Los delegados del PIT-CNT y la Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay (Onajpu) en la Comisión de Expertos en Seguridad Social (CESS) enviaron a sus organizaciones el informe de más de 100 páginas elaborado por los nueve miembros del oficialismo, que contiene diversas recomendaciones de cara a la reforma previsional. Además de estas delegaciones, también integran la CESS el Frente Amplio (FA) y el sector empresarial. Ahora deberán analizar las recomendaciones, y el documento podría sufrir modificaciones hasta el 31 de octubre, día en que la CESS enviará un texto final al Poder Ejecutivo, que luego elaborará un proyecto de ley para la reforma de la seguridad social que será discutido en 2022.
A pesar de que este análisis a la interna de las organizaciones recién empezó, sus delegados manifestaron a la diaria que entre las propuestas que generan reparos figura el aumento de la edad jubilatoria hasta los 65 años —hoy el límite legal es 60 y, en promedio, los uruguayos se retiran con entre 62 y 63 años—. El oficialismo propone un paso gradual hasta los 65 años, elevando un año el retiro por cada año calendario, con dos escenarios posibles sobre en cuál generación comenzar la transición: con los nacidos en 1967, para así llegar a los 65 años de edad límite con los nacidos en 1971; o con la generación de 1971 y llegar al nuevo umbral de 65 años con los nacidos en 1976.
Hugo Bai, delegado del PIT-CNT en la CESS, manifestó su rechazo a la suba “tal como está planteada” y explicó: “Rechazamos esta propuesta concreta porque desde nuestro punto de vista no viene acompañada de medidas que atiendan una serie de problemáticas que puede generar un aumento de la edad de retiro de esas características. Acompañamos la idea de que la gente pueda jubilarse más tarde, hay que incentivar a aquellas personas que están en condiciones de hacerlo, pero entendemos que hay gente que no está en condiciones de postergar la edad de retiro tal como está previsto en el documento: los trabajadores de la construcción, las trabajadoras del servicio doméstico, los trabajadores del sector rural”. El representante sindical sostuvo que “debería contemplarse la realidad de esos trabajadores, que, por cierto, tienen una esperanza de vida menor, en promedio”, e indicó que elevar la edad de retiro generará “problemas importantes de protección” para esos colectivos.
En tanto, Gabriel Regalado, delegado de la Onajpu en la CESS, dijo que la organización no consideraba “inexorable” el aumento de la edad de retiro, “sobre todo porque en esa suba general se esconden situaciones muy heterogéneas”. En coincidencia con lo manifestado por Bai, señaló su inclinación por “pensar nuevos estímulos para que la gente prolongue su vida laboral” en caso de que lo desee y pueda hacerlo, “pero mantener la mirada puesta” en los colectivos cuyo esfuerzo para llegar a la edad mínima es mayor.
Bai también planteó reparos sobre la recomendación de considerar los mejores 300 meses de aportes —lo que equivale a 25 años— para el cálculo del sueldo básico jubilatorio, en lugar de los mejores 20 años o los últimos diez años, como se hace actualmente. Si bien aclaró que este es un parámetro que debe analizarse “con detenimiento”, adelantó que es necesario saber “qué tipo de impacto puede tener en el salario básico jubilatorio de los trabajadores”, lo que genera “cierta preocupación”. Es decir, si con el cambio de período de tiempo se termina consagrando una menor retribución para los trabajadores.
Uno de los puntos cruciales del documento elaborado por los delegados del oficialismo en la CESS refiere a igualar los beneficios entre el sistema general –Banco de Previsión Social (BPS) más AFAP– y las cinco cajas –tres paraestatales (Bancaria, Notarial y de Profesionales) y dos de gestión pública (Militar y Policial)–. Sobre este tema, Regalado dijo que en algunos casos había “auténticos privilegios”, como “la situación del retiro militar”, que “no tenían una justificación técnica” y anticipó que no habría objeciones en “que se corrijan” estas desigualdades.
No obstante, el representante de la Onajpu consideró que extender “el régimen de ahorro individual” a otros sectores “puede ser visto como una cuestión de homogeneizar el sistema”, pero en virtud de la valoración negativa de la organización sobre el sistema de AFAP, subrayó que “es difícil pensar que ese tipo de homogeneización sea positiva”. Regalado dijo que el pilar de ahorro individual, que complementa el tramo jubilatorio que gestiona el BPS, “debería existir pero con otras características bien distintas, de carácter solidario y no individual”, y con “otro tipo de gestión que sea pública”.
Similar fue el comentario de Bai sobre este aspecto: “Estamos de acuerdo con la idea de que haya una convergencia de distintos subsistemas hacia un régimen general. El problema es que tenemos diferencias con el régimen general que se pretende universalizar o incorporar a otros subsistemas”.
Según el delegado del PIT-CNT, durante todo este proceso de elaboración de las propuestas para el Poder Ejecutivo la discusión estuvo “muy centrada” en los trabajadores y sus aportes y no hubo “ningún planteo” sobre “qué otros sectores de la sociedad pueden estar en condiciones de aportar una mayor cantidad de recursos para sostener la protección de los adultos mayores”. “Esto tendría que haber tenido una mirada más integral en cuanto al sistema tributario. Hay muchos elementos que han estado fuera de la discusión y que tendrían que estar dentro para que el pacto social realmente fuera mucho más solidario, mucho más redistributivo”, consideró.
Mientras tanto, Jimena Pardo, delegada del FA en la CESS, informó que la fuerza política comenzará un proceso de discusión interna del documento elaborado por el oficialismo para luego plantear sus críticas, coincidencias y propuestas alternativas.
Previo a esta etapa, la CESS realizó un informe diagnóstico que salió con los votos del oficialismo y la delegada de los empresarios. El FA, la Onajpu y el PIT-CNT votaron en contra.
Saldain: puede financiarse “suplemento”
El presidente de la CESS, Rodolfo Saldain, habló de las propuestas que acordó el oficialismo, y entrevistado por Telemundo defendió la posibilidad de financiar un “suplemento” a sumar al cálculo jubilatorio base para los trabajadores que tengan una pasividad inferior a 39.000 pesos; la lógica es que a mayor retribución, menor será ese suplemento, y cuanto más cerca de la jubilación mínima, mayor será.
“Se puede porque hoy ya hay un subsidio [según estudios, la gente cobra por encima de lo que aportó en su vida laboral] y no se distingue por nivel de ingreso. Recibe lo mismo una persona de ingreso medio o alto que una de ingreso bajo. Acá [en la nueva propuesta] se prioriza a los sectores de menores ingresos”, sostuvo. Para aquellos que obtengan una jubilación por encima del límite de 39.000 pesos, Saldain dijo que se fomentará “el ahorro voluntario” –es decir, aportar a una AFAP por encima del monto obligatorio–, cambiando las reglas actuales y dando “estímulos”, como permitir un retiro previo a la jubilación, en “períodos de desempleo de larga duración o enfermedades en el núcleo familiar”.
Respecto del sistema de las AFAP, se mantendrá el esquema actual que combina este ahorro individual con la jubilación común por el BPS. El cambio que se implementará es que por defecto todos los trabajadores aportarán a ambos subsistemas. Hoy día esto es posible en los sueldos menores a 67.500 pesos cuando se hace la denominada opción del artículo 8, en que el afiliado a una AFAP manifiesta su voluntad de dividir los aportes.
También Saldain defendió igualar los beneficios entre el sistema general y las otras cinco cajas: “Hoy el rendimiento que tiene cada peso que una persona aporta es diferente según la entidad; eso cambia y el régimen va a ser igual para todos los sistemas”.