El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, se refirió este lunes a la propuesta del senador de Cabildo Abierto (CA), Guido Manini Ríos, quien manifestó su intención de derogar la Ley de Pretensión Punitiva del Estado (18.831, también conocida como “interpretativa de la ley de caducidad”) para “reinstalar” la vigencia de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado (15.848). El mandatario dijo que esta iniciativa “no forma parte del Compromiso por el País”, el documento que firmaron los partidos socios de la coalición de gobierno, y aseguró que “no hay posición del gobierno al respecto”.

“El senador Manini me planteó este tema y es una visión de un socio importante del gobierno. Uruguay tiene que salir adelante en paz y para ello muchos sectores necesitan respuestas”, dijo a la prensa Lacalle Pou durante una visita a la localidad de Los Cerrillos, en Canelones. “Con respecto al texto legal, el gobierno tiene que tratar de representar a todos sus socios. Se escucha la opinión de Manini, pero no hay un análisis respecto a eso”, aseguró. Asimismo, el mandatario se refirió a la conformación reciente de una “Asociación de Familiares de Víctimas de la Sedición”, con quienes dijo que se reunirá.

Según dijo a Informe nacional, de Radio Uruguay, el senador de CA Raúl Lozano, el informe redactado “de puño y letra” por Manini Ríos ya está en manos de Lacalle Pou, quien lo está estudiando. “Nosotros lo que estamos defendiendo es el Estado de derecho, que se está violando en forma sistemática”, argumentó. “Nuestra Constitución es clara en su artículo 4, que dice que la soberanía radica en forma exclusiva en la nación. Ningún otro acuerdo o convenio internacional puede estar por encima”, consideró el legislador. Asimismo, Lozano apuntó que “ninguna ley puede ser retroactiva; lo dice expresamente el Código Penal, y la Constitución en su artículo 10”.

El viernes, luego de que Manini Ríos informara sobre su intención de promover un proyecto para derogar la ley interpretativa, dirigentes del Frente Amplio (FA) manifestaron su preocupación por lo que califican de una “campaña contra el sistema de justicia”, y en la oposición esperan mensajes contundentes del mandatario al respecto. “Lo que tiene que hacer el presidente es expresarse de manera clara para el conjunto de los uruguayos sobre si está a favor de la impunidad, de los represores y de las violaciones a los derechos humanos, o si, por el contrario, está a favor de una perspectiva de justicia que tenga que ver con el compromiso que asumió en la campaña electoral, cuando dijo que la búsqueda de verdad y justicia iba a continuar”, dijo el coordinador de la bancada de diputados del FA, Gerardo Núñez.

El diputado del Partido Comunista del Uruguay sostuvo que Lacalle Pou debe “demostrar si el gobierno lo encabeza él o si el gobierno actual de la coalición es dirigido por Manini y [Julio María] Sanguinetti”. En la misma línea, el senador frenteamplista Enrique Rubio declaró a la diaria que con su prédica Manini Ríos “embreta hasta al propio presidente de la República y a la coalición del gobierno”, y “está poniendo en juego la estabilidad del orden republicano”. A su entender, en la coalición multicolor se está produciendo un “corrimiento hacia la derecha”, que se aceleró luego de la salida del colorado Ernesto Talvi, aunque afirma que le extrañaría “profundamente que wilsonistas o batllistas del poder parlamentario votaran semejante cosa”, en referencia al proyecto de derogación de la ley interpretativa.

Núñez, por su parte, consideró que “hay una pulseada contra la democracia”, encabezada por el ex comandante en jefe del Ejército, pero aseguró que “no es el único” que le preocupa: “Recordemos que el padre de la ley de caducidad fue Sanguinetti, quien hoy tiene el timón del Partido Colorado y es uno de los principales aliados de la coalición”, analizó. Para Rubio, la “embestida” de Manini contra el sistema judicial “no tiene antecedentes en la restauración democrática” y es “definidamente desestabilizadora y antirrepublicana”. No obstante, estimó que “la sociedad uruguaya no está dispuesta a admitir, después de haber vencido a la dictadura, este tipo de nostalgias, que lo que buscan es trancar juicios y nos van a provocar un enorme desprestigio internacional”.

Asociación de Magistrados rechazó críticas de Manini al Poder Judicial

La Comisión Directiva de la Asociación de Magistrados del Uruguay (AMU) manifestó este lunes su rechazo a las expresiones de Manini Ríos, quien el viernes acusó a “ciertos magistrados” de actuar con “prevaricación” y utilizar el derecho de forma “antojadiza” en la persecución de los responsables de delitos cometidos en la dictadura. El presidente de la AMU, Alberto Reyes, consideró que la actitud de Manini Ríos “no es de extrañar”, porque “está trasladando al Parlamento el discurso que motivó su sanción” cuando era comandante en jefe del Ejército.

“Es entendible que sectores interesados en que no se persigan estos delitos planteen reeditar esta ley”, afirmó Reyes, en referencia a la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado (15.848), pero recordó que la Suprema Corte de Justicia (SCJ) declaró la inconstitucionalidad de esta norma en 2009. Asimismo, en el comunicado difundido este lunes, la AMU hace referencia a la sentencia de 2011 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el caso Gelman, que obliga a Uruguay a juzgar a los responsables de los delitos de lesa humanidad cometidos en la dictadura y que deja sin efecto a la ley de caducidad.

Para Reyes, hay “sectores” de la sociedad que “no han entendido que las leyes son controladas en su constitucionalidad por el Poder Judicial”. “Hay una concepción de que el legislador les puede imponer al Poder Judicial y a los jueces soluciones generales que muchas veces no resuelven bien los temas o que contrarían la Constitución”, afirmó. En ese sentido, señaló que a partir de la declaración de inconstitucionalidad de la SCJ y del fallo de la CIDH, “la mayoría de los tribunales de apelaciones y una minoría [de los ministros] de la SCJ entienden que hay que continuar” juzgando los delitos cometidos por el terrorismo de Estado. “Los militares o civiles que no entiendan eso no entienden el Estado de derecho”, aseveró.

El magistrado consideró que si bien en los períodos anteriores también hubo cuestionamientos al Poder Judicial, sobre todo por fallos vinculados a la seguridad pública o a temas de género, “como el caso de ‘María no se va’”, “hay un cuestionamiento creciente y persistente, a la vez, de un sector del Parlamento cuyo origen lo explica todo”, afirmó en referencia a CA, un partido con fuerte presencia militar. “En definitiva, no lo tomamos personal”, concluyó.