El presidente del Colegio Médico del Uruguay (CMU), Blauco Rodríguez, y su asesor legal Pablo Schiavi se reunieron este martes con el fiscal de Corte, Jorge Díaz, para presentarle la posibilidad de instrumentar penas de trabajo comunitario en el entorno de los centros hospitalarios para quienes incumplan con las restricciones impuestas en la Ley 19.932, que limitó el derecho de reunión.

Díaz estuvo reunido cerca de una hora con los representantes del CMU, quienes le plantearon los posibles mecanismos para coordinar la disposición de penas alternativas y el hecho de que cuentan con la definición de la Suprema Corte de Justicia para avanzar en ese sentido.

La propuesta fue presentada ante la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social de la Cámara de Diputados, donde se planteó que no se necesita una nueva legislación para su implementación, y fue formalizada en la última reunión del Consejo Nacional del CMU.

El fiscal de Corte les respondió que analizaría la propuesta y la semana que viene les dará la posición de la Fiscalía, tras consultar con sus asesores. 

En tanto, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) envió el documento borrador que tenía pendiente para la firma de un convenio con el CMU, que facilita la coordinación entre ambas instituciones, y que podría comenzar a concretarse la semana que viene.

Además, ambas instituciones trabajan en un protocolo para poner a disposición de los magistrados los insumos para realizar las coordinaciones con los centros de salud, de manera de facilitar la aplicación de las penas alternativas.

En diálogo con la diaria, Schiavi calificó como “muy positiva” la reunión y destacó la receptividad de Díaz, que hizo hincapié en la excepcionalidad de los tiempos que impone la pandemia y la necesidad de tener respuestas adecuadas a ello.

Por otra parte, el asesor legal del CMU planteó que el levantamiento de la feria judicial, el 1º de febrero, va a acelerar los tiempos para concretar la iniciativa. “Estamos esperando, para cerrarlo cuando la Corte esté integrada con los ministros porque no necesitamos ley; es instrumentarlo entre la Corte y la Fiscalía”, señaló Schiavi. 

Los representantes del CMU visitaron también al diputado del Partido Nacional por Florida, Álvaro Rodríguez Hunter, quien se encuentra trabajando en un proyecto de ley para la implementación de penas alternativas a la prisión, y al conocer la propuesta les pidió una reunión. 

Rodríguez dijo a la diaria que enviará una carta al fiscal de Corte para respaldar la iniciativa y sugirió que podría implementarse a través de una instrucción general de la Fiscalía. 

“Compartimos el espíritu. Cuando hay un condenado, esas tareas de mantenimiento hacen ver la pandemia de cerca, son necesarias, y es un buen mensaje a la población porque es la mejor forma de tomar conciencia”, agregó. 

Rodríguez señaló que es importante que el tipo de medida se elija en función de un estudio del perfil del implicado y ver si ese perfil se adapta a la tarea. “A veces si lo llevamos a los extremos capaz que no es lo más conveniente porque es gente que lo hace por falta de información, no por cometer el delito”, estimó.

El diputado dijo que el proyecto sobre penas alternativas en el que está trabajando aún se encuentra en una etapa “muy primaria” de elaboración, pero comparte el objetivo de proponer medidas ejemplarizantes.

Durante la presentación de la propuesta en la Comisión de Salud, Rodríguez señaló que la iniciativa tiene como objetivo trascender lo punitivo y busca “un enfoque de construcción, de sumar, de trabajo en equipo, de generar conciencia social y un claro elemento educativo”. 

Rodríguez aclaró que las medidas se circunscriben al ámbito periasistencial, sin ingresar a los centros, realizando tareas de mantenimiento, pintura de las instituciones, cadetería, trámites fuera de la institución, lavado de ambulancias, jardinería o corte de pasto en las instituciones, entre otras.

La idea es que sean los directores o gestores de las instituciones los que definan las tareas en función de las necesidades de los centros. Cada director recibiría un oficio de la Justicia, y luego el director, o a quien se designe responsable, eleva un informe al Poder Judicial sobre el cumplimiento de la pena alternativa.

Además de las actividades periasistenciales, el CMU planteó otras medidas que podrían realizarse a distancia, como por ejemplo servir de guía a una familia que tenga que conectarse con un centro de salud. “Sobre todo del interior profundo [...] en lo que hace a la guía o a la orientación de esa familia y a la toma de decisiones. Por ejemplo, si se tiene que tomar un ómnibus para tal lugar, cómo hacen. Partimos de la base de que no conocen el lugar. Esa ayuda puede hacerse de manera remota”, comentó Rodríguez.

La iniciativa del CMU generó cuestionamientos a la interna de la institución, respecto a si la propuesta se ajusta o no a los cometidos y la naturaleza del Colegio Médico y sobre el sentido de la oportunidad de la propuesta, teniendo en cuenta la situación que atraviesan las instituciones a raíz de la pandemia.