Desde 2013 rige una ley que obliga a los jerarcas y a parte de los funcionarios públicos a presentar una declaración jurada de sus bienes. Para controlar este y otros aspectos relativos a la lucha contra la corrupción, en 2015 la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) se convirtió en un servicio descentralizado, y sus autoridades acudieron el martes al Parlamento para solicitar más recursos y el ingreso de más funcionarios para poder desarrollar sus cometidos.

“Si no podemos contar con eso [más presupuesto] no vamos a poder recibir declaraciones juradas electrónicas en los términos indicados por la ley y el sistema no va a poder funcionar”, dijo ante la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda Juan Mancebo, funcionario de la Jutep que se encarga de las declaraciones juradas. El dinero solicitado es “para mantener en la nube [almacenamiento en línea] las declaraciones juradas”.

La encargada de Administración y Finanzas del organismo, Teresa Spinelli, explicó que el presupuesto asignado desde su creación a la Jutep sólo cubre los gastos de funcionamiento, por lo que “necesita alimentarse de los refuerzos de rubros que nos da el Ministerio de Economía y Finanzas” para solventar otras erogaciones. Una de ellas es el “sistema de operación y mantenimiento en la nube” de las declaraciones juradas, que “implica un gasto mensual muy alto, que asciende a 2.300.000 pesos, y con un presupuesto de 4.000.000 pesos es imposible que la Junta lo pueda solventar”.

Spinelli señaló que ese gasto particular “no fue incluido en la línea base”, es decir, lo asignado al organismo por parte del gobierno, y por eso es que se pretende “un incremento [de dinero] a través del articulado” de la Ley de Presupuesto, que está comenzando a analizar el Parlamento. “Solicitamos que esta erogación de la Junta sea incluida dentro de los gastos, porque pedir anualmente un refuerzo de rubros cuando es un gasto asumido es complicado”, subrayó.

Por su parte, la presidenta de Jutep, Susana Signorino, dijo ante la comisión legislativa que todos los funcionarios “provienen de distintos organismos” bajo pases en comisión, y solicitan su incorporación a la plantilla de forma definitiva. “Pedimos que nos permitan hacer una reorganización administrativa para que los funcionarios no sólo logren el estatus de a igual función, igual remuneración e igual grado, sino que también se les permita desarrollar una carrera administrativa”, explicó la jerarca.

Además, señaló que la Jutep necesita sumar “profesionales, porque es algo de lo que carece la plantilla, lo cual es inadmisible”. Una propuesta que presentó la delegación es que el “dinero generado por las multas (por incumplimientos) previstas por la ley, sea destinado a la Jutep para que este organismo pueda contar con un presupuesto propio”.

Otro pedido de las autoridades de la Jutep es la asignación “por única vez” de una partida de 700.000 pesos que se destinará a “ejecutar un plan que nos permita dar la certificación de transparencia a las empresas públicas y hacerla extensiva a las instituciones privadas que a través del comercio internacional representan al país en la esfera internacional”. En otras palabras, sería una especie de “normas ISO antisoborno” y las entidades que la tengan recibirán “como contrapartida ciertos beneficios de parte del Estado o a nivel internacional”.