La directora del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Mónica Bottero, se manifestó sorprendida por la decisión de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) de no instalar los tres juzgados especializados en violencia de género en el norte del país, para los que se habían adjudicado recursos en el Presupuesto Nacional, según informó este miércoles El Observador. La jerarca dijo a la diaria que solicitará una entrevista al próximo presidente de la SCJ, Tabaré Sosa, que asumirá su cargo el 1º de febrero, para informarle sobre este tema, y aseguró que el gobierno hará “todos los esfuerzos” para hacer cumplir la ley.

“La idea es no dejarlo pasar”, aseveró Bottero. “El Poder Judicial tiene su independencia y nosotros no vamos a obligarlos a hacer nada, pero acá hay una ley de presupuesto que dice que hay que crear tres juzgados de violencia de género especializados, y la atribución de Inmujeres como organismo nacional con rectoría en el tema es hacer cumplir la ley”, afirmó.

Según comentó, este miércoles, luego de conocer la noticia, se comunicó con autoridades del gobierno nacional con quienes acordó “hacer todos los esfuerzos” para “intentar convencerlos y que entiendan que los recursos están”. “Capaz que todavía no fueron puestos por escrito, pero la palabra de un gobernante es la palabra de un gobernante, tampoco es que decimos las cosas por decirlas”, manifestó.

A principios de octubre del año pasado, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció en el Parlamento la habilitación de una partida de 57 millones de pesos por año para la creación de tres juzgados especializados en violencia de género en el interior del país, mediante la reasignación de los recursos destinados a la SCJ, luego de que la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, pidiera a la bancada de la coalición que quedaran “bien claras las partidas específicas” para el cumplimiento de la Ley de Violencia hacia las Mujeres Basada en Género.

Según la información publicada por El Observador este miércoles, en una carta remitida al presidente de la República, Luis Lacalle Pou, la actual presidenta de la SCJ, Bernadette Minvielle, señaló que los ministros llegaron a la conclusión de que no podrán destinar esos recursos a ese fin, y que no hay suficiente presupuesto.

Para Bottero, la decisión del máximo órgano del Poder Judicial demuestra “una falta de comprensión que ha sido histórica, con honrosas excepciones, sobre la importancia y relevancia de este tema”. “Parecería que los temas de violencia de género uno puede ponerlos y sacarlos como temas secundarios. Siguen siendo temas de segunda categoría en la agenda. Y miles de mujeres, sobre todo del interior del país, son las que pagan las consecuencias”, reflexionó la jerarca, que calificó la resolución de “destemplada”.

“En Uruguay ocho de cada diez mujeres sufren violencia de género. Hay más de dos casos diarios de abuso sexual infantil. ¿Qué hace el sistema de justicia? Fiscalía cierra la Unidad de Género y el Poder Judicial resuelve no instalar los tres juzgados especializados en género. Dan vergüenza”, escribió en su cuenta de Twitter Andrea Tuana, integrante de la Intersocial Feminista y directora de la ONG El Paso. Las alusiones a la Fiscalía refieren al anuncio que hizo ayer el fiscal de Corte, Jorge Díaz, respecto de la decisión de fusionar la Unidad de Género de Fiscalía con la de Víctimas y Testigos por falta de presupuesto.

En diálogo con la diaria, Tuana afirmó sentir “una indignación enorme” y “también cierta sensación de engaño” a partir de la resolución adoptada por la SCJ. “Es evidente que la SCJ nunca consideró esto un tema prioritario y que cuando votaron este presupuesto ya tenía pensado no hacerlo [usar el dinero para ese fin específico], y lo anuncia en medio del verano, como para ver si esto pasa desapercibido”, consideró la activista, que calificó la noticia de “un escándalo nacional”. “Están desconociendo y ninguneando uno de los problemas más grandes que tenemos las mujeres uruguayas y los niños, niñas y adolescentes”, agregó.

Para Tuana, el “desprecio” de la SCJ por este tema también se observa en la Fiscalía, debido al anuncio que hizo Díaz. “Honestamente yo dudo de que se trate de un tema de falta de dinero, sino de prioridad. Tenemos 30 femicidios por año en promedio, más de dos casos por día de abuso sexual, 4.700 intervenciones en niños víctimas de violencia, ¿y lo que tenemos en enero de 2021 es esta respuesta, que es una restricción? Es una señal para la ciudadanía: este tema no nos importa”, argumentó Tuana, y adelantó que “desde la sociedad civil organizada esto va a tener su respuesta, su exigencia y su pedido de explicaciones. Estaremos analizando qué medidas vamos a tomar a la brevedad”.

En línea con las declaraciones de Tuana, la Intersocial Feminista rechazó que “el recorte y reajuste sean en detrimento de la vida de las mujeres y de las niñas, niños y adolescentes”. La organización le achacó a la SCJ una “falta de empatía y compromiso institucional” con la violencia basada en género y cuestionó la decisión de incumplir con lo que establece la ley. “¿Acaso no está en riesgo la calidad democrática cuando un poder del Estado no cumple con sus obligaciones y desconoce las responsabilidades que le competen?”, interpeló la Intersocial Feminista a través de un comunicado.

En el ámbito legislativo la noticia tampoco fue bien recibida. Sebastián Andújar, diputado nacionalista que presidió la Comisión de Presupuesto en la cámara baja, manifestó a la diaria su “sorpresa” e “indignación” por el anuncio, debido al “esfuerzo” que se hizo durante el tratamiento parlamentario del presupuesto para contemplar este tema. “Me indigna en el sentido de que hablamos algo, aceptado totalmente por la SCJ, y se ve que ahora los fondos no son suficientes, cuando la misma SCJ pidió para 2024 un montón de dinero para aplicar la ley en su totalidad en todo el país, y el dinero que se está destinando para los tres juzgados es directamente proporcional a lo que ellos habían pedido”, sostuvo. Según indicó, el cálculo de la partida que se definió se hizo en base a datos que aportó la propia SCJ sobre los costos operativos de los juzgados.

Por su parte, la diputada frenteamplista Lilián Galán, quien integra la Bancada Bicameral Femenina del Parlamento, consideró que se trata de una decisión “muy grave”. “Es uno de los poderes del Estado, que conoce la situación que se está viviendo con respecto a la violencia de género, y por algo se ha legislado con respecto a este tema. Que uno de los poderes del Estado vaya contra el resto de la institucionalidad es bastante preocupante”, analizó. En la misma línea, el diputado socialista Gonzalo Civila se manifestó al respecto en Twitter: “De espaldas a una de las principales emergencias y necesidades que tiene el país”.