Cabildo Abierto (CA), al igual que en diciembre del año pasado, está pautando las últimas negociaciones del calendario legislativo y agitando el tablero político, tanto dentro de la coalición como en el Frente Amplio (FA). Los proyectos de regulación de la forestación, para dar prisión domiciliaria a los presos mayores de 65 años, de tenencia compartida y para atender el reclamo de los deudores en unidades reajustables llevan a posturas divididas dentro de los partidos en el gobierno, que en paralelo encaran una campaña conjunta hacia el referéndum de marzo.
El receso parlamentario comienza este jueves y durará hasta el 1° de marzo. El martes, la Comisión de Constitución y Legislación del Senado recibió a las últimas dos delegaciones que solicitaron dar su visión sobre el proyecto de ley de CA que busca la prisión domiciliaria para procesados y condenados mayores de 65 años que se encuentren privados de libertad en cárceles. De aprobarse, beneficiaría a más de 20 represores participantes del terrorismo de Estado que están cumpliendo su condena en Domingo Arena. Guillermo Domenech, senador de CA e impulsor de la iniciativa, confirmó a la diaria que el año entrante van “a seguir trabajando” sobre la temática y comentó que su visión es “optimista” y que están dispuestos a realizar cambios en el proyecto.
Jorge Saravia, senador suplente del Partido Nacional (PN) e integrante de la comisión que está tratando la iniciativa, planteó que se estuvo “escuchando a las delegaciones” y que la bancada de legisladores nacionalistas se reunirá para determinar una posición. “Mi postura personal es que este tema se tenía que solucionar con la ley de caducidad, que está vigente”, afirmó, y remarcó: “Lo que soluciona el problema, la vuelta a la página, es la ley de caducidad”. Consideró que el proyecto que presentó CA es “humanitario para personas mayores”, si bien “algunos están detenidos en prisión domiciliaria por problemas de salud”. “Lo que se ha conversado informalmente en el partido, porque no se ha tomado postura, es que la exposición de motivos, pasado este tiempo de la pandemia, tiene que llevar alguna modificación y otro armado. Pero la cuestión humanitaria no es sólo por el covid”, agregó.
El senador del Frente Amplio José Carlos Mahía planteó que tiene “confianza” en que los sectores de la coalición de gobierno con “un pensamiento más cercano a los derechos humanos y al sistema republicano” no acompañarán el proyecto. “Es un cuestionamiento al sistema judicial, que es absolutamente garantista para todos los ciudadanos, con aciertos o errores, con sus aplicaciones administrativas. En el fondo es un cuestionamiento a uno de los poderes del sistema republicano”, afirmó. En la misma línea, su correligionario Charles Carrera se refirió a la movilización del jueves en la que miles de personas marcharon contra la iniciativa cabildante. “Fue un mensaje impresionante”, aseguró y agregó que también tiene la “esperanza” de que “al menos algunos de los integrantes de la coalición gobernante escuchen el mensaje dado en la última movilización”.
Escuchar a las infancias
Memoria en Libertad, uno de los colectivos que participaron en la comisión el martes, está integrado por personas que fueron niñas, niños y adolescentes víctimas directas del terrorismo de Estado. Durante la instancia, leyeron un comunicado a los legisladores. “Estos señores que ustedes quieren enviar para sus casas son responsables de cometer hacia nosotras, niños, niñas y adolescentes: secuestro, abuso sexual, de empujarnos a la clandestinidad o el exilio, muchos de nosotros nacimos en cautiverio después de sufrir torturas en el vientre materno. También fuimos vulnerados en las visitas a las cárceles, con trato hostil y actos de violencia”, sentencia un extracto.
Recuerdan que ellos no eran “guerrilleros, ni militantes políticos, ni sindicales”, pero fueron “sistemáticamente maltratados”; también que “aún quedan muchos casos por juzgar” y que a este punto debe “abocarse” el Estado. “No podemos creer que el Estado siga queriendo victimizarnos”, apuntan.
“Algunos de estos ‘viejitos’, cómo los han llamado en alguna oportunidad, secuestraron a niños y los mantuvieron encerrados utilizándolos como rehenes, secuestraron a bebés, algunos volvieron a sus casas y muchos no sabemos dónde están hoy en día. También abusaron sexualmente a niñas durante los allanamientos, mantuvieron meses secuestrados en las llamadas ratoneras a familias enteras con niños pequeños, abusaron sexualmente y torturaron a adolescentes, torturaron física y psicológicamente a niñas y adolescentes durante todo el terrorismo de Estado en los centros de reclusión. Hablamos de amenazas con perros, armas, golpes, gritos, roturas de nuestras pertenencias, desnudarnos y tenernos tiempo así en pleno invierno antes de cada visita, tenernos al rayo del sol por horas y podemos seguir infinitamente”, remarcan.
También manifiestan que ellos son “testimonio de que no se trató de una guerrilla a combatir”, sino que fue “un Estado de derecho roto que buscó destruir cualquier atisbo de oposición y que buscó con el miedo y la violencia manipular mentes y cuerpos”. Su postura frente al proyecto es negativa porque la Justicia “debe seguir condenando este tipo de acciones”, ya que “es lo único que garantiza que estos hechos no se vuelvan a repetir”.
Jimena Valdés y Paloma Soto participaron en la comisión como representantes del Grupo Niños en Cautiverio Político, un colectivo de aproximadamente 100 personas que estuvieron en los centros de reclusión desde antes de nacer y hasta los dos años de vida. “Nuestra situación no estaba prevista en el sistema carcelario, por lo tanto, no teníamos un lugar específico. Éramos usados muchas veces como forma de presión hacia nuestras madres”, aseguró Valdés, y planteó que les pareció importante participar en el proceso de discusión del proyecto porque se da dentro del Parlamento que los reconoció como victimas del terrorismo de Estado.
Soto reafirmó que “el mensaje de garantía de no repetición es casi nulo” en la iniciativa de CA. “Muchos de nuestros compañeros tienen secuelas físicas por haber sido torturados en las panzas de sus madres o por haber estado dos años en esas condiciones: enfermedades crónicas, sorderas. Hay múltiples daños que siguen hasta el día de hoy”, señaló. Exigió que el mensaje hacia la sociedad debe ser que “estos hechos van a ser juzgados, condenados” para que “no se vuelvan a dar”.