Trabajadores del refugio de Veracierto presentaron una denuncia ante la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo por abuso policial, luego de un enfrentamiento con la Guardia Republicana que culminó con tres personas detenidas y varios heridos, del que dio cuenta el semanario Brecha.
El galpón donde funciona el refugio está ubicado en un predio alambrado con más de 100 metros de frente, que también es utilizado como estacionamiento de El Correo y donde funciona la oficina de puerta de entrada, que deriva a las personas en situación de calle a otros refugios.
Todos los días, a las seis de la tarde, más de 200 personas hacen cola en la puerta para registrarse e ingresar al predio. Allí tres educadores hacen la lista y, del otro lado del tejido, dos policías revisan a los usuarios para evitar que entren armas, vidrios o cualquier elemento cortante.
Dentro del predio, también estaciona una camioneta de la Guardia Republicana con cuatro efectivos, que tiene la finalidad de apoyar a los trabajadores del refugio en caso de que lo requieran y controlar el exterior del refugio.
Hasta ahora, los trabajadores nunca tuvieron la necesidad de pedir el ingreso de la Guardia Republicana al refugio, dado que por lo general cualquier inconveniente se resuelve conversando entre los usuarios y alguno de los ocho educadores que trabajan en el lugar.
En el galpón también hay cinco guardias de una empresa de seguridad privada que, sin intervenir, avisan a los educadores en caso de que surja algún problema entre los usuarios.
Los hechos denunciados ante la INDDHH
En la tarde del viernes 21 de agosto, cuando recién habían ingresado las primeras personas en situación de calle, comenzó una discusión entre uno de los usuarios y los policías de la entrada. Al ver que la discusión subía de tono, los efectivos de la Guardia Republicana salieron a reducir al usuario y uno de los educadores se interpuso.
“Cuando veo que venían con el palo a pegarle, les digo: ´pará dejá que nosotros hablamos, que tiene patologías psiquiátricas, está el psicólogo y todo´, y me dijeron que podía ir hasta seis meses preso por el artículo 11 de la LUC”, comentó a la diaria uno de los educadores agredidos.
Según contó, el trabajador increpó a los efectivos de la Guardia que lo estaban empujando y cuando les sacó la mano, se le vinieron arriba: “Me agarraron del pescuezo contra un alambrado y caí desmayado. Me levanté a los segundos y me volvieron a empujar al piso, a la tercera vez me quedé tirado y me empezaron a insultar. Ahí vinieron los demás compañeros y la trifulca siguió. A uno que se puso adelante le hicieron una llave y lo sacaron arrastrando y a una compañera se la quisieron llevar detenida por filmar”.
“Ese día había como 60 esperando para entrar. Si hubieran ingresado podría haber pasado una tragedia porque los que estaban afuera estaban desesperados por entrar a defendernos, porque vieron que le iban a pegar injustamente a uno y estaban furiosos. Algunos empezaron a trepar el alambrado para entrar y los de la Republicana los trataban de bajar”, comentó.
El incidente duró unos 20 minutos, los policías pidieron apoyo y llegaron cinco patrulleros, con escopetas con balas de goma que llegaron a gatillar, pero no a disparar. Se llevaron detenido al coordinador del centro, al educador que se interpuso en la discusión y al usuario que discutió con la policía. Los trasladaron a la seccional 16, donde pasaron unas cinco horas en un calabozo.
Al otro día fueron a declarar a la Fiscalía, junto con la abogada de la ONG que administra el refugio, acusados por agravio a la autoridad policial, en las condiciones que prevé el artículo 11 de la Ley de Urgente Consideración.
El rol de la Guardia Republicana
Si bien fue el hecho más grave desde que abrió el refugio, a principios de julio de este año, no fue el único choque con la Guardia Republicana.
El 14 de agosto hubo otra situación de violencia entre la Policía y los usuarios, cuando una persona en situación de calle que tenía que esperar afuera para ser derivada comenzó a insultar a los educadores.
“Nosotros estamos acostumbrados y no damos bola -comentó uno de los trabajadores- pero al escucharlo, la Republicana salió y le empezó a pegar. Cuando pudo zafar, salió corriendo y los de la republicana le gritaban ´mirá como corrés, cagón´”.
Tras el incidente, el coordinador convocó a una reunión en que participaron los trabajadores del refugio, los efectivos de la policía y de la Guardia Republicana para ordenar el trabajo e intentar marcar pautas adecuadas para evitar situaciones violentas. Sin embargo, la dinámica de la reunión se cortó cuando uno de los efectivos acusó a los trabajadores de ser “antipolicías”. Ante la acusación, el coordinador preguntó si debería considerar a los efectivos como “anticiviles” y abogó por buscar una forma de trabajo en conjunto que trascienda esas categorizaciones.
La presencia de la Guardia Republicana en el refugio de Veracierto fue dispuesta por tratarse de un refugio grande, donde además funcionaría la Puerta de Entrada, pero en el resto de los refugios del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) no hay presencia policial.
Varias de las personas consultadas por la diaria señalaron que este tipo de agresiones, insultos y provocaciones son “permanentes” en la puerta de ingreso y en el entorno del predio.
“Con la guardia policial se hace difícil trabajar porque la policía se pasa de funciones y ha querido sacar a los usuarios sin ningún motivo y sin nuestra autorización. La policía tiene otro trato y siempre están buscando a los usuarios para que reaccionen y así surge todo”, explicó otro trabajador.
En la denuncia presentada ante la INDDHH el lunes, además de agregar los videos del incidente del 21 de agosto, se da cuenta de que este tipo de hechos con la Guardia Republicana ocurre desde que comenzó a operar el centro.