Entre los legisladores que están cumpliendo estrictamente con el aislamiento voluntario está el senador colorado Julio María Sanguinetti, que no sale de su casa de Punta Carretas. El ex presidente integra la Comisión Especial del Senado que trata el proyecto de ley de urgente consideración (LUC) pero, mientras sigue en régimen de confinamiento, lo suplanta Tabaré Viera. De todos modos, Sanguinetti conversó vía telefónica con la diaria sobre el proyecto de ley estrella de la coalición de gobierno y algún que otro tema más.

¿Qué opinión le merece la versión final de la LUC que entró al Parlamento?

Lo primero que me parece importante es el debate constitucional que se planteó. Soy muy rotundo en decir que de ningún modo se puede hablar de inconstitucionalidad. Trabajé en la Constitución de 1967, en la cual se redactó el mecanismo de la ley de urgencia, y en aquel momento nos inspiraba la Constitución francesa. Lo corredacté con el profesor Alberto Ramón Real, que era el especialista en estos sistemas, y recuerdo muy bien lo que se quería y también que sus limitaciones estaban claramente definidas. Ya desde el primer momento se habló de si le correspondían o no las más variadas materias, porque las hubo en el primer proyecto de ley de ese tipo, y se estableció que no había ninguna limitación desde ese punto de vista y que la unidad era la de la orientación política, que le daba coherencia. Este caso es bien típico, porque se trata de un nuevo gobierno, después de 15 años de gobierno de un mismo partido, y en consecuencia aparece como una presentación programática de las prioridades.

Más allá de la constitucionalidad, ¿cree que todos los temas que están en la LUC ameritan que sean tratados de urgencia? Por ejemplo, el proyecto de una nueva ley de medios, que estaba originalmente en la LUC, el Poder Ejecutivo lo sacó de allí para que sea tratado por separado, o sea que hay cosas que pueden presentarse en un proyecto común.

Todo se puede tratar en un proyecto común, pero ese no es el tema. En la LUC se tocan temas que pueden ser materia de ley ordinaria, pero es la ocasión lo que califica la urgencia, no la naturaleza del proyecto. Por ejemplo, una reforma del Código del Proceso Penal puede ser urgente o no, según el momento.

¿Para usted la ocasión lo amerita?

Está muy claro que esto fue anunciado previamente; durante la campaña electoral, fue un tema recurrente del presidente [Luis Lacalle Pou]. Luego se presentó un primer borrador, allá por enero, o sea que es un tema largamente hablado y anunciado, y con un texto también largamente preanunciado, porque en enero los temas básicos ya estaban presentados en la calle.

Algunos legisladores de la coalición de gobierno discrepan con el endurecimiento de las penas para menores infractores que se establece en la sección de seguridad de la LUC. ¿Qué visión tiene sobre eso?

Es uno de los tantos temas opinables y discutibles, y se está viendo cómo se puede corregir para mejorar y llegar a un consenso. Yo no tengo ninguna opinión personal dogmática, es un tema al que se le puede buscar una solución razonable. Lo que sí creo que es muy urgente es el conjunto del tema de la seguridad. Esta es una señal para la Policía, para la Justicia y –si cabe la expresión– para el propio mundo delictivo, de que acá hay una prioridad del gobierno y en el que se está dispuesto a marchar hacia adelante, para defender la legalidad y el Estado, y para proteger a la Policía y darle más herramientas para defenderse. También para asumir que está siendo constantemente agredida y darle mejores elementos de presunción de legalidad, de calificación de los delitos de agresión o de desacato a la acción policial. A mí me parece muy importante esto. Acá discutimos los cuatro o cinco puntitos de la diferencia, pero eso no es lo importante sino lo otro, el conjunto de las concordancias que tiene la coalición, que le plantea al país en temas tan relevantes como este o como la educación.

¿Cómo ve los dos primeros meses del Ministerio del Interior a cargo de Jorge Larrañaga?

Lo que se percibe claramente es un mayor compromiso de la Policía en la calle. Eso lo ve todo el mundo, y genera una sensación mayor de seguridad. Usted me dirá: ¿es sensación o realidad? Bueno, el tiempo lo dirá. Pero, en cualquier caso, creo que la presencia policial contribuye a que la sociedad vaya ganando en tranquilidad y en confianza. Los propios procedimientos policiales muestran una actitud de compromiso que es remarcable. De modo que miramos con optimismo esa acción. Los resultados se verán en el correr del tiempo. No se puede estar midiendo la cosa en dos o seis meses. El deterioro viene de muy atrás y ha sido muy profundo.

Otro tema de la LUC en el que no hay consenso en la coalición es el de la desmonopolización de ANCAP. De hecho, se había sacado del documento elaborado en conjunto antes de la segunda vuelta electoral, “Compromiso por el país”.

