El proyecto presentado por la senadora nacionalista Carmen Asiaín para “despenalizar” el matrimonio religioso avanza en la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores. Algunos legisladores se han manifestado dispuestos a votar la iniciativa, pero otros dejaron en claro que la norma debería decir expresamente que no se derogará la “obligatoriedad” del matrimonio civil, que continuará siendo el único válido a efectos jurídicos.

El proyecto elimina el artículo 84 del Código Civil, que establece penas de hasta un año de prisión a aquellos sacerdotes religiosos que lleven adelante ceremonias matrimoniales sin que se haya celebrado previamente un matrimonio civil.

Durante la sesión del pasado martes en la comisión, Asiaín explicó que se trata de una norma en desuso, dado que antes de que se estatizara el Registro de Estado Civil, los matrimonios eran llevados por la iglesia católica u otras religiones. “En un momento de transición, para asegurar que el único matrimonio válido fuera el civil, no sólo se estableció la obligación de que el matrimonio religioso fuese precedido por el civil, sino que, para blindar esa obligación, se estableció la penalización al ministro de culto que lo realizara. ¿Cuál fue el resultado? Un tipo penal en el Código Civil”, explicó. La legisladora consideró que si bien esta norma ha existido en casi toda América Latina, ha venido siendo paulatinamente derogada en la región, pero no en Uruguay, y que a ojos de hoy en día, “sería considerada hasta discriminatoria con algunos grupos religiosos en particular”.

A su turno, la también nacionalista Graciela Bianchi dijo que estaba de acuerdo con derogar la penalización, pero no estaba dispuesta a acompañar que “cualquier tipo de ceremonia religiosa” pueda sustituir al “Estado”. “Eso es lo que quiero salvaguardar […]. No comparto que al derogar este artículo podamos estar convalidando que desaparezca la obligación de pasar por la Dirección General del Registro de Estado Civil si una pareja decide casarse y que eso se sustituya por una ceremonia religiosa de la religión que sea”.

Luego de que el frenteamplista Enrique Rubio manifestara a título personal que se trata de una “buena iniciativa”, su compañero de bancada Charles Carrera se expresó en la misma línea que Bianchi, ya que a su entender es necesario “dejar claro que en Uruguay el matrimonio que es válido a todos los efectos es el civil y que luego se podrá libremente contraer matrimonio por la religión que se profesa”.

Para remendar la situación, Guillermo Domenech (Cabildo Abierto) propuso incluir en el proyecto una declaración que indique que el único matrimonio válido desde el punto de vista jurídico es el “celebrado ante los oficiales del Registro de Estado Civil”. Esta salida pareció convencer a Bianchi, que dijo que el objetivo sería que “no quepa ninguna duda de que el matrimonio civil es el obligatorio y el único que traerá efectos jurídicos”. “Estamos asistiendo –cada uno es libre, y por eso los temas son de libre pensamiento; casi todos, pero estos más– a embates de distintas religiones, credos, creencias, que me parecen sumamente válidos, pero no me la entreveren con el Estado”, consideró. Bianchi dijo que si se contempla esto, votará afirmativamente.

No obstante, la frenteamplista Liliam Kechichian manifestó otras dudas. Afirmó que el Estado necesita “elementos coercitivos” para su ordenamiento y que el tema de la penalización le genera dudas porque “podría dar lugar a muchos razonamientos”. “Es decir, no preciso libreta de conducir porque yo creo que sé conducir y alguien me dijo que yo sé hacerlo. Es lo que me genera algunas dudas”, ejemplificó.

Finalmente, la comisión decidió continuar analizando el tema en otra sesión, aunque Asiaín aclaró que su proyecto no se propone modificar el artículo que establece la obligatoriedad del matrimonio civil, el 83 del Código Civil.