La promesa electoral del presidente Luis Lacalle Pou de priorizar el cuidado medioambiental mediante la creación de un ministerio para esos efectos está bajo amenaza por un escollo salido de su propia gestión, señalan los trabajadores de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama).
El decreto 90/2020, firmado por el mandatario pocos días antes de que comenzara la pandemia, estableció que cada ministerio o inciso de la administración pública no podrá gastar este año más de 60% de lo que gastó en 2019 en la concreción de nuevos contratos para personal. Además de los funcionarios públicos, en muchas áreas del Estado hay trabajadores que tienen vínculos contractuales anuales y que ya han advertido de las consecuencias de la aplicación de este decreto, como ocurrió en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y la Red Nacional de Drogas. En la Dinama estos empleados representan 40% de la planilla, y 80% en algunas divisiones o departamentos.
Próximos al vencimiento de muchos de esos contratos, el 30 de junio, los trabajadores de la Dinama hicieron circular un comunicado en que cuentan que en total son 109 los empleados que podrían ser despedidos: profesionales, administrativos y técnicos especializados en distintas áreas de la temática ambiental, que accedieron a esos cargos por “llamado público”. La antigüedad promedio es de cinco años, pero hay casos de personas que están trabajando desde hace 15 años en esta modalidad, aseguran. “No sólo se trata de personal asignado a tareas puntuales y específicas, sino que también compartimos y complementamos una multiplicidad de funciones con el personal presupuestado”. Estos funcionarios se dedican a controlar la contaminación en el agua, suelo y aire, medir la calidad de agua en ríos y lagunas, realizar estudios de impacto ambiental, atender denuncias, proteger y promover el uso sustentable de “ambientes claves” y velar por la conservación de la biodiversidad en las 17 áreas protegidas del país, se describe allí.
“¿Cómo se llevará adelante el cumplimiento de las políticas nacionales de protección del ambiente si se reducen las capacidades institucionales? En este escenario de priorización de lo ambiental, la reducción del personal que está cumpliendo esas funciones resulta contradictoria, y compromete significativamente las capacidades del Estado uruguayo”, culmina el texto.
Lucía Bergos, una de las trabajadoras de la Dinama, dijo que esta semana se reunieron con el director nacional de Medio Ambiente, Eduardo Andrés, y también presentaron notas entre el 12 y el 14 de mayo a las autoridades y a la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE). Además, ayer se le envió una petición al secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, para que se exceptúe del decreto a los funcionarios de la Dinama, como ya se hace con docentes, personal técnico y especializado de salud, policías y militares.
Andrés dijo a la diaria que la dirección está dando cumplimiento al decreto, y eso los pone en una “situación difícil y genera situaciones difíciles con los funcionarios”. El jerarca sostuvo que a pesar de la situación, “el año que viene se incorporará el nuevo ministerio [cuya creación está prevista en el proyecto de ley de urgente consideración] y quizás allí cambie la estrategia económica, se amplíen los presupuestos y vuelva a haber nuevas posibilidades”.
Bergos aseguró que ya ha habido 15 personas a las que no se le renovó el contrato, y explicó que entre los empleados hay preocupación por los criterios con que se decide qué trabajadores son los que no continuarán. Entre esas personas, sostuvo, estaba la directora del área protegida Laguna Garzón. “Todavía no se informó con qué criterios se eligió a esas personas para no renovarles el contrato”, dijo. Al respecto, Andrés expresó que se trata de una “cuestión de ajuste” y que se usan “criterios técnicos”, en contacto con los directores de las divisiones, para ver “qué opciones tenemos para reducir capacidades”.
En agenda
El Decreto 90/2020 estuvo arriba de la mesa este jueves en el Consejo Superior Tripartito del sector público. El secretario general de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado, Joselo López, sostuvo que se trata de “un ejemplo de lo que no puede pasar”. Por eso, dijo, se reclama la instalación de la negociación colectiva “de forma estructural, para que no sucedan estas cosas cuando ya están desarrollados los hechos”.