Ministerio de Vivienda creará fideicomiso para construir 50.000 viviendas

50.000 viviendas en el quinquenio. Esa es la meta central del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) para este período de gobierno. Con el escenario de retracción económica debido al impacto del nuevo coronavirus, la cartera está manejando distintos mecanismos para acceder a un financiamiento que le permita lograr su objetivo.

Si bien los planes de ahorro del gobierno quedaron momentáneamente en pausa, la titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Azucena Arbeleche, ha remarcado en varias oportunidades que la intención de austeridad sigue intacta y, en la medida de lo posible, el gobierno continuará con su plan de ahorro. De hecho, a principios de marzo el Ejecutivo aprobó un tope de ejecución para los ministerios, fijado en 85% del gasto presupuestal anterior.

Un fideicomiso para el desarrollo de viviendas

¿Qué ideas maneja el ministerio para concretar ese número de viviendas? En entrevista con la diaria, el subsecretario de Vivienda, Tabaré Hackenbruch, dijo que es consciente de que el Estado tiene que “ordenar” sus finanzas, pero recalcó que la intención siempre fue “cortar la grasa sin cortar el músculo”. En ese sentido, el ministerio está trabajando en una “ingeniería financiera”, por medio de un fideicomiso, para atraer fondos y construir viviendas para los deciles seis y cinco, es decir, las clases media y media baja. Se eligió esta población, agregó, porque la cartera tiene otros planes en marcha para los sectores de quintiles más bajos, como el Plan Juntos y el Plan de Mejoramiento de Barrios.

“Estamos trabajando con algunas fiduciarias y Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional para evaluar la posibilidad de generar un fondo. La idea es que sea financiado por privados y fondos de pensiones, ya que hay muchos en el mundo tratando de colocar a un interés razonable. Por ahí estamos estudiando la forma de tener un financiamiento que sea privado-privado y que el ministerio solamente sea solamente un canal que permita la conexión entre las personas que quieran colocar el dinero y las que tengan la necesidad de una vivienda”, explicó Hackenbruch. Dijo que la intención es, de alguna manera, juntar “el hambre con las ganas de comer” y que en el “mundo sobra el dinero”, pero tiene que ir a lugares donde tenga la seguridad de recuperar la rentabilidad.

El objetivo es que estas construcciones tengan un precio final de entre 800 y 1.000 dólares el metro cuadrado. La estrategia para alcanzar las 50.000 viviendas nuevas, explicó el subsecretario, tiene tres partes: el fideicomiso, el decreto que modifica la ley de viviendas promovidas y la modificación del Documento de Aptitud Técnica (DAT). Con ella se busca estimular los sistemas constructivos no tradicionales. “Lo que estamos tratando de hacer es mejorar ese DAT para que sea más rápido, porque el tiempo es oro. Hoy tenemos entre diez y 12 sistemas constructivos alternativos aprobados. Nosotros queremos llevarlos a 20 o 30, sin perder la calidad. Una de las opciones que estamos estudiando es analizar las normativas de calidad de otros países para ver si podemos adaptar su realidad a la nuestra, de manera que ese DAT sea más flexible y más ágil, sin perder la calidad constructiva”, agregó.

Hackenbruch explicó que las tres medidas tienen que ir de la mano porque el primer fideicomiso “no va a ser muy alto”. Se estima que será de 70 u 80 millones de dólares. “Estamos hablando de un apartamento de dos dormitorios con un baño o una casita de dos dormitorios con un baño, 45 metros cuadrados, en el entorno de los 45.000 dólares, con un interés de 4,5%, en unidades indexadas, con una cuota que esté entre los 12.000 y los 16.000 pesos”, detalló. También se prevé que un porcentaje de esas viviendas se lo quede la Agencia Nacional de Vivienda (ANV) y el otro porcentaje, los privados.

Un presupuesto “ambicioso”

Si bien la ley de urgente consideración (LUC) que ingresó el martes a la Cámara de Senadores ha dejado en un segundo plano el debate presupuestal, el ministerio viene afinando los números para presentar una propuesta en el MEF. Los tiempos corren: antes del 1º de julio el Poder Ejecutivo debe ingresar la Rendición de Cuentas al Parlamento y antes del 1º de setiembre, el proyecto de Presupuesto Nacional.

El subsecretario no quiso dar detalles de la cifra que la cartera piensa solicitar. No obstante, adelantó que el presupuesto solicitado será “ambicioso” y “bastante superior al del quinquenio anterior”. “La idea es ir a más en todos los planes, entre ellos, el Mevir [Movimiento para la Erradicación de la Vivienda Insalubre Rural], la ANV, el Plan Juntos, el Plan Mejoramiento de Barrios y la relocalización con las intendencias”, añadió.

Hackenbruch sostuvo que la cartera se puso a trabajar en los números antes de que el covid-19 llegara a Uruguay y esto, “nos guste o no, cambia las prioridades”. En ese sentido, la vivienda, junto con la obra pública, será el “gran motor para el resurgimiento de la economía”.

Algunos cambios

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, firmó un decreto que modifica la reglamentación de la ley 18.795, de Promoción de la Vivienda de Interés Social, de 2011, que actualmente se llama de “viviendas promovidas”. En consonancia con el reclamo de la Asociación de Promotores Privados de la Construcción, el gobierno modificó varias disposiciones de la normativa vigente. Entre lo cambios, se incluyó la habilitación de la construcción de monoambientes –antes existía un tope que determinaba que sólo se permitía 50% de la construcción de unidades de un ambiente en edificios–, la eliminación del tope de la cantidad de construcciones de las que una misma empresa se podía encargar (en el marco de la ley, el máximo era 100) y la eliminación de los topes del precio de arrendamiento y venta de las viviendas.

El subsecretario defendió esta modificación: dijo que es más “necesaria que nunca”. El objetivo, sostuvo, es que se aumente la “cantidad de metros cuadrados de construcción” según lo que pauta el mercado. “No es que sea una ley que ahora favorece la construcción de monoambientes. Lo que más se vende hoy son los monoambientes y los apartamentos de un dormitorio. ¿Por qué? Por la confección demográfica de nuestro país. Entonces, la intención final del decreto y de nuestra reglamentación es que se mueva la construcción. Esto hay que tenerlo muy claro”, manifestó.

A la consulta de cuál sería el beneficio para los compradores o arrendatarios de las unidades de las viviendas promovidas, Hackenbruch respondió que el decreto estimulará la construcción, pero no impactará en el precio final del inmueble. Para controlar los precios, reiteró, están el eventual fideicomiso, el DAT y la “ley de la oferta y la demanda”. “Si hay más metros cuadrados construidos, sumado a estos dos instrumentos que impulsará el ministerio, lograremos llegar a un precio final razonable”, aseguró.

También fue una iniciativa de Presidencia incorporar los artículos 500 y 501 al nuevo borrador de la LUC. Estos aditivos establecen que, para incorporar un terreno privado al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, el gobierno debe contar con el consentimiento de los propietarios. Si el dueño se opone, se habilita al Ejecutivo a iniciar un proceso de expropiación. Tanto el Partido Independiente como el Partido Colorado –al que pertenece el subsecretario– se oponen a ambos artículos, por considerar que son un “retroceso” en materia de áreas protegidas.

El subsecretario afirmó que el MVOTMA está de acuerdo con incorporar los artículos y que se busca “defender el derecho de la propiedad sin que el Estado renuncie a poder aumentar las áreas protegidas”. “Son dos artículos que van a dar mucho para discutir y, sin querer hacer futurología, te diría que no van a salir como ingresaron al Parlamento. Me parece bien que el tema esté en discusión”, opinó.

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