La Comisión de Hacienda del Senado este jueves tenía previsto recibir a la titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Azucena Arbeleche, para que informe sobre la presentación realizada por el gobierno a inversores internacionales, entre otros asuntos. Pero la ministra no asistió. El que sí se hizo presente fue Alejandro Irastorza, subsecretario del MEF, junto con otros jerarcas de la cartera.

El senador del Frente Amplio (FA) Mario Bergara, integrante de la comisión, dijo a la diaria que su bancada solicitó la comparecencia de la ministra hace más de dos semanas, pero se les informó que este jueves no iba a presentarse porque “estaba realizando otras tareas”, que “evidentemente consideró más importantes”. Bergara señaló que en la presentación institucional que hizo el MEF a inversores internacionales “se destaca un conjunto de fortalezas” de Uruguay en los planos “macroeconómico, financiero y social”. Agregó que “así como se les plantean las cosas a los inversores internacionales, también hay que planteárselas a los uruguayos”, por medio del Parlamento.

“El relato que el gobierno intenta instalar acá es más bien de un país en ruinas, pero a la hora de hablarles a los inversores obviamente hay que mostrar las cosas como son. Entonces, queda clara la cantidad de fortalezas que tiene el país en todos esos terrenos. Nuestra idea era que viniera a hacer esa presentación porque es cierta una visión o la otra, las dos a la vez no pueden serlo”, sostuvo el senador de la oposición. A la salida de la comisión, Irastorza dijo a la prensa que “la presentación que se hizo a los inversores está colgada en la web”.

“Vacación fiscal”

Lo que sí se trató en la comisión fue el segundo punto del orden del día, el proyecto de ley del Poder Ejecutivo que modifica la regulación de la residencia fiscal. En la exposición de motivos del proyecto se señala que la intención es “impulsar una política de estímulo a la inversión como instrumento idóneo para la generación de empleo y mejora del bienestar general, para que puedan instalarse en el Uruguay todos los extranjeros que deseen elegir al país como destino de sus proyectos personales y económicos”.

Se indica que la normativa vigente prevé que una persona física que adquiera la calidad de residente fiscal uruguayo pueda optar por tributar, “para los rendimientos del capital mobiliario”, el Impuesto a la Renta a los No Residentes (IRNR) “por el ejercicio fiscal en el que configuren la residencia en nuestro país, y durante los cinco ejercicios fiscales siguientes”. Por lo tanto, entre otras medidas, el proyecto establece extender el plazo actual a diez años, “permitiéndoles también a las personas físicas que adquirieron con anterioridad la calidad de residente fiscal en nuestro país y que hicieron uso de la opción dispuesta en la normativa vigente, optar nuevamente por tributar el IRNR deduciendo los ejercicios fiscales por los cuales ya se hizo uso de la opción”.

Bergara señaló que el FA discrepa no sólo con este proyecto de ley, sino que los dos decretos que el Poder Ejecutivo publicó en las últimas semanas, que “reducen enormemente las exigencias para dar una residencia fiscal”. Por ejemplo, adquirir un inmueble de un valor aproximado a 380.000 dólares y estar 60 días al año en Uruguay. Por lo tanto, Bergara indicó que, con esta nueva normativa, “comprás un apartamentito en Punta del Este, te venís a veranear un par de meses y ya obtendrías la residencia fiscal”.

El senador sostuvo que en general los mecanismos de residencia fiscal son para que los estados identifiquen a quién le tienen que cobrar impuestos, y no “una promoción de inversiones”, como fue planteado por el Poder Ejecutivo. Bergara señaló que, en el marco de lo que ya se resolvió por decreto, el proyecto de ley plantea extender por cinco años más lo que se conoce como “vacación fiscal”, que es un período de transición establecido luego de la reforma tributaria del gobierno del FA, para compensar “el cambio en las reglas de juego”.

“El contribuyente extranjero que asume la residencia fiscal puede optar entre dos opciones de tributación a la renta, y obviamente siempre va a optar por el que le implique un menor pago, además de tratar de evitar el pago en su país de origen. Esto era para los no residentes que ya tenían la residencia fiscal, con exigencias de inversión mucho mayores a las que hoy están planteadas. Ahora no solamente se reducen enormemente esas exigencias sino que además esa ventana pasa de cinco a diez años”, subrayó Bergara.

Para el senador del FA estos cambios no son una buena señal, ya que traen reminiscencias de que Uruguay está ofreciendo “una plaza tributaria benévola”. Dijo que es una reputación a la que el país “no quiere volver” y que “costó muchos años desterrar para generar una buena credibilidad”. “Estas son señales que en nuestra visión son contraproducentes y pueden generar perjuicios de reputación al país, sin que veamos que generen ningún tipo de beneficio real”, agregó. Por último, dijo que los cambios retrotraen a “períodos de opacidad en el funcionamiento tributario y financiero”.