores. Tenemos que acostumbrarnos a que el gobierno es mano en cuanto a lo sanitario e ir señalando las cosas que también las organizaciones nos van advirtiendo. ¡Ojo! El Estado no puede retirarse completamente de los barrios: las policlínicas tienen que funcionar, la gente consulta por otras cosas, ¿qué pasa con las embarazadas de la periferia? Un repliegue total del Estado, como se muestra en otros países, no es lo conveniente.

¿Qué pensás del “día después”, de las consecuencias de la pandemia? Ya van más de 170.000 envíos a seguro de paro. Hay un impacto en la economía.

Lo primero es que qué suerte que venimos de 15 años de FA. Lamentablemente no lo tenemos ahora, pero qué suerte que venimos con un sistema de salud fortalecido –no sé si en su mejor momento, pero fortalecido–, un Banco de Previsión Social [BPS] fortalecido en lo económico y con prestaciones bastante amplias, y un Ministerio de Desarrollo Social. Hay un montón de recursos que ahora, por suerte, se pueden usar, aunque los use otro gobierno. Pero está muy bien. El FA hizo las reformas para la gente, no para el gobierno de turno, y son las herramientas que están paliando esto. Pero con un gobierno que tiende a dejarle la iniciativa al mercado en una situación así, de crisis sanitaria, social y económica, cuando se termine, los riesgos de estar en el horno serán notorios. Y ahora estamos en la época en que socializamos todas las pérdidas, y está muy bien. Está muy bien que el BPS amplíe los seguros de paro, porque es el momento de no dejar que se corte la canilla y de que le llegue a la gente algún peso. Pero está claro que esto está desfinanciando al BPS, generando costos extras, y alguien los va a tener que pagar.

Cuando apoyamos la creación del Fondo Covid-19, fundamentamos que estaba muy bien. Pero ¿y el gran capital? ¿Y el 1% de los uruguayos que tiene el 30% de la riqueza no está aportando? Pocos días después le preguntaron al presidente si el gran capital iba a aportar, y él fue terriblemente sincero y transparente. Explicitó lo que ya todos sabíamos, dijo que los capitales van a ser los que, al final del túnel, harán el esfuerzo para salir de la crisis y dinamizar la economía. El capital invierte cuando ve posibilidades de lucro; entonces, ¿invertir para lucrar es un esfuerzo? Ese es el término que se utiliza. El esfuerzo que lo hagan ahora, que es cuando lo precisamos para generar tributaciones excepcionales, como se les está pidiendo a los trabajadores públicos que ganan más de 80.000 pesos y a los legisladores. Está todo muy bien. No puede ser que ahora invertir para lucrar sea un esfuerzo. Ya vemos lo que se viene. Va a ser terrible, porque ahora estamos socializando todas las pérdidas, pero luego, cuando vengan las mieles, van a ser para los de siempre.

En medio de todo esto se presenta un texto de la LUC con algunas modificaciones. ¿Cuáles son las cosas que más te preocupan de este nuevo texto y qué piensa hacer el FA?

La realidad viene muy dinámica: lo que parece que es una síntesis, en definitiva, puede cambiar. Por ahora no puedo afirmar con seguridad lo que va a hacer la bancada del FA. Lo que creíamos en febrero [cuando se conoció la primera versión] seguimos creyéndolo ahora, sólo que la situación se ha vuelto más extrema.

Es una ley coherente, porque es neoliberal. Lo que intenta es centralizar las decisiones en el Poder Ejecutivo y entregar al mercado cosas que, con el trabajo del FA y las organizaciones sociales, se fueron haciendo comunes, porque yo entiendo que el Estado es de la gente. Hay que reconocerle al gobierno su nivel de coherencia, en todo: en reducir la participación, entregar al mercado y reprimir. Nosotros vamos a aportar en la línea de que hay que oponerse a la LUC entera. Después veremos tácticamente los consensos. Si te digo que es coherente, es muy difícil de comprar una parte sí y otra parte no. En todo caso, me tocará ceder, pero eso no querrá decir que esté de acuerdo. Hay otras cosas que tienen que ver con la constitucionalidad. Es curioso que el actual oficialismo, que antes fue oposición, haya trabajado mucho el tema de la constitucionalidad, señalando errores que supuestamente cometió el progresismo a nivel jurídico en sus 15 años de gobierno y ahora hace él mismo con total descaro. Después está el tema de la legitimidad. Se está tratando de deshacer un montón de cosas que se construyeron durante tres gobiernos con una sola ley, con un máximo de 90 días para discutir. Y cuando lo hacen en el marco de una pandemia, la palabra “ilegítimo” queda chica.

Respuesta a Manini Ríos

El 14 de abril, el senador de Cabildo Abierto Guido Manini Ríos hizo declaraciones en la cámara cuestionando a la Justicia por un fallo en la causa que investiga el asesinato de Iván Morales, por el que se procesó con prisión al capitán retirado Lawrie Rodríguez. Dijo que se estaban violando los derechos humanos del militar y se preguntó hasta cuándo se seguirá encarcelando a militares octogenarios por esos hechos. Vos, en Diputados, no sólo recordaste a Morales, sino que también le contestaste a Manini Ríos.

