Tras conocerse los argumentos del ministro de Defensa Nacional, Javier García, para clasificar como reservadas las actas del tribunal de honor militar ante el que compareció el coronel retirado Armando Méndez, que había solicitado mediante un pedido de acceso a la información pública la Asociación de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, en la tarde del lunes una delegación de la asociación mantuvo una reunión de asesoramiento con el abogado Martín Fernández, del Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (Ielsur), para evaluar posibles medidas a tomar en respuesta a la decisión del gobierno.
Según informaron fuentes de la asociación a la diaria, el próximo lunes habrá una nueva reunión entre representantes de Madres y Familiares en la que se tomará una definición, y una de las opciones que se maneja es presentar un recurso ante la Justicia.
Nilo Patiño, integrante de la organización, dijo a la diaria que la opinión de Madres y Familiares, en principio, es que “la censura no está buena” y marca “un antecedente jodido”, puesto que “una vez que se empieza a censurar siempre está el problema de cuál es el criterio para censurar o para declarar la reserva”. “Acá se trata de ocultar hechos y nombres, y las causas no las sabemos exactamente, pero en principio diría que hay un ocultamiento. ¿Por qué? No sabemos, porque habría que saber lo que hay dentro”, reflexionó el sobrino de Luisa Cuesta.
Tal como informó la diaria el lunes, con base en fuentes del Ministerio de Defensa Nacional, el tema por el que se convocó a Méndez a ese tribunal tuvo que ver con la Operación Conserva, un negocio encabezado por Gregorio Álvarez y su esposa Rosario Flores, en el que participaron empresarios de la industria frigorífica y actores del Estado como el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y el Instituto Nacional de Carnes, con Méndez al frente. En ese sentido, Patiño se preguntó: “¿Por qué la ciudadanía no puede saber de los actos económicos de la dictadura en su momento? ¿Cuál es el motivo? ¿A quién se está cubriendo?”, y opinó que no se trata de un tema personal.
“Evidentemente, se está tratando de un tema económico de la época de la dictadura. ¿Cuál es el problema de divulgarlo? ¿Es un secreto de Estado? No tendría que serlo. Cuando es estrictamente personal, es justificable. Pero, en general, estos documentos van mucho más allá de lo personal. El problema es si esto está en contubernio con cosas actuales”, reflexionó. Asimismo, subrayó el temor de que esta declaración de reserva siente un precedente: “Es grave por el antecedente, porque supongamos que esto no sea importante, pero mañana censuran algo importante y no nos vamos a dar cuenta, porque no sabemos el contenido. Esto va mucho más allá de Familiares, afecta a toda la sociedad y no es una buena señal democrática”, apuntó.
En un comunicado que emitió ayer a la noche, Ielsur manifestó su “profunda preocupación” por la decisión del MDN. En diálogo con la diaria, Fernández sostuvo que incluso ante “cuestiones que puedan tener que ver con la vida privada, hay mecanismos de anonimización, o tachadura, o lo que sea, que son fácilmente controlables y se podrían utilizar” para brindar la información, al amparo de la Ley de Acceso a la Información Pública (18.381), y calificó como “un exceso” la declaración de reserva en este caso. “Si hay elementos que tienen que ver con cuestiones económicas o maniobras fraudulentas, por supuesto que son de interés público”, añadió el abogado, y consideró que “hay una confusión en cuanto a que el acceso a la información pública tiene que ver solamente, en estos casos, con si sirve o no para una causa judicial. El acceso a la información pública es un derecho reconocido constitucionalmente, hay pactos internacionales que lo avalan, y además tiene garantías judiciales para recurrirse”, agregó.
Fernández opinó que es importante conocer el contenido de las actas, por estar vinculadas a la Operación Conserva: “Tiene que ver con la memoria, tiene que ver con la verdad. No es solamente la información que ellos quieran brindar a los efectos de una eventual búsqueda o hallazgo de restos. Eso no lo puede definir la autoridad administrativa; la construcción de la memoria y la verdad parece una cosa más colectiva, que tiene que ver con mucha información, no con menos información”, consideró.
Por otro lado, indicó que en la reunión con Familiares se conversó “sobre las posibilidades de protección del derecho al acceso a la información pública cuando se vea vulnerado o amenazado”, pero resaltó que “la eventual interposición de recursos ante la Justicia la tiene que definir la asociación”. Ante esa posibilidad, aclaró que en principio no ha caducado ningún plazo.