Este lunes a las 14.00, en el Juzgado de Crimen Organizado, la magistrada especializada en esa área María Elena Maynard dictará la sentencia sobre el pedido de extradición a Panamá de la contadora Maya Cikurel, pareja del ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira.
Cikurel venía cumpliendo la prisión domiciliaria desde febrero, luego de que la Justicia uruguaya dictara la detención preventiva, por su presunta implicación en el caso de la constructora brasileña Odebrecht, a la espera de que se definiera el pedido de extradición. No obstante, en una audiencia celebrada el 26 de mayo, se resolvió el levantamiento de las medidas cautelares que venía cumpliendo, por lo que quedó en libertad, aunque con la retención del pasaporte y la obligación de presentarse en la seccional policial una vez por semana.
Ese día, el fiscal Ricardo Lackner argumentó a favor de la solicitud, en el entendido de que “se cumplieron las formalidades y correspondería hacer lugar al pedido de extradición”. Lackner aclaró en ese momento que “el proceso extraditorio es un proceso formal” en el que “no se resuelve ni la inocencia ni la culpabilidad de la persona”, sino “si esa persona debe ser entregada a otro Estado para ser juzgada”. En esa oportunidad, dijo que el pedido se ajustaba a las previsiones del tratado de extradición firmado entre Uruguay y Panamá. “La regla, según el artículo primero del tratado, es brindar la cooperación, y la excepción es negarla”, expresó.
Si Maynard resuelve dar lugar al pedido de extradición, es casi un hecho que la defensa de la contadora apelará la decisión, por lo que la definición del tema llevará su tiempo. Si bien hasta ahora la defensa no ha adelantado su opinión, Lackner señaló en mayo que “la práctica indica que en caso de que no les resulte satisfactorio utilizarán todos los medios impugnables”.
En febrero de 2018, Panamá pidió al Estado uruguayo que le tomara declaración a Cikurel en calidad de indagada, pero Uruguay negó el pedido, en la medida en que el derecho uruguayo requiere que los indagados declaren asistidos por abogados, y eso implicaba la búsqueda de un profesional que conociera el derecho panameño, por lo que “no se podía cumplir con las garantías”, explicó Lackner.
La contadora es acusada por la fiscal panameña Tania Iskra Sterling Bernal de ser beneficiaria de transferencias de la constructora brasileña para pagar coimas millonarias a políticos y gobernantes. Por medio de la empresa Arcadex Corporation, una offshore registrada en Belice y asociada a la contadora, la constructora depositaba coimas en la cuenta bancaria de gobernantes o políticos. Uno de los que recibieron sobornos mediante esta offshore es el ex presidente panameño Ricardo Martinelli, quien gobernó entre 2009 y 2014.