En esta investigación de la diaria liderada por la Red de Periodistas de América Latina para la Transparencia y la Anticorrupción (PALTA) se constató que Uruguay paga los tapabocas descartables a un precio cuatro veces mayor que su costo de importación. El gobierno prometió que controlaría abusos de precios, pero no hay normativa que limite los márgenes de ganancia.
Corría el año 2019. Todavía no habían aparecido los primeros casos de covid-19 en Wuhan, y nada hacía prever la crisis sanitaria y económica global que se desataría apenas unos meses después. Ese año, el Estado uruguayo realizó cinco compras de mascarillas (tapabocas) descartables a un precio promedio de 2,24 pesos uruguayos (0,05 dólares) por unidad. En cambio, en 2020, en los primeros tres meses de la pandemia, el Estado pagó en promedio 0,9 dólares por unidad, un precio 18 veces más caro que en 2019. A modo de ejemplo, una misma empresa, Emilio Benzo SA, vendió el 9 de agosto de 2019 al Ministerio del Interior tapabocas descartables a un costo de 2,53 pesos uruguayos por unidad, y el 17 de marzo de 2020 le vendió al Poder Judicial el mismo insumo a un costo de 36,5 pesos por unidad.
Esta circunstancia no se explica solamente porque la demanda de mascarillas aumentó y los costos de estos insumos se incrementaron a nivel mundial, sino porque los márgenes de ganancia de las empresas que comercializan estos productos se ensancharon significativamente. De la comparación de los costos de importación con los precios surge que mientras en 2019 el Estado compraba los tapabocas al doble de su costo de importación, durante los primeros meses de la pandemia esta brecha fue aún mayor, y los sobreprecios llegan en algunos casos a 400% respecto del costo de importación, como queda de manifiesto en la siguiente tabla:
Comparativo de precios de mascarillas. En dólares, por unidad.
(1) Promedio de los precios de las mascarillas por unidad en establecimientos comerciales, según información del Área de Defensa del Consumidor del Ministerio de Economía y Finanzas del mes de junio de 2020.
(2) Promedio del precio por unidad de todas las compras de mascarillas realizadas por el Estado en los primeros tres meses de la pandemia (13 de marzo-12 de junio de 2020)
(3) Promedio del precio por unidad de todas las compras de mascarillas realizadas por el Estado en 2019.
(4) Promedio del valor CIF en dólares pagado por unidad por los importadores en los primeros tres meses de pandemia.
(5) Promedio del valor CIF en dólares pagado por unidad por los importadores en los meses de marzo y abril de 2019.
Fuentes: Unidad Centralizada de Adquisiciones (MEF), Agencia de Compras y Contrataciones del Estado, Sistema Lucía de Aduanas, Área de Defensa del Consumidor del MEF.
Durante la pandemia, las mascarillas descartables se venden al público a un precio cuatro veces mayor que su costo de importación; las mascarillas de tela se venden a más del doble del costo de importación; y las N95 le cuestan a la población más del triple de lo que costó importarlas.
Algo similar sucede con las compras que realiza el Estado de estos productos. Las mascarillas descartables se pagan el triple de su costo de importación, las de tela se pagan 50% más, y las N95 casi cuatro veces más.
A esto se suma que el 24 de marzo, el gobierno emitió una resolución que exonera de tributos el ingreso al país de mercaderías vinculadas al combate a la covid-19, y entre ellas figuran las mascarillas.
Si bien los sobreprecios registrados son importantes, en Uruguay no existe una normativa que establezca cuáles son los márgenes de ganancia aceptables en estos casos.
El mayor importador de mascarillas durante los primeros tres meses de la pandemia fue Farmashop (Coboe SA). Según la información que surge del sistema Lucía de la Dirección Nacional de Aduanas, Farmashop fue la empresa que invirtió un monto mayor en las importaciones de estos productos.
Entre las cinco empresas que gastaron más en la importación de mascarillas hay otra del rubro médico –Mediland SA, representante oficial en Uruguay de la multinacional Citizen Micro Human Tech– y una del rubro de equipamiento –Confir SA, empresa de comercialización y distribución de ropa de trabajo y elementos de protección personal–.
Pero en el ranking se destacan dos empresas cuyos rubros están muy distantes de la medicina: Dister Joyas SRL y la empresa mobiliaria Bertoni. Sus historias se cuentan en un artículo sobre empresas reconvertidas en la región a raíz de la pandemia, realizado por la Red PALTA.
En cuanto al origen de las importaciones, 77,8% de las mascarillas que ingresaron al país provinieron de China.
Precios en descenso
El anuncio del ingreso de la covid-19 desató una fiebre inusitada en la población uruguaya. Las redes sociales se llenaron de imágenes de personas llevando carritos de supermercados repletos de distintos tipos de productos. Los preferidos para el acopio fueron el papel higiénico y el agua mineral. Muchas personas decidieron aprovisionarse como si se avecinara una guerra, y durante días faltaron algunos productos en las góndolas de los supermercados. El alcohol en gel se agotó en varias farmacias. Los comercios incluso tuvieron que establecer límites a las compras que podía realizar una sola persona para evitar el desabastecimiento.
