El Banco de Previsión Social (BPS) entregó 40 viviendas a jubilados y pensionistas como parte del programa de soluciones habitacionales del organismo. El director en representación de los pasivos, Sixto Amaro, cuestionó recientes declaraciones sobre viviendas no habitadas del vicepresidente del BPS, Daniel Graffigna, e informó que aún no está claro el presupuesto que la nueva administración le destinará al programa.

La entrega de nuevas viviendas ocurrió el lunes: se trata de un edificio de ocho pisos y otro de cuatro pisos en el barrio Reducto. Hay ocho de las 40 que son soluciones habitacionales “accesibles”, es decir pensadas para adultos mayores con alguna discapacidad, explicó Amaro a la diaria. Además, detalló que la entrega estaba planeada para febrero y se postergó por la pandemia, es decir que son viviendas que vienen de la administración pasada.

A propósito, Amaro comentó que “aún no se integró” la comisión de vivienda que tiene un representante del BPS, otro del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) y un tercero de la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas. Mostró su preocupación porque el tema aún no se ha tratado en el directorio y explicó que lo asignado al programa de viviendas debe ser conversado con el MVOTMA, ya que surge de su presupuesto. “No tenemos un programa todavía en condiciones para ponernos a trabajar y tener un estimado de cuántas viviendas se van a construir en el período”, sostuvo.

El programa del BPS tiene como único requisito para acceder a la vivienda que el jubilado o pensionista cobre menos de 12 unidades reajustables (UR), lo que equivale a 15.158 pesos, según la última cotización. De acuerdo a los números que aportó Amaro, el BPS tiene 181 complejos habitacionales en todo el país que totalizan 5.259 viviendas. Además, hay 733 cupos cama, que son lugares en hogares de ancianos con asistencia médica, y 1.100 alquileres que se pagan con fondos del programa de viviendas.

Viviendas no habitadas y desalojos

El vicepresidente del BPS dijo la semana pasada entrevistado por VTV Noticias que 10% del total de viviendas que administra el organismo están “no habitadas por distintas razones: algunas están para reparar” y en otras “hay que dar desalojo a personas intrusas”. Sostuvo que “es un número muy alto”, ya que corresponde a unas 600 viviendas, y cuestionó que “los plazos de desalojo demoran más que el promedio”. Agregó que es un “problema de gestión” que le “preocupa” y lo planteará en el directorio.

Amaro respondió que, si bien hay algunas viviendas no ocupadas por el beneficiario original, “no hay ningún tipo de desidia ni falta de controles” por parte del BPS. Explicó que ocurren “los mismos problemas” que en una vivienda privada cuando, por ejemplo, ante el fallecimiento del jubilado un familiar o allegado continúa ocupando el lugar, lo que deriva “en procesos muy largos” para el desalojo.

Por otra parte, Amaro señaló que Graffigna podría haber tomado en cuenta para sus declaraciones los llamados núcleos básicos evolutivos, un proyecto de entrega de viviendas que se inició en la década de 1990 dando al jubilado “una casa muy precaria para que luego la adecuara y mejorara”. Pero por los montos que perciben los beneficiarios, eso resultó imposible y en 2018 el BPS comenzó a traspasar estas más de 1.000 soluciones habitacionales al MVOTMA. Subrayó que estas viviendas, al ser “precarias” e incluso haberse comprobado que fueron construidas con material potencialmente cancerígeno, no deben ser consideradas.

El director por los pasivos informó que serían unos 4.000 los jubilados que están anotados y cumplirían las condiciones para acceder a una vivienda. En ese sentido, criticó de antemano planteos “que se escuchan de vez en cuando” sobre elevar el límite monetario que permite acceder al beneficio. “Si con el monto [límite] de 12 UR aún nos quedan 4.000 jubilados para darles vivienda, si se aumentara sería pura demagogia, porque no lo podríamos cumplir en este período”, concluyó.