El senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, volvió a insistir con la necesidad de derogar la ley que dejó sin efecto la ley de caducidad (conocida como ley interpretativa, 18.831) y recordó que sus socios de la coalición, los partidos Nacional, Colorado e Independiente, se opusieron a esta cuando fue aprobada en 2011.
Según dijo Manini Ríos en la media hora previa del Senado de la sesión de este martes, la ley de caducidad (que fue declarada inconstitucional en 2009 por la Suprema Corte de Justicia) “pretendió servir a la pacificación nacional después de un lamentable período de fractura y desencuentro de los orientales”. Esa norma, agregó, es la “única, de las casi 20.000 leyes que desde 1830 se votaron en el país, que se ratificó dos veces por el cuerpo electoral”. “Y esa ley, la más legitimada de todas nuestras leyes, fue derogada por una mayoría de un voto en el Senado en 2011, por una ley que en parte fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia”, sostuvo. A partir de ahí, según Manini Ríos, “se abrió el camino para que ciertos magistrados actuaran con total impunidad, alentados por un coro al que sólo le interesa la venganza”. Recordó además que cuando se votó esa ley interpretativa los legisladores de sus ahora socios de la coalición “realizaron contundentes declaraciones en el sentido de que la aprobación de la Ley 18.831 era un duro golpe para la democracia”.
Durante su intervención Manini Ríos sostuvo que no se puede aceptar que en el presente “se viole descaradamente la Constitución”, y apuntó directamente contra la Corte Interamericana de Derechos Humanos por su sentencia de febrero de 2011. El fallo por el caso Gelman, sostuvo, es una “inaceptable intromisión en nuestra política interna”, pero “parece que existen uruguayos dispuestos a otorgarle a esta comisión el derecho a entrometerse, y aceptan que sus fallos estén por encima de lo que establece nuestra Constitución, por la que lucharon y dieron su vida tantos orientales”. Luego,
Tras sus dichos, Manini Ríos pidió que sus palabras se enviaran a Presidencia de la República y a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. En las sesiones del Senado se estila votar por unanimidad el envío de las palabras a los organismos que el legislador solicita en la media hora previa, pero en este caso no contó con el apoyo de dos legisladores frenteamplistas: Mario Bergara y Liliam Kechichian, del bloque Fuerza Renovadora. Según Bergara, la intervención de Manini Ríos “estuvo plagada de alusiones políticas que están expresamente prohibidas por el reglamento [en la media hora previa] del Senado”.