La Cámara de Senadores comenzó a tratar este miércoles el pedido de desafuero del senador de Cabildo Abierto (CA) Guido Manini Ríos, que argumentó sus motivos para no comparecer ante la justicia. El ex comandante en jefe del Ejército acusó al Frente Amplio (FA) de orquestar una “operación” para sacar a CA de la coalición de gobierno y manifestó su desconfianza en la actuación de la Fiscalía, respecto de la cual afirmó que se “politizó” e “incidió en la campaña electoral” de las elecciones nacionales para perjudicarlo, por lo que considera que “difícilmente tendría un juicio justo” y que “aún en caso de tenerlo difícilmente volvería” al Senado, “defraudando así a un partido y miles de uruguayos”.
El senador del Frente Amplio (FA) Charles Carrera y el senador del Partido Colorado (PC) Pablo Lanz fueron los encargados de leer los informes de sus respectivas fuerzas políticas -en el caso de Lanz, del sector Ciudadanos- en los que argumentaron sus votos a favor de conceder el desafuero requerido por Fiscalía. Por el contrario, Carmen Asiaín fue la senadora nacionalista a cargo de transmitir las razones por las que el Partido Nacional (PN) resolvió no acompañar la votación y mantener amparado en sus fueros a Manini. El PN, CA y el sector colorado Batllistas ya habían adelantado que no darían sus votos para alcanzar la mayoría necesaria de 21 adhesiones para levantar el desafuero, por lo que los votos positivos serán 15: los 13 senadores del FA y los dos de Ciudadanos.
Carrera argumentó la posición del FA en el entendido de que “en los antecedentes remitidos por el Poder Judicial hay elementos claros, concretos y determinantes para considerar que el pedido no constituye, bajo ningún concepto, un ataque del Poder Judicial o del sistema de justicia contra la independencia o la integridad del Poder Legislativo”. El senador aseguró que el desafuero es una opción “garantista” para Manini porque “se lo suspende bajo la condición de que se presente a juzgado y que si se lo declara inocente inmediatamente se lo reincorpora al cuerpo”.
El informe de Ciudadanos se centra en los aspectos jurídicos del caso, dejando de lado las interpretaciones sobre el accionar de Manini. Allí se establece que no hay “convicción de actuación de mala fe por parte de la fiscalía interviniente”, por lo que no hay razones para no votar el desafuero. “Eso no quiere decir que se compartan sus conclusiones, sino que los hechos y evidencias relacionadas en su informe son suficientes objetivamente, para entender razonable la formación de causa”, se aclara en el documento que leyó Lanz. Para el sector, se debe “confiar” en “la rectitud de los jueces e independencia del Poder Judicial”, que “representa un activo del sistema republicano democrático” del país.
Si bien Lanz no leyó ese pasaje, en el informe se señala que “no se comparten los fundamentos de defensa de los fueros parlamentarios en el caso concreto y que públicamente se han expresado por algunos legisladores” porque “tal defensa se pretende sustentar en un ataque a la independencia del Poder Judicial”, lo cual al entender de Ciudadanos “resulta infundado y como tal inadmisible y lesivo de los principios republicanos”.
“La verdadera complicidad”
Asiaín inició la argumentación del PN aludiendo a la intervención de Carrera, que había destacado el trabajo de la Comisión de Constitución y Legislación de la cámara alta, que ayer aprobó por mayoría de cinco en nueve pasar el tratamiento del desafuero al plenario. “El senador dice que se trata de una comisión especializada en constitución y legislación. Bueno, hay cuatro abogados, tres de los cuales votaron en contra”, comentó la senadora, lo cual generó hilaridad en el senador aludido. “Se ríe el senador Carrera, pero es así”, continuó Asiaín.
“Yo tengo un tío que fue torturado por un régimen autoritario y que tuvo un infarto y estuvo preso, así que yo no me hago eco ni vengo a defender a ningún perpetrador de crímenes de lesa humanidad, sino a aplicar la Constitución”, aclaró la senadora, y sostuvo que su partido tomó postura después de “estudiar las 10.000 hojas de expedientes”, a diferencia de lo que “hizo alguna otra fuerza política, que antes de que le llegaran los expedientes adelantó su postura”. “Nosotros estudiamos y luego llegamos a una conclusión”, enfatizó.