En paralelo, los precios subieron abruptamente al inicio de la pandemia, aunque luego comenzaron a descender, como lo muestra el siguiente gráfico para el caso de los tapabocas o mascarillas descartables.
Evolución de los precios de las mascarillas descartables (por unidad).
Transcurridos tres días de la llegada de la enfermedad al país, la central sindical PIT-CNT se reunió con el gobierno y le planteó la preocupación de los trabajadores organizados por el aumento abrupto de los precios de bienes básicos de alimentación e higiene. El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, anunció el compromiso del gobierno de publicar en la página en internet del Área de Defensa del Consumidor un listado de precios de insumos básicos, y así lo hizo. El listado se actualiza de lunes a viernes. El cometido, según consta en el sitio del área, es darles herramientas e información a los consumidores. La información, desagregada por producto y por local de venta, se publica de manera regular para “contribuir con la transparencia de información respecto a productos esenciales de consumo y combatir prácticas abusivas que pueden perjudicar los derechos e intereses de los consumidores en este período de emergencia por la propagación global del covid-19”.
El 8 de mayo, el gobierno anunció un acuerdo con comerciantes, intermediarios y productores para no aumentar por tres meses los precios de la canasta básica de alimentos, de higiene y sanitaria. Este puede ser un factor que explique por qué los precios de las mascarillas, por ejemplo, no han tenido variación desde el 19 de mayo, según se muestra en el gráfico anterior.
El secretario de Presidencia dijo en una conferencia de prensa que el gobierno entendía que “hubo abuso” en materia de precios. Respecto del acuerdo, aseguró que “no hubo imposición del gobierno, sino planteos para tener precios razonables”.
Álvaro Delgado también dijo, en la misma instancia, que el Ministerio de Economía y Finanzas tiene “capacidad de sancionar” a las empresas “por incumplimiento” del acuerdo. Ya el 16 de marzo, en un comunicado, el gobierno había asegurado que vigilaría los precios de los productos alimenticios, de higiene y sanitarios junto con la Dirección Nacional de Aduanas para que no se dieran prácticas de “especulación y precios abusivos”. Pero más allá de la publicación de los precios, no se ejerce un control efectivo sobre los insumos médicos y de higiene. En conversación con la diaria, desde Defensa del Consumidor se planteó que finalmente el control estuvo destinado a los precios de los productos declarados de primera necesidad (alimentos de una canasta básica elaborada por el Sistema de Información de Precios al Consumidor y el Mercado Modelo).
Los gastos del Estado
El Estado uruguayo gastó 9,3 millones de dólares en los primeros dos meses de la pandemia solamente para comprar mascarillas, ventiladores, pruebas moleculares y equipos de protección personal, según la información disponible en el sitio del Ministerio de Economía y Finanzas y en la página de la Agencia de Compras y Contrataciones del Estado (ACCE).
Las compras públicas de insumos relacionados al combate a la covid-19 abarcaron a diversos organismos estatales, no solamente a los vinculados al rubro salud. En el caso de la adquisición de mascarillas, equipos de protección personal y pruebas diagnósticas, la mayor adquirente fue la Unidad Centralizada de Adquisiciones del Ministerio de Economía y Finanzas (UCA), porque compró para distribuir entre distintos organismos del Estado. Las mascarillas adquiridas por UCA se destinaron a los ministerios del Interior y Defensa Nacional, Presidencia de la República, la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), el Banco de Previsión Social, el Banco de Seguros del Estado, el Instituto del Niño y el Adolescente de Uruguay (INAU), el Hospital de Clínicas de la Universidad de la República, el ente petrolero estatal ANCAP y el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente. También se destinaron mascarillas para las intendencias de Paysandú, Lavalleja, Maldonado, San José y Colonia. Desde la UCA explicaron a la diaria que se adquirieron insumos sólo para cinco intendencias de las 19 que tiene el país, porque fueron estas las que lo solicitaron. Para la adquisición de mascarillas, la UCA gastó cerca de 850.000 dólares en los primeros dos meses de pandemia.
Pero otros organismos estatales también gastaron sumas importantes para comprar estos insumos. La empresa estatal de agua y saneamiento, OSE, gastó cerca de 70.000 dólares; ASSE, el prestador público de salud en Uruguay, le sigue con aproximadamente 40.000 dólares, y luego figura el Ministerio del Interior con una cifra similar.
