LUC: penas para menores infractores y delito de “agravio” a la Policía aún no tienen consenso en la coalición

“Habemus LUC”, escribió en Twitter el sábado de noche el senador del Partido Nacional (PN) Jorge Gandini, luego de finalizada la reunión de legisladores de la coalición de gobierno para terminar de pulir las diferencias sobre el proyecto de ley de urgente consideración (LUC). De todas maneras, el trabajo no finalizó el sábado, ya que varios temas quedaron por resolverse en el correr de esta semana, desglosados, para que lo estudien las subcomisiones de la coalición de gobierno o a la espera de que las autoridades inherentes a determinadas secciones den su visión en la Comisión Especial del Senado que estudia el proyecto.

Este último es el caso de, por ejemplo, la parte de la sección de seguridad que establece el endurecimiento de penas para los menores infractores, que genera reticencias en la coalición. En una rueda de prensa, Gandini subrayó que la privación de libertad de los adolescentes no depende del Ministerio del Interior, que tiene a su cargo sólo las cárceles de adultos, sino del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente. Mañana los jerarcas de ese organismo comparecerán ante la Comisión Especial, ya que su visión sobre el tema, según Gandini, es “fundamental”.

En diálogo con la diaria, el senador nacionalista dijo que a otro tema que genera una división en la coalición –porque no lo llevan ni el Partido Colorado (PC) ni Cabildo Abierto (CA)–, la desmonopolización de los combustibles, se le está buscando una alternativa, ya que Omar Paganini, titular de la cartera Industria, Energía y Minería, quiere que ese punto siga en el proyecto.

El senador Raúl Lozano, de CA, dijo a la diaria que su partido no se opone a la desmonopolización de los combustibles, sino que entiende que ANCAP “tiene que estar preparada para competir”, lo que requiere “un plan estratégico, para que cuando llegue la desmonopolización pueda competir con otras empresas”. Agregó que “lo que de ninguna manera quiere CA” es que, al desmonopolizar, como está establecido en la LUC, se “permita que una multinacional o una empresa extranjera en pocos años pueda tener el monopolio” de los combustibles. “No nos oponemos a que haya competencia, pero que estén preparados. Entendemos que ANCAP cumple un rol muy importante en el país como empresa pública y no queremos que la empresa termine cerrando”, subrayó.

Los dos últimos artículos del proyecto –el 500 y el 501–, que modifican la forma en que se ingresan los terrenos al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (básicamente, el Poder Ejecutivo debe tener el consentimiento de los dueños de la tierra), también generan discrepancias. Se decidió, entonces, esperar a que Irene Moreira, titular del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, acuda a la Comisión Especial, ya que “no hay mucha claridad con eso”, indicó Gandini.

Armas y agravios

En cuanto a la sección de seguridad de la LUC, en la coalición sigue sin haber consenso respecto del artículo 11, que agrega al Código Penal el artículo 173 BIS –junto con el de delito de “desacato”–, estableciendo la figura de “agravio a la autoridad policial”: “El que obstaculice, menosprecie, agravie, atente, arroje objetos, amenace, menoscabe, insulte o afrente, por palabras, escritos o hechos, a un funcionario policial en ejercicio de sus funciones o con motivo de estas será castigado con una pena de 3 a 12 meses de prisión”.

Gandini señaló que hay discrepancias en cuanto a este punto porque “tiene que ver con una cantidad de verbos y conductas conjugadas que generan delito y tienen demasiada amplitud, a juicio de algunos”. Lozano señaló que para CA tiene “demasiados” verbos, por lo que se debería establecer “en forma un poco más amplia, no yendo tanto a la parte chiquita”. Opinó que tantos verbos son innecesarios porque “alguno puede llegar a malinterpretarse o dársele una interpretación distinta al espíritu de la ley”.

Otro artículo que se desglosó para ser estudiado en la semana es el 115, que agrega a la ley 19.775 el derecho a portar armas cortas para el personal militar en situación de retiro “que no posea antecedentes penales, previa evaluación de su idoneidad, conforme a la reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo”. Cabe recordar que, en la actualidad, la ley 19.247, que regula la tenencia y el porte de armas, establece que los militares retirados siguen teniendo habilitado el porte de armas, pero a los cuatro años de cumplido su retiro deben tramitar el permiso de porte.

Adrián Peña, senador del PC, dijo a la diaria que su partido está dispuesto a votar el artículo 115, pero con una nueva redacción, que establezca que el porte sea sólo para oficiales, “porque son los únicos que, en los hechos, usan armas cortas”, y que, además del requisito de no poseer antecedentes penales, exija que no tengan “antecedentes de violencia intrafamiliar”.