“Estoy absolutamente indignado. Esto es escandaloso”, dijo a la diaria Mariano Arana, dos veces intendente de Montevideo (1995-2000 y 2000-2005). Este miércoles, los ediles capitalinos de la Vertiente Artiguista hicieron público un informe en el que cuestionan el artículo 274 del proyecto de presupuesto presentado por el Poder Ejecutivo, que modifica la integración del directorio de la Unidad Alimentaria de Montevideo (UAM), ahora denominada Unidad Alimentaria Metropolitana, cuyo cometido es “facilitar y desarrollar el comercio y la distribución de alimentos a nivel nacional y departamental”.

La ley orgánica de la UAM establece que el presidente y el secretario general del directorio de esta “persona de derecho público no estatal” serán designados por la Intendencia de Montevideo (IM), mientras que el resto de los integrantes serían nombrados uno por el Poder Ejecutivo a propuesta del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), uno por el Congreso de Intendentes (CI), tres por organizaciones de productores vinculadas a la actividad de la UAM, dos por organizaciones del comercio mayorista y minorista relacionadas con la unidad, uno por los trabajadores del lugar en acuerdo con el PIT-CNT, y el restante por las organizaciones de los operadores instalados en la zona de actividades complementarias de la UAM. Según la ley, todas estas organizaciones tienen que ser convocadas por el intendente capitalino para “nominar a los candidatos”.

Por su parte, el proyecto de presupuesto cambia la ley vigente y propone que el presidente y el secretario general sean designados por el Poder Ejecutivo “a instancias” del MGAP, y mantiene los demás integrantes como estaban, con la salvedad de que la convocatoria a las organizaciones para nominar candidatos queda en manos del Poder Ejecutivo. La IM no aparece en ningún cargo.

La UAM como tal es un proyecto de la IM que tiene unos 30 años y se pensó como una solución para sustituir el viejo Mercado Modelo. El terreno, ubicado en la zona de los accesos a la ruta 5 y Camino Pérez, se adquirió en 1996, cuando Arana era intendente. Arana dijo que el proyecto se fue desarrollando siempre teniendo en cuenta “la opinión mayoritaria de todos los involucrados, que participaron permanentemente, como los productores, que hasta tenían cierta desconfianza de dejar el Mercado Modelo”. El actual edil del Frente Amplio dijo que la modificación introducida en el proyecto de presupuesto “genera incertidumbre entre los productores y los inversionistas” y señaló que el Poder Ejecutivo “no tiene ninguna injerencia, de acuerdo a la Constitución y la ley”.

En tanto, la presidenta de la Junta Departamental de Montevideo (JDM), la edila Adriana Barros, también manifestó “indignación”, y dijo que “el gobierno nacional lo que hace es una rapiña de la UAM a la IM”, porque la medida “implica un robo con violencia”, y que se hizo sin “siquiera avisar o pedir una reunión al gobierno departamental, cuando es un proyecto de larga data, de unos 30 años”.

Según informaron los ediles en el informe, la IM lleva invertidos 90 millones de dólares en la UAM, mientras que el gobierno nacional puso menos de un millón de dólares. “Además, lo consideramos un atropello al gobierno departamental porque es un proyecto que ideó, inició, concretó, gestionó y ejecutó la IM. Ya hay cuatro naves inauguradas de las seis, y se termina de hacer la mudanza total en noviembre. La modificación viola la autonomía departamental que establece la Ley 9.515 (ley orgánica municipal), que adjudica a las intendencias la competencia en lo que refiere a los mercados mayoristas”, dijo Barros.

La edila adelantó que este jueves se intentará convocar a la JDM para que “todos los partidos cierren filas en la defensa de los intereses de los vecinos, los trabajadores y los permisarios”, y que el objetivo es que este artículo sea retirado del proyecto de presupuesto.