Asiaín argumentó que la Constitución establece que “la regla es la negativa a los pedidos de desafuero” y que “el constituyente parte de una negación” por lo que “el desafuero es la excepción”. Por esta razón es que se requiere una mayoría especial, “la más exigente” para desaforar a un legislador, indicó. Si bien este mecanismo “opera para delitos no graves”, la “consecuencia para el legislador es gravísima” porque “queda suspendido en el ejercicio de sus funciones”, agregó. “Es decir que le estamos enmendando la plana a la ciudadanía, que eligió a Manini por voto soberano”, apuntó, y añadió que “es falaz decir que no otorgar el desafuero implica una violación del estado de derecho”.
Por otra parte, Asiaín sostuvo que el 24 de setiembre de 2019 cuando Morosoli pidió la formalización de Manini “actuó fuera de la planilla de turnos: no le correspondía actuar pero actúa y solicita la formalización, y en octubre se pronuncia el soberano y elige a Manini, a sabiendas del pedido de formalización” y recordó que el 19 de agosto de este año el Tribunal de Apelaciones ordenó archivar la causa contra Gavazzo, lo que en su opinión demuestra que el tribunal comparte el “mismo criterio” que el PN: “que no había una novedad [ni] un delito que reportar”.
La versión de Manini
“En el momento de votarse si se accede o no al pedido de fiscalía me retiraré de sala a pesar de mi intención inicial de votar a favor del mismo, convencido de que difícilmente yo tendría un juicio justo”, manifestó el líder de CA al finalizar su oratoria, en la que expuso su versión de los hechos acontecidos en 2018, cuando el represor José Gavazzo confesó en un tribunal de honor militar haber arrojado el cuerpo del tupamaro Roberto Gomensoro al río Negro, en 1973. En noviembre del año pasado, el fiscal Rodrigo Morosoli solicitó el levantamiento de los fueros del senador, tras encontrar pruebas para imputarle el delito de omisión de denuncia de hechos de apariencia delictiva en su rol de funcionario público.
Manini argumentó que desde que aceptó “encabezar la propuesta” de CA “se ha intentado de todas las formas posibles poner obstáculos” a su persona “como forma de limitar el crecimiento de ese movimiento”. Ante el crecimiento del partido, afirmó, “como una medida extrema se recurrió a politizar a la Fiscalía y a llevarla a actuar en el plano electoral e incidir en la campaña electoral. Aprovechando ese engendro del nuevo Código del Proceso Penal, que ha afectado tanto el estado de derecho, sobre todo la independencia del Poder Judicial, la Fiscalía General manipuló los turnos y mandató a uno de sus funcionarios a afectar a uno de los candidatos a la presidencia, justamente el que más le molestaba”, acusó el legislador, haciendo referencia al fiscal de Corte, Jorge Díaz.
A su entender la Fiscalía “se mostró en todo momento sesgada” y “pareció mucho más preocupada en defender la posición de la Presidencia de la República y en imputar al candidato que en llegar al fondo de la verdad de los hechos”. Además recordó que CA pidió la destitución de Díaz “por graves irregularidades en su accionar”, y también repitió que su decisión de ampararse en los fueros se vio influida por las declaraciones del senador frenteamplista José Mujica, cuando expresó que “aun en el caso de ser absuelto [Manini] no iba a volver al cuerpo porque no iban a estar los votos”.
“Estoy convencido de que acá hay una operación para dividir, fracturar y terminar con la coalición de gobierno, sacando del medio a uno de los que sin dudas es uno de los principales sostenedores”, aseguró el legislador, y agregó: “Es claro que el Frente Amplio nunca nos va a perdonar haber sido determinantes en su derrota electoral”.
Respecto de los argumentos de Fiscalía para solicitar el desafuero, Manini aseguró que la acusación de Morosoli “se basa en un hecho subjetivo”, que es la ausencia de testigos sobre las supuestas conversaciones que mantuvo con el entonces ministro de Defensa, Jorge Menéndez, para comunicarle lo declarado por Gavazzo. “Yo creo que hay ciertos hechos objetivos que avalan lo que yo estoy diciendo. ¿Para qué ordené parar las actuaciones? ¿Por qué demoré una semana? ¿No será para consultar a la única persona que el comandante en jefe debe consultar, que es el ministro de Defensa Nacional?”, inquirió. Por otra parte, si bien admitió que “es deleznable lo que se hizo con el cuerpo” de Gomensoro, consideró que “es mucho más grave la muerte en sí de ese detenido” y señaló que “por esa causa había sido juzgado y sobreseído José Gavazzo en 2013”.