El Observatorio Ciudadano de Corrupción (OCC) publicó este jueves su Informe de Seguimiento al Compromiso de Lima para Uruguay, con el fin de verificar el nivel de cumplimiento de los compromisos contra la corrupción adoptados por el gobierno uruguayo en la VIII Cumbre de las Américas celebrada en 2018 en la capital de Perú. Según da cuenta el documento, se registraron “importantes rezagos” para el cumplimiento de algunos objetivos; “estancamiento en el desarrollo e implementación de normativa que profundice la lucha contra la corrupción, la transparencia, rendición de cuentas del Estado y privados”; y “discrepancias” entre el desarrollo normativo y el financiamiento de las políticas públicas de combate a la corrupción, “que ponen en riesgo su eficacia y sostenibilidad”.

El OCC está conformado por una coalición de organizaciones de la sociedad civil y actores sociales del continente. El informe local fue coordinado por el Instituto de Comunicación y Desarrollo y participaron en su elaboración organizaciones como el Centro de Archivo y Acceso a la Información Pública, la Colectiva Mujeres, el Colectivo Trans del Uruguay y la Comisión Uruguaya de Lucha contra la Corrupción.

Dentro de la contextualización de la situación política del país, se destacan los cambios para simplificar algunos procedimientos dispuestos en la ley de urgente consideración (LUC), que “disminuyeron las restricciones sobre las transacciones en efectivo”, lo cual al entender de las organizaciones podría traer “impactos negativos en la lucha contra el lavado de activos”. Además de la LUC, “la política de austeridad de la gestión Lacalle Pou, aprobada en la ley de presupuesto” afectó “negativamente a la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), el principal organismo anticorrupción de Uruguay que, debido a las restricciones presupuestarias, vio reducidos sus recursos y personal”, se señala.

“Avance dispar”

Dentro del eje “fortalecimiento de la gobernabilidad democrática” se registra un “avance dispar”. Por ejemplo, si bien se destaca el “avance” que significó el Código de Ética en la Función Pública (Ley 19.823 de 2019), se sostiene que “su debilidad está en la gestión de la denuncia y en la falta de garantías para la persona denunciante”. Asimismo, se ve con preocupación que “no se ha llevado adelante ninguna acción orientada al empoderamiento de las mujeres como objetivo transversal a las políticas anticorrupción” y “tampoco se reconoce (o menciona), en la normativa o en la práctica, la existencia de grupos vulnerables en el marco de la lucha contra la corrupción”.

También como indicador alarmante se destaca que la Suprema Corte de Justicia “ha reducido su presencia en el territorio a partir de sucesivas acordadas para la reorganización de los territorios jurisdiccionales” por su “presupuesto insuficiente”, y que como consecuencia “se ha limitado el acceso a la justicia de las personas que viven en las zonas rurales y a las personas en situación de vulnerabilidad del interior del país”. De la misma manera, “por su falta de presencia, también se limita la capacidad del Poder Judicial para atender con celeridad e independencia denuncias sobre delitos asociados a la corrupción”.

Tampoco se registraron “acciones orientadas a consolidar la autonomía e independencia de los órganos de control superior”, como la Unidad de Acceso a la Información Pública, que “continúa dependiendo administrativa y presupuestalmente de la Presidencia de la República”. Esta “falta de independencia”, en la opinión de las organizaciones, “se ha notado en la discusión de leyes importantes que se han aprobado entre 2020 y 2021, y que afectan de manera grave el derecho de acceso a la información pública”, como por ejemplo la LUC, “sin que haya existido ningún pronunciamiento de dicho organismo en defensa del derecho”.

Sobre el eje “Financiamiento de organizaciones políticas y campañas electorales” se percibe que la normativa es “laxa e insuficiente” y “no garantiza ni obliga efectivamente a la transparencia y rendición de cuentas de los partidos políticos”.

Recomendaciones

El informe culmina con una serie de recomendaciones para promover el cumplimiento del Compromiso de Lima contra la corrupción, como fomentar la independencia y autonomía de los organismos de control superior e incorporar una perspectiva interseccional (género, raza, origen nacional, perfil socioeconómico, generacional, entre otros) en la conformación de equipos de trabajo, en la elaboración y/o modificación de normativa y en la elaboración, implementación y evaluación de políticas públicas. Asimismo, se propone fortalecer las capacidades financieras y técnicas de la Jutep y desarrollar políticas específicas para la protección de denunciantes, testigos e informantes de actos de corrupción.

También se promueve avanzar en la aprobación de legislación de financiamiento de los partidos y fortalecer el proceso de contratación pública, desarrollando mecanismos de monitoreo de compras y contrataciones de todos los organismos públicos, así como abordar el funcionamiento del sistema de reportes de operaciones sospechosas de lavado de activos.