El Estado pagó las mascarillas en general a un precio menor al de venta al público, aunque hay excepciones. El 23 de abril, la Administración Nacional de Correos pagó por una compra de 3.000 mascarillas descartables a la empresa H Rafuls Camou 1,34 dólares por cada mascarilla, cuando el precio promedio de venta al público de ese insumo en esa fecha era de 1 dólar. Del mismo modo, el 27 de abril, el Instituto Nacional de Donaciones y Trasplantes del Ministerio de Salud Pública pagó 1,37 dólar por cada mascarilla a la empresa Salomón Najson e Hijo Ltda, en una compra de 100 unidades. Y el 15 de mayo, la Dirección Nacional de Educación del Ministerio de Educación y Cultura pagó 1,25 por cada mascarilla a la empresa Barbados SA, en una compra de 500 unidades, cuando el precio de venta al público en ese momento promediaba los 0,87 dólares.(*)
En las compras que se realizaron durante el primer mes de la pandemia, la adquisición de las mascarillas N95 fue a un precio superior al del mercado, pero luego los costos bajaron sensiblemente; este producto pasó de costar en promedio 500 pesos (11,4 dólares) durante el primer mes a costar 190 pesos (4,3 dólares) en promedio durante los últimos dos meses.
Los precios más altos pagados por el Estado en compra de mascarillas.
(*) En pesos, por unidad, incluye impuestos
Más allá de la información general, que es pública en el sitio de ACCE, los estudios técnicos y la información detallada sobre las razones que llevan a cada organismo a seleccionar una oferta sólo están disponibles para los proveedores que ofertan, informaron a la diaria desde las secciones de compras de los organismos públicos consultados.
Algunas de las empresas que se beneficiaron en mayor medida de las compras públicas de mascarillas ya pertenecían al rubro médico. Es el caso de Medicalkit SA, una empresa dedicada a la fabricación e importación de ropa descartable en tela no tejida (TNT) para el área médico/hospitalaria, que funciona en el país desde 1992. También de Sakira, Unión Disprofarma y Medical Zonsejnas, empresas de comercialización e importación de productos médicos.
Otro grupo de beneficiarios está constituido por empresas que se dedican a la importación de distintos tipos de productos, como en el caso de Zupre Ltda, Alejandro Carbajal Rodríguez y Peques SRL.
Finalmente, un tercer grupo está compuesto por empresas cuyo rubro no es la comercialización de productos médicos, como en el caso de Imprenta La Económica SA; Somalux SA, empresa de comercialización de insumos de oficina y artículos de limpieza; y Dersolan SA, una empresa familiar de calzado. En este último caso, sus dueños buscaron una nueva línea de negocios en el marco de la pandemia para evitar que la empresa cerrara. Su historia se relata en el artículo de Red PALTA ya mencionado sobre empresas que se reconvirtieron para intentar paliar los impactos de la covid-19 en su actividad económica.
Las 10 empresas más beneficiadas por las compras públicas de mascarillas.
Fuentes: Unidad Centralizada de Adquisiciones (MEF), Agencia de Compras y Contrataciones del Estado.
La academia al servicio del país
En Uruguay, la sociedad civil y la academia se incorporaron activamente a colaborar en el combate a la covid-19. Un ejemplo de ello es la creación de la plataforma Acá estamos Uy, una iniciativa de innovación social que nuclea en un mismo sitio en línea diversas iniciativas ciudadanas, desde la organización de ollas populares hasta propuestas en materia educativa, laboral y cultural. En ese marco se generó una iniciativa que tuvo sus primeros frutos el mes pasado. Docentes y estudiantes de Diseño Industrial de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de la República (Udelar), docentes de Diseño y Fabricación Digital junto al Departamento de Innovación y Diseño de la Universidad del Trabajo (UTU), el Hacklab (espacio académico de la Facultad de Arquitectura) y el espacio colaborativo La Fábrica desarrollaron 21.000 protectores faciales para el combate a la covid-19.
El protector o mascarilla facial es una pantalla transparente de PET (tereftalato de polietileno) que sirve para proteger ojos, nariz y boca de salpicaduras de fluidos. Farmashop los vende a 389 pesos (8,8 dólares).
A mediados de mayo, la Organización Panamericana de la Salud, Udelar y UTU le entregaron al Ministerio de Salud Pública los 21.000 protectores faciales elaborados de forma colaborativa, que fueron destinados al cuidado del personal de la salud pública y privada en Uruguay.
(*) Nota de edición: Una versión previa de esta nota mencionaba a la empresa Aresche Buffo Alejo en la enumeración de las ventas al Estado que estuvieron por encima de los precios de mercado, pero el dato es erróneo: la empresa fabrica tapabocas de tela y no tapabocas descartables, por lo que sus precios están muy por debajo del promedio del mercado. Pedimos disculpas a los involucrados y a los lectores.
Este reportaje forma parte de una investigación regional, liderada por la red de Periodistas de América Latina para la Transparencia y la Anticorrupción (Red PALTA), que integran la diaria de Uruguay, OjoPúblico de Perú, Datasketch de Colombia, La Nación de Argentina, PODER de México, OjoConMiPisto de Guatemala y El Faro de El Salvador, apoyada en parte por Hivos y Open Contracting. Para leer sobre el sistema de compras y contrataciones de América Latina también puedes ingresar al sitio de la Red Palta.