A pedido de la bancada colorada y por 49 votos en 92, la Cámara de Representantes emitió este miércoles una declaración respaldando la actuación del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública y en rechazo a la Resolución 870/2020 de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH), que recomendó al Codicen derogar el dictamen del 20 de mayo que ordenó retirar de los centros educativos cartelería que atente contra la laicidad. Los carteles habían sido colocados en varios liceos, en contra del proyecto de ley de urgente consideración.

En la resolución se señala que el Codicen “adoptó medidas pertinentes y con sólido fundamento jurídico en defensa de la laicidad en la educación pública”, y se ve con preocupación “el argumento sostenido por la INDDHH, por el cual la libertad de expresión ampararía cualquier actividad proselitista en los centros educativos, en clara violación del artículo 58 de la Constitución de la República”. En ese sentido, los representantes enfatizan que “la prohibición de proselitismo político es especialmente necesaria en el ámbito de la educación para asegurar la efectiva vigencia del principio de laicidad y, con él, el respeto a la libertad de pensamiento y conciencia de niñas, niños, jóvenes y adolescentes, frente a quienes el docente se encuentra en una posición de superioridad de la que no debe abusar”.

El asunto político presentado por el Partido Colorado fue apoyado por la bancada del Partido Nacional y de Cabildo Abierto, mientras que la bancada del Frente Amplio no acompañó por no compartir “el tono” de la resolución y “los agravios contra la INDDHH”, según manifestó el frenteamplista Sebastián Sabini. “Se quiere poner a la INDDHH como que está en contra de la laicidad, como que quiere que se haga proselitismo político dentro de los liceos, y eso no es cierto”, consideró por su parte el frenteamplista Pedro Irigoin, quien resaltó que la resolución del Codicen posibilita que se retire cartelería colocada por gremios de estudiantes y no sólo por funcionarios públicos.

También este miércoles, la INDDHH se hizo eco de una declaración del Instituto Latinoamericano del Ombudsman-Defensorías del Pueblo (ILO), ante el cual había denunciado su “situación institucional planteada por declaraciones de autoridades gubernamentales, representantes políticos y pronunciamientos judiciales que afectan su independencia y descalifican sus procedimientos”. En su pronunciamiento, el Consejo Directivo de ILO consideró que “las situaciones descriptas revelan, como mínimo, desconocimiento de lo que significan institucionalmente las defensorías del pueblo y tal vez, lo que no es esperable, la pretensión de reducir o minimizar las competencias de una institución creada para defender los derechos humanos”.

“Las recurrentes apelaciones a los excesos en la interpretación de sus competencias que se le hacen a la INDDHH configuran, en nuestra opinión, un menoscabo a la independencia con la que debe proceder”, continúa el Consejo Directivo del instituto, que destaca que “la INDDHH no tiene poder positivo” y que “sus resoluciones carecen de fuerza vinculante pues de ser así se subrogaría en potestades propias de los poderes del Estado”, por lo que “es de elemental lógica jurídica que sus resoluciones estén exentas de los pronunciamientos jurisdiccionales”.

ILO señala que “nada impide que un Tribunal de Justicia considere a favor o en contra una resolución de la INDDHH; más aún, puede desconocerle, como lo hace, legitimación procesal activa –a pesar de que en casi todos los ordenamientos jurídicos latinoamericanos se les reconoce–”. “Lo que no puede hacer es que por discrepar con una interpretación jurídica se ordene no publicar una recomendación, obligándola de ese modo a incurrir en una ilegalidad”, reafirma.

“En conclusión, la situación planteada a la INDDHH configura ciertamente un grave daño a las instituciones republicanas y a la política de protección de los derechos humanos que debe atravesar todas las acciones del Estado”, enfatiza el organismo, que transmitió su solidaridad a la INDDHH. A su entender, “más allá de los contenidos sustantivos de los cuestionamientos a la INDDHH, el mero hecho de exponerlos desacredita a esta institución, pero también desacredita al gobierno que las promueve”.