El Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT emitió este jueves una declaración en la que adhiere a la convocatoria de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos a realizar una concentración este viernes de 18.00 a 20.00 en la plaza Libertad, por verdad, justicia y memoria.
En la declaración se expresa que los contenidos del acta de los tribunales de honor realizados al coronel Gilberto Vázquez, que se dieron a conocer en estos días, “muestran, nuevamente, esta vez por boca de uno de sus ejecutores, las políticas criminales del terrorismo de Estado ejecutadas a partir de decisiones institucionales de civiles y militares”.
“Ellas le plantean a la sociedad uruguaya, el desafío de evitar debates que oculten las obligaciones, aún pendientes, de poner coto a las políticas de impunidad. Esos son los temas sustantivos que deberían estar siendo considerados por el sistema político y los distintos poderes estatales”, agrega. Según el PIT-CNT es “imprescindible para la salud republicana del país”, hacer un recorrido por “algunos de los elementos que constituyen la historia de la impunidad en el Uruguay”, poniendo en primer lugar “las conductas que se asuman” sobre el pedido de desafuero del senador de Cabildo Abierto Guido Manini Ríos.
1985-2020
La declaración expresa que la impunidad “ha tenido continuidad a partir de otras conductas en los periodos de gobierno del 1985 al 2004”, como “la aprobación de la ley de caducidad; la expulsión del Senado de German Araujo”; “la censura del reclamo de Sara Méndez”; “el desconocimiento de las recomendaciones” de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; “el ocultamiento de la investigación del secuestro de Elena Quinteros; en la absolución por el senado de Juan Carlos Blanco; en la impunidad del asesinato de Berrios; en la no aceptación de que en Uruguay también se habían apropiado de menores; en el ascenso [a mayores grados] de connotados torturadores; en el espionaje en democracia; en los atentados y amenazas a defensores de los derechos humanos”, entre otros hechos. Para el PIT-CNT estos “señalamientos” no le impiden “mencionar la falta de una voluntad política eficaz y a todos los niveles de una política pública de persecución criminal a los terroristas de Estado y la no depuración de las fuerzas armadas y policiales en los gobiernos desde el 2005 en adelante que incumplieron obligaciones sustanciales de la sentencia” de la Corte Interamericana de Derechos Humanos [CIDH].
La declaración expresa que el sistema político “en su totalidad” y “principalmente quienes ejercen el gobierno”, deben acatar la Sentencia de la CIDH por el caso Gelman y el Estado debe garantizar “que nada impida ni obstaculice las investigaciones futuras de los hechos y la sanción de los responsables sino también establecer y sancionar todas las conductas que hayan obstaculizado esas obligaciones”.