Tras las “explicaciones insatisfactorias” de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) sobre su accionar en un caso que involucra al relacionista público Fernando Cristino, legisladoras del Partido Nacional (PN) presentaron un escrito ante la Fiscalía General de la Nación, con el objetivo de que este organismo tome cartas en el asunto si lo estima conveniente.

La senadora nacionalista Carmen Asiaín hizo público en la red social Twitter el documento presentado, que tiene la firma de otras legisladoras del PN: las senadoras Graciela Bianchi y Gloria Rodríguez, además de la diputada Laura Burgos. “Remitimos a Fiscalía las actuaciones, a los efectos que correspondan”, explica Asiaín en el tuit.

Esta presentación ante la Fiscalía se da casi un mes después de una visita de la INDDHH a la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea General, en la que se pusieron en evidencia las diferencias entre la bancada del PN y este organismo.

El caso se produjo luego de que una psicóloga de la INDDHH, asesora de la directora Josefina Pla, le enviara un correo electrónico y llamara telefónicamente al fiscal del caso Cristino, Diego Pérez, para consultarlo por la salud mental del relacionista público. El hecho generó molestias en Fiscalía y su titular, Jorge Díaz, le expresó su malestar a la presidenta de la INDDHH, Mariana Blengio, en la medida en que al pedir información vinculada a un indagado en una investigación penal se desconocía la “reserva para terceros” establecida en el Código del Proceso Penal.

Según dijo Asiaín a la diaria, el grueso de la documentación que las nacionalistas presentaron son simplemente las actas de la comisión, donde la INDDHH “ratifica y justifica” su accionar, que a juicio de la senadora entra en contradicción con la ley de creación de la INDDHH y la “separación de poderes”. “Argumentan que los ampara la Ley de Salud Mental, ¿pero esa ley derogó la prohibición de interferir en asuntos judiciales?”, se preguntó.

A juicio de la INDDHH, la actuación se dio en el marco del artículo 46 de la Ley de Salud Mental, que le encomienda la “defensa y promoción de los derechos de las personas reconocidos en la ley”, lo que “debe llevarse a cabo mediante las potestades jurídicas conferidas a la INDDHH en su ley orgánica”. “Por lo tanto, también en materia de salud mental la INDDHH posee potestad de consultar a cualquier autoridad respecto a cuestiones específicas relacionadas con eventuales vulneraciones a los derechos humanos”, sostuvo el organismo en el informe. Para la institución, “el tono y las inferencias que se desprenden de los comentarios del fiscal no son aceptables”.