“La ejecución de una política integral de salud sexual y reproductiva ha permitido ubicar a Uruguay como uno de los países con la menor mortalidad materna vinculada al embarazo, parto, puerperio y aborto, de toda América Latina y ha cambiado el paradigma de la relación sanitaria, promoviendo una atención basada en el respeto por los derechos de la mujer, en la promoción del asesoramiento y la información para la toma de decisiones, la anticoncepción universal y gratuita y la instalación de servicios seguros de atención sexual y reproductiva”, dice el comunicado que emitió este martes la bancada de senadores del Frente Amplio (FA) ante las declaraciones del presidente Luis Lacalle Pou en la conferencia de prensa que dio el lunes a los periodistas del interior del país.
El presidente dijo que la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) es una “ley vigente” y tuvo las “voluntades que debió tener”. Sin embargo, dijo que, como ya había anunciado durante la campaña, el gobierno tiene una agenda “pro vida”.
Los senadores del FA señalan que Uruguay es uno de “los países pioneros” en “el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos y en la implementación de políticas públicas que garanticen su ejercicio”, lo que quedó plasmado en la ley IVE y en la Ley del Derecho a la Salud Sexual y Reproductiva.
Los legisladores destacan que estas dos normas fueron discutidas no sólo en el ámbito político, sino que también se involucró a la sociedad civil y a la academia. Además, se señala que “el Estado tiene la obligación de garantizar” el efectivo cumplimiento de las leyes, “removiendo los obstáculos de acceso al servicio, robusteciendo los servicios, asegurando los recursos para universalizar la cobertura, fortaleciendo el sistema para asegurar la mejor atención posible, avanzando en la educación sexual y reproductiva”.
Para los frenteamplistas, que el gobierno cuente con una agenda pro vida “atenta contra los cometidos que impulsaron la promulgación de la normativa vigente y la implementación de una política de salud pública que ha demostrado ser exitosa, y garantista de los derechos humanos de las mujeres”.
La bancada de senadores del FA asegura que los dichos de Lacalle Pou “ponen en duda la promoción del cumplimiento de la normativa vigente en materia de interrupción voluntaria del embarazo”.
En tanto, el cardenal Daniel Sturla respaldó los dichos de Lacalle Pou y destacó en su cuenta de Twitter que es “un avance significativo en el camino de la defensa de la vida humana más débil”. Un mes atrás, el arzobispo de Montevideo dijo que el aborto no es un derecho: “Yo creo que no es un derecho, y ahí está el error. La ley despenalizó el aborto, no promovió un derecho. Una cosa es despenalizar un delito y otra cosa es darles un derecho, promoverlo”, dijo en diálogo con Montevideo Portal.
Esta no es la primera vez que Lacalle Pou habla sobre una agenda “pro vida” en el interior del país. Durante la campaña, en un acto en Colonia, dijo que iba a “hacer lo imposible para que no haya abortos”. En agosto de 2019 aseguró que impulsaría una “paternidad responsable”, políticas de adopción, los anticonceptivos y la educación sobre el embarazo adolescente.
Unos días después, Pablo da Silveira, ahora ministro de Educación y Cultura, dijo: “Una cosa es estar de acuerdo con la despenalización del aborto y otra cosa es estar contento con que una hija o una hermana se haga un aborto. Uno puede decir que la solución de la despenalización es respetable, pero otra cosa es hacer todo lo posible para que las chicas uruguayas no lleguen a ese punto”..
No revertir las políticas
La Sociedad Uruguaya de Medicina Familiar y Comunitaria (Sumefac) manifestó su preocupación sobre el anuncio del presidente de impulsar una política de desestímulo de los abortos apostando a una agenda provida. En un comunicado, Sumefac afirma que en “el mundo un 8-11% de las muertes maternas son causadas por abortos realizados en condiciones de riesgo según datos del 2018 y estas muertes se dan principalmente en los países con políticas más restrictivas con respecto a la IVE. Nuestro país se encuentra entre los pocos países de América Latina junto con Cuba y Guyana que han despenalizado el aborto en determinado plazo y a determinada edad gestacional”.
En este sentido, se plantea que en un momento de crisis, en el que las mujeres y niños y niñas son los principalmente afectados, el mensaje provida es un “discurso vacío”. “Estar a favor de la vida debe implicar no revertir las políticas que han permitido que las mujeres no mueran cada año por abortos realizados en condiciones de riesgo, no retroceder en derechos, invertir más recursos para que nuestros niños y niñas puedan vivir en condiciones adecuadas, sin hambre, sin racismo, sin violencia y con una vida digna. Y sobre todo sin mujeres, en especial mujeres pobres que mueren en nuestros hospitales por los complicaciones de los abortos clandestinos, algo que estábamos acostumbrados a ver antes del 2001”.