No exentas de polémica, varias leyes aprobadas en los últimos años establecieron la fijación de cuotas para poblaciones minoritarias en el ingreso a la función pública. Así, una ley aprobada en 2010 dispuso que al menos 4% de las vacantes generadas en organismos públicos (estatales o no) sean cubiertas por personas con discapacidad. Lo mismo ocurre con la población afrodescendiente: una norma aprobada en 2013 estableció una cuota similar para garantizar el ingreso de este tipo de población, con un porcentaje aún mayor, de 8%. A su vez, la Ley Integral para Personas Trans estableció en 2018 un cupo para la administración pública de 1% de las vacantes generadas.
Junto con la Rendición de Cuentas de 2019, tres informes elaborados por la Oficina Nacional de Servicio Civil dan cuenta del grado de cumplimiento de estas normativas, que en todos los casos es insuficiente.
No obstante, la normativa sobre personas de discapacidad es la que registra un mejor cumplimiento. Según el informe, 87 personas ingresaron a organismos obligados por la norma en 2019, lo que supone 1,3% de las vacantes generadas. A su vez, 19 organismos cumplieron o superaron el mínimo de 4% de las vacantes destinadas a personas con discapacidad, entre ellos ocho ministerios, tres empresas públicas, dos intendencias, el Banco República y el Banco Central del Uruguay. Otros ocho organismos registraron ingresos de personas con discapacidad, pero sin llegar al mínimo de 4%. “Desde que se elabora este informe, 2019 ha sido el año en que más organismos han realizado ingresos de personas con discapacidad”, enfatiza el documento.
El informe señala que la mayoría de los ingresos fueron para cumplir “tareas administrativas” (69%) y que 68% de los ingresos fueron por concurso. Entre las personas que ingresaron, las limitaciones de orden motriz (miembros superiores, inferiores o ambos) y las dificultades de audición son las “más representativas”, aunque a diferencia de otros años “se observa una mayor distribución entre los distintos tipos de discapacidad”.
Lejos del objetivo
Respecto de la cuota destinada a población afrodescendiente, en total 461 personas en 2019 tuvieron vínculos laborales con organismos del Estado o personas públicas no estatales, lo que supone 2,24% de los ingresos por las vacantes generadas, lejos del 8% previsto. De todas formas, siete organismos obligados lograron cumplir con la cuota: la Administración de Ferrocarriles del Estado, Antel, OSE, el Correo, las intendencias de Durazno y Rivera y la Corporación Nacional para el Desarrollo. Otros 25 organismos tuvieron ingresos de personas afrodescendientes en su personal, pero sin llegar a la cuota mínima correspondiente.
El informe señala que la mayoría de quienes ingresaron tienen entre 18 y 29 años (60%), y señala que la mayoría de las mujeres cumple “funciones administrativas y en servicios auxiliares”, mientras que “los hombres siguen concentrándose en tareas dentro del Ministerio de Defensa”.
En tanto, en su primer año íntegro de vigencia, las cuotas de ingreso al Estado dispuestas en la Ley Integral para Personas Trans estuvieron lejos de cumplirse. En 2019 ingresaron al Estado y a las personas públicas no estatales siete personas trans, lo que representa apenas 0,03% de los cupos generados en toda la administración. Ninguno de los organismos logró cumplir con la cuota requerida, aunque cuatro registraron ingresos de personas trans: tres en la Administración de los Servicios de Salud del Estado, dos en la Intendencia de Río Negro, una en la Intendencia de Flores y una en el Laboratorio Tecnológico del Uruguay. “La mayoría de estas personas se encuentran con vínculos de tipo zafral y con puestos de trabajo como peones o de servicios”, subraya el informe. De las siete personas trans que ingresaron, cinco fueron mujeres trans y dos, varones trans, y todas tienen entre 19 y 39 años.