El colectivo Más Igualdad organizó un encuentro virtual este domingo en el que distintos actores referentes en políticas públicas intercambiaron posturas sobre la problemática de la situación de calle, con énfasis en las políticas sociales e institucionales. Los participantes, académicos y representantes de colectivos sociales coincidieron en la necesidad de trascender la mirada cuantitativa, individualizadora y prejuiciosa de la situación de calle, para ir hacia una perspectiva de restitución de derechos humanos con énfasis en el rol del Estado.
El ex director nacional de Evaluación y Monitoreo del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) Juan Pablo Labat consideró que desde la creación del Mides y durante los 15 años de gobierno frenteamplista “se sentaron las bases de una metodología para analizar las políticas que se aplican; hoy hay una academia tonificada, especializaciones, investigadores, sistemas de monitoreo y evaluación y conocimiento acumulado en ciertas áreas que nos deberían permitir seguir dando pasos adelante, más allá de a quién le toque gobernar”. Si bien asumió que “se cometieron errores” durante la aplicación de estas políticas, destacó que “hay algunos saberes bastante asentados que deberían ser utilizados para desarrollarlas”.
En la misma línea, Micaela Melgar, ex directora de la División de Coordinación de Programas para Personas en Situación de Calle del Mides, señaló que el Estado “tiene que responsabilizarse por las causas y las consecuencias que implican que una persona esté en situación de calle”, para lo cual es necesario “planificar y ejecutar políticas sociales que restituyan los derechos que esas personas tienen y no están ejerciendo en ese momento”. En ese sentido, y en referencia al fenómeno de las ollas populares que se expandió con la crisis derivada de la pandemia por coronavirus, Melgar afirmó que “el derecho a la alimentación lo tiene que garantizar el Estado”, y que “la solidaridad no puede operar como la invisibilización de un derecho que está siendo cercenado”.
“La población en situación de calle no es un paquete homogéneo de gente igual, que lo que necesita es una cama para pasar la noche. Es un fenómeno dinámico que requiere diferentes tipos de intervenciones para diferentes tipos de situaciones”, explicó Melgar. Al respecto, subrayó que esa cartera “ha avanzado en pensar la intervención social con base en perfiles y necesidades”, e identificó como un desafío por delante la necesidad de evitar que la crisis económica actual “redunde en un aumento de la pobreza y, por ende, de la gente en situación de calle”.
La coordinadora de la Licenciatura en Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, Sandra Leopold, consideró que el abordaje del fenómeno de la situación de calle “históricamente ha convocado a caridades y represiones; ambas estrategias coincidentes en el carácter individualizador de la lectura sobre el sujeto que está en situación de calle, al que se responsabiliza de haber generado la peripecia vital y de la posibilidad de superarla”.
Leopold señaló que la convivencia “bien aceitada” entre represión y caridad “remite a una lógica comprensiva de la conflictividad de la sociedad capitalista que reconoce en la esfera moral lo específico del ser social”. “Es decir que la cuestión social no deriva de la estructura y dinámica de la sociedad capitalista, sino de un conjunto de dilemas mentales y morales”, explicó la docente, e indicó que esta “asociación caritativa-represiva es historia también de nuestra política pública”.
Por su parte, Walter Ferreira, integrante del colectivo Ni Todo Está Perdido, destacó que “hay un debate real” en torno a este tema, aunque desde una perspectiva “criminalizadora y culpógena”. “Cuando hacemos análisis de la realidad es como si las cosas sucedieran mágicamente o por generación espontánea. Detrás de cada muerto a la entrada del invierno hay una serie de dramas, que tienen que ver con enfermedades, deterioros del cuerpo y de las mentes, y especialmente con dispositivos montados que van permitiendo eso”, sostuvo Ferreira. Uno de esos dispositivos, indicó, es la ley de faltas, que “nos acompañó en todo este período progresista y es base para que hoy puedan pensar nuevas políticas de represión”, apuntó. “La represión policial no nace en marzo de este año, tenemos un historial en ese sentido”, recordó.