En manos del prosecretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés, este jueves de tarde entró oficialmente al Parlamento el famoso proyecto de ley de urgente consideración (LUC). Antes de que comience el intercambio de ideas sobre los 501 artículos que contiene, se generó un debate entre los legisladores por la fecha exacta en la que empiezan a regir los días para su tratamiento. El artículo 168 de la Constitución de la República establece que la primera cámara que reciba un proyecto de urgente consideración “deberá considerarlo dentro de un plazo de cuarenta y cinco días”.
El debate radica en cuándo se entiende exactamente que la Cámara recibe el proyecto. El senador Adrián Peña, coordinador de la bancada del Partido Colorado de la cámara baja, dijo a la diaria que algunos legisladores pensaban que la entrada oficial se consideraría cuando se informaba su ingreso en la sesión de la cámara correspondiente y se empezara a tratar, pero luego de un informe de la sección Jurídica del Parlamento y, teniendo en cuenta los antecedentes similares, se concluyó que el plazo comienza a correr al otro día de que el proyecto es recibido por el Poder Legislativo: este viernes.
Esto aceleró el proceso de tratamiento de la LUC, que ya de por sí será intenso. El martes habrá una sesión extraordinaria de la Cámara de Senadores, en la que ingresará el proyecto y se votará la comisión especial de 15 miembros que lo va a estudiar. Ese cuerpo tendrá ocho senadores de la coalición de gobierno y siete del Frente Amplio (FA), y estará presidida por el nacionalista Gustavo Penadés. En esa primera sesión, el FA planteará el debate sobre si le cabe el rótulo de “urgente consideración” a todo lo propuesto en la LUC. Peña conjeturó que, básicamente, lo que pasará ante esa propuesta será que los legisladores de la coalición dirán que es pertinente y los del FA que no. Después se votará, y como se precisa mayoría simple, ganará la posición de la coalición.
El senador colorado agregó que la idea del Poder Ejecutivo es que “de la comisión salga todo votado”, por lo tanto, los artículos de la LUC con los que no están de acuerdo algunos partidos de la coalición quedarán por el camino en esa comisión especial. Además, en paralelo, indicó que se formó un grupo de trabajo con legisladores de la coalición ‒senadores y algunos diputados‒, que a partir del lunes recibirá a jerarcas del Poder Ejecutivo para conciliar los puntos en los que hay diferencias. Por último, sostuvo que quizás la eliminación de algunos artículos en la comisión se haga a pedido de jerarcas del Poder Ejecutivo, porque queda “mucho más lindo” a nivel simbólico.
Dado el gran tamaño de la LUC, su exposición de motivos tiene casi 40 páginas. En ellas se establecen los argumentos para cada sección. Por ejemplo, en el capítulo de seguridad se señala que “tiene por objeto principal establecer una serie de normas legales a los efectos de restablecer, en el menor plazo posible, las condiciones necesarias para asegurar la convivencia pacífica de las personas que habitan nuestro país”.
En cuanto a la conducción de la economía y gestión de las empresas públicas, se dice que “es imperioso poner en marcha los mecanismos que aseguren el manejo responsable y óptimo de los dineros públicos” y “un debido control del gasto público, generando ahorros sobre la base de la disminución del mismo”. “No se sostiene más la situación imperante por la cual el ajuste es realizado por el sector privado. Quien debe ajustar los costos es el Estado”, se agrega en la exposición de motivos.
“Profundamente antidemocrática”
Por otro lado, el coordinador de la bancada del Senado del FA, Charles Carrera, dijo a la diaria que la LUC es “inoportuna”, ya que el país está “sufriendo una pandemia” y viviendo una “emergencia sanitaria, sin fecha de cese, declarada por el propio Poder Ejecutivo”. Además, señaló que en el FA consideran que en ninguno de sus 501 artículos la LUC “trata la problemática que nuestra gente tiene hoy”. “Es una ley profundamente antidemocrática, porque se propone llevar adelante una reforma del Estado en menos de 90 días. Es un avasallamiento del Poder Ejecutivo sobre el Poder legislativo. Eso es muy embromado, porque es una ley sin consenso social”, agregó.
Carrera subrayó que en los períodos de gobierno anteriores el FA llevó adelante “profundas reformas del Estado”, con debates “muy importantes”, que llevaron a discusiones “de más de 250 días” en el Parlamento, mientras que ahora “se está proponiendo que se modifiquen en menos de 90 días”. Asimismo, sostuvo que la LUC es “profundamente inconstitucional”, y que eso “no lo dicen abogados del FA” sino “un académico eminente” como el abogado Juan Pablo Cajarville.
El senador dijo que a partir de que empiece el tratamiento de la LUC, la semana que viene, el FA le preguntará a “cada ministro” que comparezca al Parlamento cuál es la urgente consideración de los artículos que le competen a su cartera. Por ejemplo, Carrera preguntó si es urgente el cambio de nombre de la Policía de Tránsito, que pasaría a llamarse como antes, Policía Caminera, según el artículo 61 de la LUC. Si bien el FA no tiene mayorías, el senador además puso en duda que la coalición cuente con los votos para aprobar los 501 artículos.
“Definimos crear una comisión de trabajo bicameral, y luego iremos analizando y denunciando la situación. Queremos un debate democrático profundo de la ley y que todas las organizaciones sociales que quieran venir a dar su opinión acerca de ella tengan la oportunidad. Y nosotros no tenemos inconveniente en trabajar de lunes a domingo, porque son 45 días, es un trabajo intenso y queremos dar esa discusión”, finalizó Carrera.
Ley de medios
Este jueves, durante una rueda de prensa en el Palacio Legislativo, Ferrés informó que en la mañana de este viernes será presentado a la Cámara de Representantes el proyecto que modifica la ley de medios (por Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual), que originalmente estaba incluido en la LUC, pero se quitó para tratarse por separado, en los tiempos regulares. “Es una ley que, ante todo, busca mejorar desde el punto de vista jurídico algunas inconsistencias y mejora los artículos de la ley actual”, señaló Ferrés.