Organizaciones sociales y académicas convocaron una conferencia de prensa este lunes para manifestar su preocupación ante lo que entienden como un “debilitamiento” del Sistema Nacional Integrado de Cuidados (SNIC) a raíz de distintas decisiones adoptadas por el gobierno de Luis Lacalle Pou. Denunciaron que los cambios institucionales disminuyeron la capacidad de atención a las personas con dependencia y que la “opacidad” en los montos presupuestales asignados en la Rendición de Cuentas generan “incertidumbre” sobre el futuro de varios programas, algunos vinculados a la infancia. A su vez, aseguraron que la fusión del sistema con el Programa Nacional de Discapacidad “debilitó” la política al “confundir” sus objetivos y “limitar su autonomía política y presupuestal”.
Clara Fassler, integrante y fundadora de la Red Pro Cuidados, señaló que el objetivo de la convocatoria es advertir “a la ciudadanía sobre el franco retroceso” del SNIC “desde la asunción del actual gobierno nacional en marzo de 2020”; una situación que “tiene como agravante” el contexto de la emergencia sanitaria causada por la covid-19 “y sus sabidas consecuencias sociales”. Sostuvo que, a contrapelo de lo que sucedió en el resto del mundo, donde “los estados fortalecieron sus políticas sociales, Uruguay optó por el debilitamiento de su principal política pública en la materia”.
Fassler defendió la importancia del sistema y los logros alcanzados desde su creación, en 2016: “A través de esta política pública de incipiente desarrollo se han generado progresivamente nuevos servicios y prestaciones, expandiendo los ya existentes y articulando capacidades públicas y privadas para asegurar que los cuidados sean de calidad, y más de 80.000 familias han sido alcanzadas por el sistema”, indicó. También resaltó que para la atención de las personas con dependencia se creó el programa Asistentes Personales, la teleasistencia y “se avanzó en la creación de centros diurnos, así como en la regulación de los establecimientos de larga estadía para las personas mayores”.
En paralelo, señaló, “se ha formado a una parte importante del personal para asegurar la calidad de las prestaciones y dignificar tan delicada tarea, al tiempo que se invirtió en la producción de conocimiento que permitiera la toma de decisiones políticas ajustadas a las necesidades ciudadanas”. Sin embargo, y “desafortunadamente”, los “cambios institucionales realizados en el último año y medio han incidido negativamente en el desarrollo del sistema”, aseguró.
Fassler enumeró los principales puntos que preocupan a las organizaciones que trabajan en la materia. Primero, mencionó el “tardío e incompleto Plan Nacional de Cuidados”, del que dijo que “carece de objetivos, de recursos y mecanismos de evaluación”, así como “la indefinición y opacidad sobre los montos presupuestales asignados en la Rendición de Cuentas para la implementación de la política de cuidados, que genera gran incertidumbre sobre el desarrollo de programas ya existentes, por ejemplo, los CAIF, centros de día para personas mayores, entre otros”.
También mencionó “el debilitamiento de los servicios de atención de las personas, un punto extraordinariamente sensible”. Al respecto, apuntó que para el caso del programa de asistentes personales “no se han producido nuevos contratos para incorporar a personas ya evaluadas” y que “las personas con dependencia severa no tienen hoy los servicios que le corresponden, y no hay señales de que los vayan a tener en el futuro próximo”.
Sobre la fusión del SNIC con el Pronadis, un tema que fue ampliamente cuestionado poco después de conocerse la decisión, afirmó que “debilita la política, confunde sus objetivos, y limita su autonomía política y presupuestal”. Para Fassler, “esta fue la primera señal que dio el gobierno en términos de rebajar la importancia del sistema y su autonomía”, dado que se confundió “un sistema con un programa, lo que significa una desjerarquización del sistema y una confusión entre sus objetivos y los de un programa específico”.
Asimismo, dijo que “la participación civil se ha desdibujado y pretende limitarse a un rol pasivo y ocasional, no pudiendo cumplir su rol propositivo y de monitoreo definido por ley”, y subrayó la preocupación ante la “limitación de los cupos de acceso para personas con dependencia severa hasta 2025, en tanto se prevé un gasto cero para el programa de asistentes personales”.
El comunicado tiene la firma de la Alianza de Organizaciones por los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Asociación Nacional de Organizaciones No Gubernamentales Orientadas al Desarrollo, el Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo, Flacso, la Federación de Cooperativas de Producción, la Red Pro Cuidados, la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas, el PIT-CNT, el Sindicato Único de Asistentes Personales, la Unión de Trabajadores del Ministerio de Desarrollo Social y la socióloga Valentina Perrotta, en representación de la Universidad de la República.