La Comisión Especial de Derechos Humanos, Equidad y Género de la cámara alta tiene a estudio las actas del tribunal de honor para el coronel retirado Gilberto Vázquez, de 2006. Por tal motivo recibió este miércoles al ex ministro de Defensa José Bayardi (Frente Amplio, FA), que en ese entonces era subsecretario de la cartera, para que diera explicaciones sobre lo sucedido.

Según consta en la versión taquigráfica de la comisión, Bayardi aseguró que la gestión del Ministerio de Defensa Nacional (MDN) que asumió en 2005, en el primer gobierno del FA, en realidad tenía solamente “dos funcionarios civiles puros”: Azucena Berrutti, cabeza de la cartera, y él. Por lo tanto, “se trataba de un ministerio militarizado en el que los cargos de dirección eran todos ocupados por oficiales”. Así las cosas, subrayó que en el ministerio se actuaba con “una lógica disciplinaria militar” de “funcionamiento inercial”, que era “razonable porque había habido pocos cambios desde el punto de vista de la institucionalidad interna del ministerio”.

Señaló que “se supone” que en aquella época la asesoría jurídica del ministerio tenía la potestad de leer todos los expedientes del tribunal de honor, que por su reglamento eran reservados y cuyos fallos se tenían que transmitir “en forma cifrada” (Bayardi subrayó, más adelante, que eso cambió en 2008 con el artículo 12 de la ley de acceso a la información pública). “Quiere decir que había un estado de reserva casi absoluta sobre los tribunales de honor porque, como los señores senadores comprenderán, afectaban cosas que tienen que ver con la moral y con el código de honor por los cuales los militares se regulaban”.

Indicó que, debido a las “inercias”, en 2006 “no había abogado del ministerio que se pusiera de punta contra los militares”; “ni uno”, porque tenían “30 o 35 años” de carrera en el MDN y “si querían seguir ahí debían portarse bien con los militares”. Bayardi puso como ejemplo su caso particular: “Cuando a profesionales que tienen 36 o 40 años de carrera militar les toca de ministro este gordito, se preguntan: ‘¿Este gordito me va a venir a decir a mí lo que tengo que hacer y lo que no tengo que hacer?’. Eso en la burocracia funciona así”, aseguró.

“Compañeros”

Por su parte, el senador del Partido Nacional (PN) Jorge Gandini le pidió a Bayardi que leyera el punto 27 del informe de jurídica del 6 de setiembre de 2006, que decía: “Se resuelve por unanimidad de sus integrantes, en aplicación de lo dispuesto por el artículo 77 del Reglamento de los Tribunales de Honor de las Fuerzas Armadas, suspender estas actuaciones, lo que es comunicado al señor Encargado de despacho del Comando General del Ejército”.

El artículo 77 establece: “Cuando el Tribunal de Honor intervenga en cualquier asunto en el que exista la presunción de un delito, común o militar, su Presidente comunicará de inmediato al Superior que corresponda suspendiendo las actuaciones del Tribunal, hasta tanto el Superior se pronuncie”.

Acto seguido, en la comisión se dio un intercambio en el que se sumó la senadora del PN Gloria Rodríguez, sobre si quedaba claro que se suspendieron las actuaciones por presunción de delito o no. Bayardi sostuvo que “se debería haber introducido por qué” se suspendía y “debería haber ido al expediente a ver por qué se había llevado adelante la aplicación del artículo 77”.

Luego, Rodríguez consignó que las actuaciones se suspendieron y que el comandante en jefe del Ejército de esa época, Carlos Díaz, señaló que “los delitos que se presumen” surgieron de las declaraciones de Gilberto Vázquez y que serían comunicados “en su oportunidad a la señora ministra de Defensa Nacional, para dar intervención a la Justicia que se entienda corresponda”.

Rodríguez le preguntó a Bayardi qué sucedió con ese trámite, y este contestó: “Lo que pasó es que el comandante en jefe del Ejército nunca informó a la ministra, y le voy a decir por qué no lo hizo, o por lo menos mi interpretación. ¿Por qué ningún comandante comunicaba esto? Importaría reflexionar sobre el hecho de que estamos hablando de una generación –la del teniente general Carlos Díaz– o tandas –para decirlo en términos militares– que eran ‘compañeros’ de aquellos oficiales que fueron condenados por violaciones de los derechos humanos. ¿Está claro?”.

Bayardi agregó que no lo comunicaban porque ese tipo de declaraciones “dejaba expuesto que la práctica de violaciones de los derechos humanos había sido institucional y no individual ni de un loco suelto, sea Gilberto Vázquez, Nino Gavazzo o quien sea”. El ex ministro subrayó que el expediente de Gilberto Vázquez lo vio en el mismo momento que los senadores de la comisión, ya que luego fue enviado a Presidencia también “sin las actas” que incluyen las declaraciones del coronel retirado que se dieron a conocer hace un mes.

A todo esto, Gandini le dijo a Bayardi que “toda su exposición termina en la idea de que los responsables fueron los mandos militares” y que el responsable fue Díaz porque “reservó la información”. “Las inercias –de las que usted hablaba– que tiene la burocracia fueron aquí todas superadas y no funcionó ninguna. A las inercias se las pasó por encima y en 24 horas pasaron por todo el ministerio, y en menos de ese lapso, al otro día, lo firmó el presidente sin que pasara por ningún lado. O sea que el sustento de esta idea es que nadie leyó ni le interesó hacerlo”, sostuvo Gandini.

Pour la galerie

Bayardi recordó que el tribunal de honor para Gilberto Vázquez fue por su fuga del Hospital Militar y que en declaraciones previas a la prensa –El País y Búsqueda–, en julio de 2006, el coronel retirado había reconocido públicamente asesinatos, la existencia del Plan Cóndor y que estuvo en el centro de detención clandestino Automotores Orletti (Buenos Aires), entre otros delitos de lesa humanidad.

Más adelante dijo que, salvo la Comisión para la Paz, hasta que el FA llegó al poder “no ha habido ningún otro gobierno a lo largo del tiempo que haya avanzado y profundizado en el tema, ni siquiera en la aplicación de la ley de caducidad, que obligaba a investigar”. “Presuponer que hubo una intención de ocultamiento ofende la inteligencia y el sentido común. ¿Por qué habría una intención de ocultamiento de un gobierno que lo excluye de la ley de caducidad?”, agregó.

Bayardi sostuvo que en el acta 10, del 26 de julio de 2006 –una de las que se dieron a conocer hace un mes–, “sólo hay dos cosas importantes”: sobre los detenidos del caso Berríos y la junta de generales que en 1989 habría llamado a Gilberto Vázquez por la eventualidad de tener que “limpiar” a alguien, dando cuatro nombres de posibles blancos. “No descarto que haya sido así, pero hoy no tenemos nada, desde el punto de vista fáctico, para comprobarlo”, indicó. Además, subrayó que también “ofendería el sentido común decir que hubo un intento de ocultamiento cuando afirma que se había escapado para matar al presidente [Tabaré Vázquez]”.

Por último, el senador de Cabildo Abierto Guillermo Domenech dijo que le da la impresión de que, “como en todos los grupos humanos, hay gente que sinceramente defiende los derechos humanos y otros que lo hacen pour la galerie”, y agregó: “Algunos hechos recientes de los que el Uruguay ha tomado conocimiento demuestran que había gente que no tenía, dentro del FA, compromiso con los derechos humanos y que iba a pasear a Roma con una señorita y a ver un partido de fútbol”.