“Es fundamental darles oxígeno a los sectores que lo están requiriendo, y por eso creo que la pequeña y mediana empresa debe ser el gran objetivo del gobierno en los próximos meses”, dijo el senador de Cabildo Abierto (CA), Guido Manini Ríos, en diálogo con El País.

El legislador propone generar exoneraciones a las pequeñas y medianas empresas (pymes) para promover el empleo. Según dijo, las políticas de incentivos en los últimos años se enfocaron en los “sectores más marginados” y en las grandes empresas. En ese sentido, planteó que una vía de apoyo puede ser que estas empresas empiecen a hacer aportes fiscales “una vez que estén asentadas”, luego de los primeros dos años de su creación. El objetivo, afirmó, es evitar “la muerte laboral de miles de uruguayos”.

El senador de CA dijo que el Estado le pone “miles de exigencias” a estas nuevas empresas. “Tienen que hacer aportes a cuenta de la posible renta y eso desestimula al empresario, por lo que creemos que debemos buscar políticas justamente para estimular”, explicó.

El legislador comentó que se han otorgado exoneraciones a UPM o a Alcoholes del Uruguay, pero su fuerza política está planteando “muchísimo menos que eso”. “Queremos estímulos para reactivar sectores que son generadores de puestos de trabajo. Es mucho más caro no hacerlo para que cierren los números, porque miles de uruguayos terminan siendo objeto de políticas del Mides [Ministerio de Desarrollo Social]”, agregó

El legislador hizo este planteo al Poder Ejecutivo y sostuvo que le dieron el visto bueno para implementar medidas de apoyo a las pymes.

La propuesta por parte de CA ha estado arriba de la mesa en las últimas semanas. El asesor en economía de Manini Ríos, el economista Eduardo Ache, quien fue ministro de Industria, Energía y Minería durante el gobierno de Luis Alberto Lacalle y luego se desempeñó como presidente de ANCAP durante el segundo mandato de Julio María Sanguinetti, planteó el tema en una entrevista a El Observador el 9 de diciembre, y dijo que hay “mucha gente que pasa a la informalidad por lo que le significa cerrar una empresa. Esto lo estamos viviendo todos los días. No les pasa a las grandes, sí le pasa a las medianas y las chicas”.

Para el economista, la situación de fondo pasa “por generar condiciones de costos y competitividad”. “El Estado debe estar al servicio de los ciudadanos y de los contribuyentes. Y uno ve que ese pensamiento está en la cabeza [del gobierno], pero en la acción y la estructura cuesta instrumentarlo”, dijo. Por ejemplo, planteó que muchas empresas, aunque están perdiendo plata, tienen que pagar un adelanto del Impuesto a la Renta de la Actividad Económica. “¿Tiene lógica?”, se preguntó.

“Otro ejemplo: si debés un mes en el BPS [Banco de Previsión Social], te obliga a reconocer personalmente la deuda de la empresa para declarar los meses siguientes. ¿Quién va a decir que no se pague? Nadie puede estar defendiendo eso. Lo que sí es claro es que esta instancia en que muchos están funcionando para ver si sobreviven –y ya venían golpeado de antes– una medida de estas –salió la circular en noviembre– no ayuda. Se pensaba que venía todo bárbaro y bueno, llegó el momento de empezar a cobrar. ¿Es este el momento?”, sostuvo.