Iván, por lo que me cuentan –obviamente, no lo conocí–, era un gurí más joven que yo, un gurí de pueblo, de Bella Unión. A los 16 años arrancó a laburar en un pueblo más chico aún, y a los 18 armó el bolso y se vino a Montevideo, como tantos. Aquí fue donde empezó a politizarse y vincularse a grupos de izquierda, a traducir esa pulsión de transformar, de construir un mundo nuevo. Así conoció una organización chica, que había sido ilegalizada en el 68: la FAU [Federación Anarquista del Uruguay]. La FAU tenía dos áreas de trabajo: una era la OPR 33 [Organización Popular Revolucionaria 33 Orientales], la más clandestina; la otra era la ROE [Resistencia Obrero Estudiantil], más abierta, de masas. Recuerdo todo lo que me han respondido y los insultos que he recibido en torno a esa declaración en la cámara, como que cuente también sobre los delitos. En todo caso, si Iván tuvo conflictos con la ley, otros compañeros de la OPR también los tuvieron. No tocaba más que una sentencia e ir a prisión, como hacen hoy las personas que tienen conflictos con la ley. Pero lo que le pasó a Iván a sus veintipico fue que lo torturaron hasta la muerte. Este viejito, cuyos derechos humanos, según Manini, están siendo violados, y Manuel Cordero lo torturaron hasta la muerte y a su familia le dijeron que se había suicidado. Hoy no se están violando los derechos humanos de nadie; en todo caso, se están violando los de todos los presos, por lo miserables que son las cárceles, a donde no van los torturadores. Tienen todas las garantías del debido proceso, las garantías que no tuvo Iván, las garantías que no tuvieron tantas personas que fueron torturadas y han salido adelante como han podido, sin que el Estado las reparara, por lo menos no como consideramos que debía haber sido.

Otra cosa que dijo Manini tiene que ver con lo que la gente piensa: que hay que dar vuelta la página. Me considero parte de una generación a la que llamo “generación rosada”, porque nos fogueamos en la militancia, con 20 años, juntando firmas para poner a consideración la ley de impunidad. Todo el mundo recuerda lo que fue esa patriada desesperada por conseguir las firmas, lo que fue la campaña para conseguir los votos, lo que decíamos, lo que explicábamos. No se consiguió explicitar por medio de esa papeleta rosada que se quería cambiar el marco jurídico para poder hacer justicia. Pero de ninguna manera podemos decir que el 53% de los votantes en 2009 apoyó la impunidad, que torturadores sanguinarios, mentirosos y secuestradores anden libres y no tengan que responder por los crímenes terribles que cometieron. Buena parte de la institución militar estuvo, por décadas, construyendo un dique de silencio para que estas personas nunca tengan que responder por sus aberrantes actos, mucho más aberrantes que los que suele cometer la delincuencia de hoy, que tanto se condena. Los actos más aberrantes contra la vida han sido cometidos por el Estado y la institución militar. Se ha logrado generar algunas grietas para que la Justicia acceda a la verdad y se ha conseguido enjuiciar a algunos de estos torturadores, asesinos y violadores, a costa de mucha militancia, muchísimo sufrimiento, mucha búsqueda, mucha perseverancia y paciencia. Y sí, después de muchas décadas, hoy son ancianos.

¿Qué implica, desde el punto de vista institucional, que este tipo de reivindicación esté ahora dentro del Parlamento?

La mayor parte del sistema político debería consensuar que es peligroso. Es peligroso poner en duda la legitimidad y la veracidad pertinente de una sentencia judicial. Deslegitimar a la Justicia de un país no es changa. Y que lo haga un senador referente de un partido de gobierno no es changa ni para el mismísimo gobierno. Eso es jodido, y le toca a la coalición de derecha ver qué hace con el partido militar. Una segunda cosa que surge es el intento de banalizar el terrorismo de Estado y la tortura. Se había logrado trabajar y avanzar en la conciencia de los uruguayos, y este tipo de declaración genera un campo fértil para que esas cosas se miren de manera menos terrible.

El Día Internacional de la Mujer hiciste un aporte de género desde el Evangelio. ¿Sos cristiano?

Sí, lo explicito cuando puede sumar, cada tanto. Mi identidad es que soy representante del PVP y por ahí me muevo, pero no me interesa negar ni ser discreto con ese otro lado. En otro momento ser cristiano y marxista era más frecuente. Hoy, lamentablemente, el cristianismo ha crecido por otros lados y somos minoría, bichos raros, aunque no soy el único.

¿Y participás en una comunidad?

No creo que el cristianismo pueda ser vivido con plenitud sin una comunidad. Para mí, el cristianismo de escuchar a Enya, respirar la Pachamama o mirar las estrellas no es una forma de seguir a Jesús. Se sigue a Jesús en el marco de un territorio, en un contexto histórico y cargando las cruces de ese momento histórico. Me nutro de las cruces del lugar donde vivo, en la periferia montevideana, con mis hermanos, con quienes intentan seguir a Jesús como pueden y sacarle al Evangelio esos 2.000 años de polvo y mentiras que se le fueron poniendo. Tengo ramas en todos lados: vengo de una familia protestante, pero mi comunidad inmediata y más frecuente es la de los hermanos católicos. No me considero ni una cosa ni la otra, sino las dos cosas a la vez.