La tendencia es a que las empresas del Estado compitan. Quienes hemos defendido siempre la presencia de las empresas del Estado, y como batllistas nos sentimos identificados con ellas, las queremos fuertes, prestigiosas y en competencia. La experiencia del país ha sido buena: el Banco de Seguros, Antel –con la telefonía celular–, las AFAP, es decir, que el Estado compita con la actividad privada es bueno, sano y mejora a todos. Personalmente, pienso que si Antel tuviera el monopolio de los celulares quizás –o casi seguramente– no estaría brindándonos el servicio que hoy tiene. Tampoco si hubiera un monopolio privado, que en algún momento se planteó, y nosotros nos opusimos. De modo que la tendencia va a ser lograr el precio de paridad del combustible, o sea, que llegue a la puerta de la refinería más o menos con el mismo valor de la importación. Ahora, de un día para el otro es muy difícil, porque además ANCAP tiene que prepararse para la competencia, porque carga con cosas que no tienen mucho que ver con el tema del combustible o de la necesidad colectiva. Por ejemplo, se carga sobre el combustible un subsidio al transporte colectivo de Montevideo, y lo paga todo el país. Esas son cosas que hay que ir corrigiendo.

Además de lo de ANCAP, el artículo 268 de la LUC establece que Antel prestará servicios mayoristas sobre su infraestructura y redes a prestadores de servicios de telecomunicaciones interesados. ¿En estos temas relacionados con las empresas públicas ve diferencias con el referéndum de 1992 para derogar parte de la Ley de Empresas Públicas, aprobada en el gobierno de Luis Alberto Lacalle?

No tiene nada que ver, porque el referéndum de 1992 era porque había una venta de la empresa, y acá no hay ninguna venta de la empresa, sino todo lo contrario. Usted sabe muy bien que yo estuve en contra de esa ley y, mirado en perspectiva, pienso que fue lo mejor, porque no era un gran momento para vender, por más que en aquella época estuviera de moda en América Latina. Se salvó la integridad de Antel, que creció y se modernizó: fuimos los primeros que logramos la digitalización de toda la red telefónica en América. Lo mismo pasó con la telefonía celular, que se abrió –en el final de nuestra primera presidencia–, con un contrato de arrendamiento que hizo Antel para lo que entonces se llamaba Movicom, y luego entró a competir Ancel. Esos fueron procesos sanos y buenos de competencia, o sea que Antel sabe lo que es la competencia. Y en este caso el debate es muy específico, sobre el uso o no de la red de fibra óptica. Lo que está planteado es la posibilidad de arrendar, de vender –digamos así– uso de fibra óptica. Eso no es lesivo: el dueño de la fibra óptica sigue siendo Antel.

En la conferencia de prensa del lunes Lacalle Pou dijo que el gobierno tiene una agenda “próvida”. ¿Qué opina al respecto?

Es notorio que he sido defensor de la despenalización del aborto desde hace más de 40 años: aun en la época de la dictadura publiqué artículos en esa dirección. Siempre lo sostuve y no por ser partidario del aborto, porque el aborto es un fracaso, como el divorcio. Pero el tema es que los matrimonios a veces no tienen suerte, entonces el divorcio pasa a ser el remedio imprescindible para una situación aún peor; y en la maternidad pasa lo mismo: hay situaciones en las que una maternidad no querida lleva en los hechos a esa situación. Por lo tanto, el aborto es un fracaso que hay que tratar de evitar, primero con una educación sexual adecuada, con los métodos anticonceptivos adecuados y con todos los elementos de disuasión que permitan que la fecundación sea sólo el resultado de una relación querida, basada en el amor y no en la fatalidad o en la casualidad. Todos tenemos la actitud de tratar de evitar el aborto, que no es la situación deseable, pero lo que ocurre es que, ante una maternidad no querida, es la mejor solución que se ha encontrado. Soy partidario de la ley y se va a aplicar, como dijo el presidente.

El líder de Cabildo Abierto, el senador Guido Manini Ríos, dijo que de esta crisis se sale más con John Keynes que con Milton Friedman. ¿Qué le parece?

La oposición Keynes-Friedman no es demasiado exacta. Si entendemos por Keynes una vigorosa acción del Estado, eso ya está claro. Hoy creo que se va a salir más con [Joseph] Schumpeter, es decir, con el vigor de las empresas innovando para generar empleo. La hora del Estado llegó, el Estado ha enfrentado la pandemia, y ahora en la salida tiene que apoyar el empleo. Eso supone ir, como decía Schumpeter, a la esencia del ritmo de la economía, que son las empresas, medianas, chicas, grandes, en cada caso con su política, pero es así. Hoy creo más en Schumpeter que en Keynes y Friedman.

¿No le entusiasma mucho Keynes?

Keynes era un genio, Friedman era otra cosa. Desde mi punto de vista, irreverente –lo miro desde una perspectiva de ciencias sociales–, no son comparables. Adam Smith era un genio, por ejemplo; Keynes, otro genio; y Schumpeter también lo era. Entonces, su idea de que la innovación es el motor de la economía, de que hay un proceso de “destrucción creativa” en el que el más innovador va desalojando al menos innovador, y que esto a su vez es la dinámica que produce el crecimiento, me parece una de las ideas más notables en el pensamiento económico-social.

Ya que hablábamos de Manini, ¿qué piensa de las declaraciones que hizo el 14 de abril en el Senado, cuando defendió a militares retirados procesados por delitos cometidos en la dictadura?

Fue una declaración inoportuna en cuanto al momento e inconveniente en cuanto a su contenido. Punto.