Un decreto del 2 de setiembre del presidente Luis Lacalle Pou derogó el Decreto 111/016 del anterior gobierno, restableciendo de esa forma la conformación y el funcionamiento de las Comisiones de Colaboración Policial. Estos instrumentos habían sido disueltos en 2016 por el entonces presidente Tabaré Vázquez, al detectarse irregularidades vinculadas a su funcionamiento; por ejemplo, empresas o privados que vendían bonos colaboración y desviaban los fondos, o comerciantes que compraban bonos para obtener un trato preferencial por parte de los funcionarios policiales, como patrullaje especial en su zona.

“Nosotros las prohibimos porque vimos el problema que significan”, dijo a la diaria el ex ministro del Interior y actual senador del Frente Amplio Eduardo Bonomi. El legislador señaló que además de “abrir la puerta a la corrupción”, el mecanismo era innecesario porque su principal uso, que era la compra de combustible, quedó solucionado mediante el Sistema de Control Vehicular (Sisconve) y un convenio del Ministerio del Interior con ANCAP. Bonomi puso como ejemplo que “muchas veces, los comerciantes que contribuían -con la compra de bonos- después pedían o exigían patrullaje para ellos”. “No nos parecía una solución adecuada y, por otra parte, se prestaba para comisiones que lucraban con eso”.

Para el legislador del Movimiento de Participación Popular, el financiamiento de la Policía “tiene que surgir del Estado”. Asimismo, considera que no es necesario como instrumento para “estrechar el vínculo” entre la sociedad y la institución policial, tal como se argumenta en el decreto firmado por Lacalle Pou. “El vínculo hay que establecerlo con la Policía Comunitaria, que es algo que nosotros no pudimos desarrollar suficientemente, y el de los comisarios con los vecinos. Otro mecanismo son las Mesas Locales para la Convivencia y la Seguridad Ciudadana”, apuntó Bonomi.

En la resolución del 2 de setiembre se esgrime que “es necesario que las personas físicas o jurídicas que se reúnan con la intención de ayudar a la Policía Nacional se rijan por una única forma de funcionamiento, para facilitar y hacer más efectiva la coordinación entre ellas y la Policía Nacional”. Agrega que, en ese sentido, las Comisiones de Colaboración “han sido desde larga data una de las formas más adecuadas para facilitar el acercamiento entre la institución policial y la población”.

El actual jefe de Policía de Montevideo, Erode Ruiz, era jefe de Policía de Maldonado cuando se disolvieron estas comisiones, y estuvo de acuerdo con esa decisión, según dijo en diálogo con la diaria, porque el uso que se les estaba dando “era un abuso”. No obstante, considera que se pueden reimplementar, siempre y cuando se controlen los riesgos. “En todos los quehaceres de la vida los riesgos están. Yo hice procedimientos con individuos que estaban recabando [fondos] y resulta que no eran para la Policía, y fueron presos. Ahí está la viveza criolla del delincuente, la mala persona que engaña quizá a un trabajador para sacarle 1.000 pesos. Eso es lo que no debe pasar”, manifestó.

“La prohibición de la comisión sale a consecuencia de estas situaciones. Era muy difícil cambiar algo que ya estaba instalado en todo el país, y yo no lo voy a criticar, en la medida en que yo estuve de acuerdo porque ya era un abuso. Pero que se siente la falta de las comisiones, se siente”, expresó Ruiz. En ese sentido, el jerarca explicó que cuando “las comisiones funcionan como tal y se manejan en una forma directa por medio de los miembros es un apoyo más que tiene el funcionario policial”. “El riesgo siempre está latente cuando se está vendiendo un bono, pero creo que ahora el sistema va a ser diferente”, agregó.

Para Ruiz, esta vez no debería implementarse el sistema de bonos, a fin de evitar el uso indebido del dinero recaudado. “El decreto autoriza que actúen nuevamente las Comisiones de Colaboración Policial; la forma de recaudar corre por cuenta de estas. Yo, personalmente, buscaría por todos los medios que no existieran los bonos. Hay que buscar otro sistema, ¿cuál sistema? Bueno, para eso hay que escuchar a las comisiones”, afirmó, y recordó que antes de su disolución había empresas que vendían bonos y “se quedaban con un porcentaje mucho más alto que lo que le daban a la comisión”. “Yo, mientras sea jefe de Policía, eso no lo voy a autorizar”, advirtió.

El jefe de Policía de Montevideo indicó que las comisiones “recién se están armando” y todavía no empezaron a implementarse en la capital. Asimismo, señaló que los aportes de estas se utilizan para “todo aquello” que no entra en el presupuesto del Estado. “Por ejemplo, si un policía tiene una dificultad de salud de un hijo o la señora o lo que sea y necesita comprar un remedio que es muy caro, el Estado difícilmente se lo compre, y capaz que recurre a la comisión de apoyo y esa comisión termina solucionando el problema”, ejemplificó.